En busca del cedé perdido del caso Perla Negra

Este cedé ejemplifica, según los letrados que solicitaron la anulación, la falta de documentación «vital» para garantizar el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con las debidas garantías, un fallo del que habrían advertido reiteradamente antes del juicio de una macrocausa compleja que lleva nueve años en los juzgados. Este dispositivo digital «de gran trascendencia para el derecho de defensa» contiene el tomo VII, folio 2.413 y acontecimiento 552 y «no ha sido hallado en el examen de la causa», indica el tribunal. Solo consta, precisa, un cedé en un sobre verde con una identificación del Registro General de la Agencia Tributaria con información fiscal de una de las personas encausadas «pero está encriptado y no ha sido posible la apertura de sus archivos por parte de este tribunal».

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En su auto, además, la Sala ha acordado conceder un plazo de diez días para que detallen qué documentación les falta a los 12 abogados defensores de los encausados (la excúpula de la Consejería de Economía y Gesturcal: Rafael Delgado, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina, Francisco Armero; y los empresarios Germán Martín Giraldo, Alberto y Francisco Esgueva, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro) y de los responsables civiles (las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba).

Una vez que se «certifique el traslado completo» de la documentación a las partes, continuará la causa «por los cauces legales» para que las defensas presenten sus escritos de conclusiones provisionales frente a las acusaciones formuladas contra sus patrocinados. Son seis delitos de corrupción: prevaricación y revelación de secretos continuados en concurso por tráfico de influencias y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Se les piden penas globales de más de 200 años de prisión por parte del PSOE y más de 70 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Esta vuelta de la causa al Juzgado de Instrucción 2 supondrá una tramitación que las partes calculan que puede prolongarse hasta el año próximo hasta que pueda volver a señalarse el juicio en la Audiencia de Valladolid.