La Junta contempla solicitar un estado de alarma regional si la situación empeora

Todas las posibilidades están abiertas. La Junta de Castilla y León quiere evitar una situación como la vivida en los meses de marzo y abril, cuando los hospitales amenazaban con el colapso total por la covid-19, y está dispuesta a adoptar «todas las medidas necesarias» si la situación actual de la pandemia se desbocase con un nivel similar de degradación. Entre esas medidas figura la solicitud de un «estado de alarma regional», según apuntó este martes el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Esta medida excepcional no puede ser adoptada por el gobierno autonómico –ya que no dispone de las competencias legales para ello– y solo puede ser declarada por el Gobierno central mediante un decreto acordado por el Consejo de Ministros, con un plazo máximo de 15 días, y tras ser comunicado al Congreso de los Diputados. Se trataría, por tanto, de un estado de alarma parcial y circunscrito a Castilla y León, similar al que vivió toda España durante 99 días entre marzo y junio.

Igea explicó que esta medida no entraña problemas legales -«está previsto en la ley»–, pero sí necesitaría que el Gobierno central renunciase al mando único en favor de la comunidad autónoma, que dispondría así de la posibilidad de decretar, por ejemplo, confinamientos masivos entre otras medidas restrictivas.

La situación difiere de la que se vive ahora en el País Vasco, que se convirtió el lunes en la primera comunidad en retornar a una situación de excepcionalidad tras declararse en emergencia y asumir en la figura del 'lehendakari', Iñigo Urkullu, el mando único. Euskadi dispone de una norma propia, la Ley Vasca de Gestión de Emergencias, para adoptar medidas adicionales a las ya pactadas por todos los territorios con el Ministerio de Sanidad, algo que no sucede en Castilla y León.

En cualquier caso, la solicitud de un estado de alarma regional solo se trata actualmente de una medida hipotética, una especie de aviso a la ciudadanía de Castilla y León para que extreme todas las medidas de prevención y frene la expansión del SARS-CoV-2. «Hay una manera segura de acabar con el contagio: el confinamiento total. Metes en casa 15 días a todo el mundo y se acaba. Pero no queremos hacer eso. La gente debe entender que si una zona está en confinamiento, en alerta naranja, restringir el contacto social no es una opción, sino una obligación. Si no hacemos las cosas ahora, el daño social, económico y sanitario será muy superior al que tuvimos en marzo», declaró Igea, que recordó que el personal sanitario se encuentra ya «al límite de sus fuerzas» después del desgaste sufrido durante las semanas más duras de la pandemia.

Castilla y León es una de las seis comunidades que aplica desde el pasado lunes las medidas pactadas en el consejo interterritorial de salud, con severas limitaciones al ocio nocturno y la prohibición de fumar en espacios públicos si no se puede garantizar una distancia de seguridad de dos metros. El jueves, la Junta clarificará cómo se aplican estas medidas ya en vigor, lo que permitirá conocer en detalle qué tipos de locales están afectados por las nuevas restricciones, así como la regulación de diferentes eventos. «Hay varias peticiones de asociaciones y también de empresarios que nos piden aclaraciones. El jueves tendremos la modificación del anexo», apuntó ayer Igea.

Volviendo a la posibilidad del estado de alarma regional, el vicepresidente y portavoz de la Junta explicó que, si Castilla y León dispusiera finalmente de esa potente norma legal, su aplicación podría variar. «Una cosa es la herramienta y otra las decisiones que tomas. Puedes tener el estado de alarma y no adoptar ninguna decisión para seguir en la misma circunstancia o tomarlas en zonas geográficas limitadas. No significa volver a la situación anterior, sino que disponemos de una herramienta para tomar decisiones si viéramos que con las que tenemos no resulta suficiente. En este momento no nos lo hemos planteado, pero vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar si la situación lo hace preciso. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Es la obligación de una administración sensata».

Los confinamientos de Íscar, Pedrajas de San Esteban y Aranda de Duero se han revelado efectivos y Castilla y León figura en el puesto decimotercero en incidencia acumulada de la covid-19 en España. «No nos consuela. Los datos son para mantener la tensión y la preocupación», recalcó Igea.