La Junta «se desligará» de la nueva EBAU si no es igual para todos

Lucas, a la que le correspondió el turno final de intervenciones telemáticas entre todos los responsables de Educación de los diferentes gobiernos regionales en la Conferencia Sectorial de Educación, remachó la disconformidad que sigue planteando en grupo todo el bloque de gobiernos del Partido Popular. En este sentido, lamentó que no se tengan en cuenta las aportaciones que Castilla y León viene reiterando en los grupos de trabajo sobre la siempre polémica prueba.

La consejera de Educación regional anunció tras la cita de este miércoles que, si el Ministerio persiste en avanzar en la dirección propuesta, Castilla y León «se desligará del diseño del nuevo sistema de acceso a la universidad, que no se plantea la prueba única».

Y es que el hecho de no plantear la conversión de la prueba de acceso en una EBAU única para todo el territorio supone -insistió la titular de Educación- «no corregir un error que provoca que el sistema siga siendo injusto», puesto que permite la realización de «17 pruebas distintas para un distrito universitario único» con diseños de examen con distinta estructura, bloques de contenidos y disparidad en los criterios de corrección según la comunidad autónoma.

Por ello, durante el encuentro Lucas reprochó que no se estén escuchando las propuestas de Castilla y León, encaminadas a trabajar en una prueba única, y anunció que «de seguir el Gobierno con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de acceso a la universidad injusto». Una realidad que solo se arreglará con la «necesaria creación de un distrito único universitario en el que estudiante pueda elegir de acuerdo con la nota obtenida».

El bloque conservador argumentó en esta Conferencia Sectorial sobre lo que consideran «ventajas añadidas», como serían una mejor referencia en «los sistemas de evaluación y análisis del sistema educativo español en su conjunto». Una homogeneidad que ya se contempla en países del entorno como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Finlandia o la vecina Portugal.

Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, desde Castilla y León se considera que adolece de «falta de objetividad». Un error de base que acarreará graves consecuencias «para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad».

A mayores de esta crítica, desde la Junta de Castilla y León se considera que el nuevo modelo «limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso». El modelo que presenta el Gobierno central sigue sin «dar respuestas para eliminar las desigualdades actuales».

La posición de la comunidad repite, punto por punto, la que desde hace meses lleva reclamando la formación conservadora. Así, los responsables de otras comunidades autónomas afines coincidieron en que «se está produciendo una ruptura en el sistema al no cumplir con equidad y eficiencia su tarea» (de evaluación).

La próxima cita entre todos los 17 responsables autonómicas y el Departamento que dirige Pilar Alegría será el próximo 8 de noviembre. En consonancia con lo que planteó en el cierre de la reunión Rocío Lucas, las regiones bajo control del PP anuncian una «desvinculación en bloque» de cualquier propuesta. Una postura que, caso de que el PSOE mantenga su criterio, no afectaría al modelo de EBAU que finalmente se establezca.

En el encuentro de esta tarde se ha debatido, además, sobre la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (ESO).

Sobre este aspecto, Rocío Lucas insistió en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera necesaria para acometer estas modificaciones, puesto que se trata de una normativa «impuesta por el Gobierno de la nación» y que supone «un alto coste» para las comunidades autónomas.

La ley establece, además, que los efectos de la medida -el incremento en las nóminas- deberá aplicarse desde enero de 2021, por lo que la solución que ofrece el Ministerio, que es retrasar su implantación, «no es viable: cuanto más tarde, más gasto habrá que asumir», concluyó la consejera de Educación de la Junta.

Una reclamación que justifican a mayores por el hecho de que «la propuestas ministerial pretende subsanar un error del Gobierno al declarar a este cuerpo como profesionales a extinguir».