Kramer contra Kramer en la UGT de Castilla y León

Se sientan a dialogar para llegar a acuerdos como en cualquier otra empresa. Ahora, con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado este miércoles en Trabajo en el que se plantea el despido de 76 de los 188 trabajadores, la Sección Sindical y dirigentes de la central obrera deberán volver a verse las caras para intentar alcanzar un pacto en el que los despidos sean «lo menos lesivos y lo más ventajosos para los afectados», como se refirió esa misma noche el secretario de Administración de UGT Castilla y León, Manuel Martín Iglesias.

Para ello han trazado una ronda de reuniones -aún está por definir cuándo tendrán lugar- con la mirada puesta en el 12 de mayo. Entre viernes y el 30 de junio es la horquilla prevista, aunque sujeta a modificaciones marcadas por el calendario, por la Unión General de Trabajadores para iniciar las salidas.

Las negociaciones, apuntan fuentes sindicales, por despido colectivo se llevan a cabo como en cualquier otra entidad. Esto es: el empresario -en este caso la figura del secretario regional, Faustino Temprano, que fue quien registró el ERE en Trabajo- inicia el proceso, se abre un periodo de consultas (no superior a los treinta días) cuya comunicación dirige a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral y comienza a tramitarse un proceso en el que tendrán que plantear varias reuniones.

Otra circunstancia que puede inducir al error por el hecho de que se trate de un sindicato es la situación laboral de los empleados: son trabajadores que se contratan para cubrir programas (como, por ejemplo, Prevención de Riesgos Laborales, Inmigración y Orientación) 'encargados' por la Junta de Castilla y León. De ahí, insisten fuentes del sindicato, que se tenga que prescindir de estos puestos de trabajo. La decisión viene motivada por la supresión de la mayor parte de los programas de atención incluidos en esos pactos del Diálogo Social, que se han desarrollado durante dos décadas.

«Estos trabajadores hacen unas funciones para lograr un objetivo, que en este caso fija la Junta de Castilla y León, para el cien por cien de la ciudadanía», explican estas mismas fuentes. Es decir, son trabajadores de a pie, no sindicalistas, contratados por UGT para prestar un servicio, en este caso desarrollar programas de la Junta, como si de un servicio externalizado se tratase. Lo que sí es previsible que deba hacer frente el sindicato con fondos propios son las indemnizaciones a los empleados afectados por el ERE.