La Junta pide al ministro Illa que explique a Tudanca por qué no pueden reabrir los consultorios

La consejera refirió que en Castilla y León hay 3.669 consultorios en los pueblos y reconoció que es necesario invertir en ellos, demanda que planteó ayer el socialista Luis Tudanca, pero con una «planificación, valorando cómo y dónde». Algo incompatible con la situación inmediata. Casado apuntó que estudian la posibilidad de aplicar circuitos de horarios y no espaciales en los consultorios que ofrezcan garantías de atención segura. Los pacientes en los que se haya descartado sospecha de tener covid podrían ir a primera hora, y los sospechosos o enfermos de coronavirus, a última.

Más allá de la polémica con la apertura física de los consultorios, la consejera de Sanidad defendió que no significa que los habitantes del medio rural estén desatendidos. «Los profesionales siguen allí, y la consulta telefónica no sustituye a la presencial, es un filtró para programar la atención que requiere cada paciente con seguridad», expresó Verónica Casado.

El vicepresidente FranciscoIgea cerró la argumentación de la consejera. Llamó a reflexionar sobre el foco de contagio en que podrían convertirse en verano unos locales en los que no se puede garantizar la separación de pacientes, ubicados en lugares con una población mayor «de altísimo riesgo». Igea manifestó que «muchos lo entienden», pero que hay «gente más dura de entendederas». También que la insistencia de Luis Tudanda en reclamar la apertura inmediata «es poco comprensible», a no ser que esté enarbolando una bandera de desgaste político, alejada de lo que supone «dar solución al problema al que nos enfrentamos».

El vicepresidente recalcó que la Junta está en disposición de gestionar el Ingreso Mínimo Vital estatal, al igual que lo harán Navarra y el País Vasco. «Parece lo razonable», abogó Igea. Por un trato de igualdad entre territorios, pero también para evitar duplicidades con la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación para combatir la pobreza en Castilla y León.

El dirigente de Cs esgrimió la idoneidad de una «base única», puesto que la «transmisión de datos ya vemos que no funciona bien», ironizó. Minutos antes había cuestionado los cambios de criterio y metodología del Gobierno central para contar los fallecidos durante la pandemia. «Tiene que ser muy difícil para una familia en la que acaba de morir el padre o la madre escuchar al presidente del Gobierno decir que hay cero muertos», abundó, tras un Consejo de Gobierno, a diferencia de los que se vienen sucediendo desde mediados de marzo, con un volumen importante de asuntos de gestión ordinaria, ajenos a la covid-19: áreas de rehabilitación urbana, tratamientos selvícolas, proyectos de investigación médica o fondos para el edificio de un instituto en Segovia. Llevamos 81 días de pandemia.