La Junta pone en marcha los acuerdos del Diálogo Social un mes después de su firma

Hubo sintonía en la videoconferencia y los líderes de CC OO y UGT, que encendían las pantallas molestos con la tardanza de la Junta en poner en marcha las líneas acordadas en el Consejo del Diálogo Social, despidieron la conexión complacidos con la respuesta que recibieron por parte del presidente autonómico. Contribuyó a la satisfacción sindical el hecho de que este mismo lunes se publicasen en el Bocyl las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante la reducción de jornada y excedencia con motivo de la crisis sanitaria.

Alfonso Fernández Mañueco comunicó a Vicente Andrés y Faustino Temprano, secretarios generales de CC OO y UGT en Castilla y León, la disposición de su ejecutivo a llevar a cabo grandes pactos una vez se supere la crisis sanitaria. Las demandas sindicales incluyen tres ejes: uno para la reconstrucción económica y social, otro para la dependencia y un tercero relacionado con la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía una vez que el Gobierno ponga en marcha el ingreso mínimo vital.

«Ha quedado claro que todas las partes apostamos por el diálogo social y creemos en él –señaló Temprano– y nosotros estamos dispuestos a tener paciencia y comprensión siempre y cuando los acuerdos se cumplan de una forma pertinente, porque no puede ser que Castilla y León sea la primera comunidad en firmar los pactos y la última en aplicarlos».

Cecale, CC OO y UGT firmaron con la Junta los acuerdos del Consejo del Diálogo Social para paliar los efectos de la crisis de la covid-19 el 25 de marzo.

Tras comprometerse a intensificar los cauces de comunicación y los mecanismos de coordinación existentes entre la Junta y los sindicatos y patronal, Mañueco valoró que, en relación a la planificación de la desescalada, los dirigentes sindicales se mostrasen coincidentes con el planteamiento de la Junta de que el proceso debe iniciarse con un marco inferior al de la provincia.

Según la información facilitada por el presidente autonómico, este martes se publicarán las bases reguladoras de la ampliación de la tarifa plana para los autónomos –cuota de 60 euros durante seis meses– y en los próximos días se irá publicando la normativa reguladora de otras líneas de ayudas pactadas. Fernández Mañueco confirmó que ya están en marcha las ayudas de liquidez y crédito para las empresas y que se han aplazado diversos impuestos.

En la reunión telemática, a la que asistieron también los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el de Empleo e Industria, Germán Barrios, se trató cómo debe ser el 'gran pacto para reconstruir la comunidad'. «Estarán presentes todos los estamentos que formamos el Diálogo Social en Castilla y León, los grupos parlamentarios de las Cortes y la sociedad civil –explicaron los sindicalistas al término del encuentro–. Y en él se tendrán en cuenta las singularidades de nuestros territorios, con sus debilidades y fortalezas más relevantes».

Para CC OO y UGT la Junta debe admitir que la política de los sucesivos gobiernos autonómicos ha provocado desigualdades que se han puesto más de manifiesto con motivo de la pandemia. Que existen comarcas –provincias enteras– que sufren «un abandono y un menosprecio injustificados» que la política autonómica no ha sabido corregir en 40 años.

Los interlocutores hablaron también de la necesidad de abordar un pacto interinstitucional en el que además de la Junta, ayuntamientos y diputaciones, estén presentes los sindicatos y las organizaciones empresariales representativas del sector de la dependencia. Los sindicatos explicaron que mientras en Castilla y León «este modelo se basa en los servicios –un 80%–, en otras comunidades se abonan a las familias unas cuantías para atender a las personas dependientes. «Debido a la alta mortalidad y contagio por coronavirus en las residencias, tanto públicas como privadas, hay que dar una solución a este asunto», señalaron.

El tercer punto del 'orden del día' fue la futura aplicación del ingreso mínimo vital en Castilla y León, una vez que el Gobierno dé luz verde al proyecto, presumiblemente en mayo. «Tendremos que ver la manera de su convivencia con nuestra renta garantiza de ciudadanía. Si va a ser complementaria, si va a ser excluyente», algo que los sindicatos esperan que se trate dentro del Consejo del Diálogo Social.

Andrés y Temprano dan por hecho que los agentes sociales deberán renegociar un nuevo bloque de ayudas a los ERTES tras el final del estado de alarma. Asimismo, plantearon a Mañueco y Carriedo la conveniencia de que «no haya recortes de bienestar en los Presupuestos de 2021».

Partiendo de la evidencia de que una buena parte del tejido productivo de la comunidad –en especial el comercio y la hostelería– no podrá ponerse en marcha de inmediato una vez termine el estado de alarma, se puso sobre la mesa la necesidad de renegociar una nueva tanda de ayudas para proteger a los trabajadores y las empresas.

Por otro lado, Andrés y Temprano hicieron hincapié en que «la salud es lo primero y debe incrementarse la labor de la Inspección de Trabajo en aquellos sectores más proclives a situaciones de riesgo, como construcción, hostelería y comercio, de cara a evitar contagios».

Para Temprano y Andrés la ciudadanía tiene derecho «a conocer fielmente todo lo que ha acontecido en el ámbito sanitario y de la dependencia en Castilla y León», por lo que ambos emplazaron a Mañueco a que «desde la administración autonómica se lleven a cabo rigurosas auditorías que aclaren todas las anomalías habidas durante la pandemia».

Deben incluir, a su juicio y entre otros, datos reales de contagiados y medidas preventivas tomadas tanto para los sanitarios como para los pacientes y usuarios de centros sanitarios y residencias. «Tenemos que poder tomar medidas correctoras para que no se vuelvan a repetir los mismos errores», apuntaron.