¿Quién es responsable de la suspensión del juicio de la Perla Negra?

Una causa compleja que, según ha asegurado el magistrado instructor, César Gil-Margareto, «está completamente digitalizada, documentación que las partes siempre han tenido a su disposición». De hecho, el instructor de la Perla Negra, que se ha mostrado sorprendido de que «a estas alturas» se haya planteado «esta cuestión» -que suele formar parte de la estrategia de las defensas en las grandes causas para ganar tiempo-, ha roto una lanza en pro del trabajo realizado por la «fedataria pública» de su juzgado.

A esta letrada, los defensores de los 12 acusados por delitos de corrupción relacionados con los contratos del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y los terrenos para el Parque Empresarial de Portillo la responsabilizan directamente de haberles trasladado «documentación vital incompleta». Esta ha sido la cuestión previa que ha motivado la decisión del tribunal de aplazar la vista, sin fecha, hasta que se subsane «el error» y se «certifique» por parte de la secretaria judicial que todas las partes disponen de todos los documentos. Los abogados, a su vez, tienen diez días para especificar qué información es la que falta y cuando la letrada vise que, efectivamente «todos tienen todo», volverá a ponerse en marcha el reloj del procedimiento, que se retrotrae al momento en que las defensas presentaron sus escritos, el 14 de enero de 2020.

Los sindicatos de letrados de la Administración de Justicia han cerrado filas respecto del trabajo desempeñado por su compañera y subrayan que, desde que se implantó el expediente digital en los juzgados, «ya no certificamos los documentos porque el propio sistema registra toda la tramitación al segundo, se valida solo: se sabe en qué momento se notifica y cuándo la parte en cuestión recoge la documentación o abre un archivo».

«Los abogados se aferran a cualquier resquicio para realizar su trabajo y la Audiencia se ha curado en salud en prevención de que, si celebra el juicio, después puedan anularlo, así que le pasa la pelota al juzgado», señalan desde el colectivo.

Después de nueve años de instrucción de las diligencias de la Perla Negra (se abrió la investigación judicial a instancias de la Fiscalía en 2013), tres años desde que se dictó el auto de imputación contra los acusados por parte del magistrado del Juzgado de Instrucción 2 y más de año y medio desde que se dio traslado de la causa a la Audiencia para que se señalara el juicio, los 18 tomos, 20.000 folios y acontecimientos del expediente han dado muchas vueltas en distintos dispositivos. Cuando arrancó la investigación de este primer macrocaso de corrupción en Castilla y León todavía en los juzgados se tramitaba en papel, de forma que los documentos se iban 'cosiendo' para crear el expediente. Pero a partir de 2017 se extendió en los juzgados la digitalización y se comenzó a trabajar con archivos digitales en los que no hay una numeración de folios como antes, sino que en lugar de folios se cuentan acontecimientos. Así que esta tramitación 'mixta' de una causa con este volumen documental ha complicado considerablemente las cosas. Aunque finalmente todo el expediente de la Perla ha sido digitalizado, reconocen que se han podido producir errores. A ello se une también que el sistema informático de visionado de archivos que se utiliza en los juzgados (Minerva) es distinto del que utiliza la Fiscalía.

Explican que «toda la documentación que va llegando se escanea y automáticamente se les va dando traslado de todo a todas las partes personadas. Cuestión distinta es que falle la informática, que un archivo no pueda abrirse porque sea muy voluminoso... Pero las actuaciones son únicas y son las que están». Los letrados consultados insisten en que ninguna ley les obliga a certificar todo. Cuando notificas esos documentos por Lexnet les llega a todos en el mismo momento«.

Concluyen que «una causa tan enorme como esta en un juzgado de instrucción con los medios de que se disponen es una bomba, porque el resto de asuntos también tienen que tramitarse y esto puede colapsar un juzgado con todos los documentos que se tienen que escanear. El sistema se queda corto y se hace lo que se puede», resumen desde los sindicatos de letrados judiciales. La lectura que hacen también de lo ocurrido es que en estas causas complejas «hay que ser especialmente escrupulosos» en todos los ámbitos del procedimiento y reconocen que en este caso «algo no se ha hecho bien, pero la responsabilidad no es de una persona sola».

La pelota, ahora, está en el Juzgado de Instrucción, 2 que, cuando reciba la resolución de la Audiencia detallando los motivos de la suspensión y todos los «errores a subsanar», la estudiará y emitirá su respuesta.