La Junta desestima el requerimiento del Gobierno para que financie el Serla

En la respuesta a este requerimiento, el departamento que dirige Mariano Veganzones argumenta que no existe obligatoriedad de financiar el Serla, «dado que el acuerdo de financiación suscrito entre la Junta de Castilla y León y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020, y fue denunciado en la legislatura pasada por parte de la entonces Consejería de Industria y Empleo».

Al no alcanzarse un acuerdo de financiación con los sindicatos y la patronal, continúa la consejería en un comunicado, no se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 ninguna consignación presupuestaria para la financiación del Serla. Según el consejero de Vox, al ser la «ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación Serla, no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio, puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional».

En la respuesta remitida por la Junta al Gobierno se asegura que el recurso se ha presentado fuera de plazo por parte del ministerio que dirige Yolanda Díaz «puesto que la ley estipula que los requerimientos deben producirse en un plazo de dos meses desde que se hubiera conocido la inactividad». La eliminación de la aportación a la Fundación SERLA fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de diciembre, recuerdan.

La semana pasada, cuando ya Veganzones avanzó que no admitiría el requerimiento judicial, la delegada del Gobierno en Castilla y León ironizó sobre si el consejero hablaba «en nombre de la Junta, de una parte de ella o de cuarto y mitad de parte». «Estamos hablando de que Castilla y León es la única comunidad autónoma que no cumple o ha mostrado su intención de no cumplir la normativa vigente, que deja claro que tiene que haber un organismo autónomo e independiente que participe, que regule, que medie en este tipo de situaciones laborales», señalaba Virginia Barcones en delcaraciones recogidas por Europa Press.

La delegada añadía que esperaba que «de una vez por todas» la Junta cumpla con la legislación porque la situación que se vive con el Serla «causa mucho daño para la comunidad autónoma y la imagen exterior». «Lo que hace es ahuyentar las inversiones en un momento clave en el que se están invirtiendo una cantidad de fondos ingente», señalaba.