Mañueco anuncia una subida del 4% en las ayudas a 77.000 dependientes

Y en este punto entra el roce político. Belarra reseñó «lo que implica para muchas mujeres vivir en un contexto en el que las administraciones públicas no siempre se han hecho cargo de los cuidados, como pasa en el medio rural. Cuando el Estado no llega, tienen que llegar ellas. Se echan a las espaldas el peso de sostener la vida en los pueblos en los que apenas hay servicios públicos». Una crítica que puede ser autocrítica pero que también apunta a quien presta los servicios en el territorio, esto es, la comunidad autónoma. Y a ello replicó Mañueco con un ranking del que se presume habitualmente y con un anuncio en la línea de sus últimas intervenciones. «En Castilla y León no es que seamos la comunidad autónoma mejor valorada, es que somos la única que obtiene la calificación de sobresaliente», defendió. Y luego, el anuncio. «Vamos a incrementar de cara al año que viene un 4% las prestaciones económicas de las personas dependientes para compensar la subida del coste de la vida. Irá para beneficiar a las 77.000 personas que en nuestra comunidad reciben esta ayuda de dependencia y mantener su nivel adquisitivo».

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Eso será a partir del 1 de enero, sin que tengan que hacer ningún trámite, aseguró. Y aunque el IPC cabalga por el 6% a estas alturas, supone un refuerzo que se sumará, explicó, a otras ayudas. «Será compatible con otras ayudas que lleguen por otra vía. Lo ingresaremos en la nómina del mes de enero», aseguró Mañueco.

También hay mar de fondo en la cuestión de las residencias, de su gestión durante la pandemia. En Castilla y León, la Junta apunta a la responsabilidad de Pablo Iglesias, durante el tiempo en que ocupaba la cartera responsable, y se ha pedido auditar la gestión gubernamental mientras se ponían trabas a la creación de la comisión de investigación sobre la gestión autonómica. Finalmente, en esa comisión se pedirá que intervenga Pablo Iglesias. Y a Ione Belarra no le quedó más remedio que admitir la oportunidad de esa petición. «Todos los avances que se puedan hacer en transparencia, en conocer qué falló durante la gestión de lo peor de la pandemia, para poder tomar decisiones adecuadas en términos de transformar el sector, todos los pasos que podamos dar, son una buena noticia. Por lo tanto, voy a saludar todas las iniciativas que permitan avanzar en ese sentido», concedió.

Y pasada la discrepancia política, de nuevo el turno de la rutina burocrática. Del día a día. Y sobre el ingreso mínimo vital y la compatibilidad con la renta garantizada de ciudadanía, que Castilla y León pide administrar directamente, buenas palabras de la ministra que se encaminan a más conversaciones técnicas. «Una medida como el ingreso mínimo vital tiene carácter estructural y se ha puesto en marcha en tiempo récord», presumió, al tiempo que asumió que precisamente «por la celeridad» con que se implantó «quedan muchas cosas por hacer». Se comprometió, tras analizar las enmiendas presentadas, a «dialogar con los territorios y ver qué capacidad tienen las comunidades autónomas para asumir cada vez cotas de gestión más alta».