Castilla y León

La Junta convoca ayudas de alquiler para 2023 con las de 2022 sin resolver

La convocatoria de 2023 se solapa así sobre la de 2022. Hay 25.000 hogares (5.000 más que en la anterior) que están pendientes de la ayuda que solicitaron a lo largo de diciembre del año pasado y los titulares de buena parte de ellos deben ponerse ya en situación de preparar la documentación para pedir la subvención para este año. A su favor contarán en esta ocasión con que la Junta va a poner en marcha un formulario para «renovar» la ayuda, con el que no deberán aportar de nuevo toda la documentación: el contrato, el empadronamiento o justificantes sobre la tipología de las viviendas o circunstancias personales para justificar, por ejemplo, un divorcio que impide usar una vivienda de la que es titular o una discapacidad. Solo estarán obligados a incorporar los recibos que garanticen el pago, siempre por el banco, de las mensualidades de la renta de alquiler entre enero y diciembre de 2023.

La convocatoria del año pasado ofreció el mes de diciembre y los tres primeros días de enero y para la nueva se recogerán solicitudes todo el mes de diciembre y los primeros quince días del nuevo año.

Es una de las novedades de una convocatoria que nace sobre la polémica por la tramitación de la que aún está en curso, con la oposición reclamando a la Junta el abono inmediato de las ayudas y cambios en la gestión para que no ocurra lo mismo con las subvenciones que se solicitarán de nuevo en diciembre y el PP y la Junta argumentando que no hay demora y cifrando en once meses el tiempo de tramitación habitual de unas ayudas para las que la propia Junta, oficialmente, se autoimpone un plazo de resolución de seis meses a partir de recibir la última solicitud. Eso fijaba el límite para publicar los beneficiarios de 2022 en el 4 de julio.

El último episodio de enfrentamiento político con las subvenciones de vivienda de fondo fue en el pleno de las Cortes del pasado miércoles, 18 de octubre, con el procurador socialista José Luis Vázquez urgiendo el abono y planteando que la Junta implante el sistema de «declaración responsable» para tramitar la nueva convocatoria, agilizando el pago con comprobaciones 'a posteriori' frente a la comprobación previa actual de los documentos que garantizan el cumplimiento de requisitos. El parlamentario de la oposición insistió en que la demora crónica en la tramitación de estas ayudas se debe a la «incapacidad» de los gestores de la Junta, mientras el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones remarca que han incorporado 17 personas más a la gestión de estas ayudas y sitúa el 'tapón' en la tramitación de bono estatal joven de alquiler que el Gobierno central puso en marcha unilateralmente, tramitación que endosó a las autonomías. Desde el PP suscriben la tesis del consejero, que también apoya Vox.

Desde el PSOE de Castilla y León han reaccionado ante la nueva convocatoria de ayudas al alquiler acusando al gobierno de coalición de PP y Vox de «reírse de las familias» al no haber abonado las del año anterior. Así lo ha expresado este lunes la secretaria de Organización del partido, Ana Sánchez, que ha acusado al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones de mentir con «cinismo» sobre los plazos de pago de la ayuda pendiente.

Sin cerrar aún esa convocatoria de 2022, se da el pistoletazo de salida a la de 2023, con el mes de noviembre para preparar documentación y solventar dudas. A efectos prácticos, rigen las condiciones estipuladas en la convocatoria actual, que mejoró porcentajes de apoyo económico hasta situar la subvención en el 50% del coste del alquiler para un solicitante general, que sube al 60% de la renta de arrendamiento para un joven (de hasta 35 años) y un 75% en el caso de que ese joven resida en un pueblo, en el medio rural.

A falta de conocer las repercusión económica, en euros, que ese alza del porcentaje subvencionado trasladará a las ayudas, la cuantía media que abonó la Junta para ayudar a pagar los alquileres del año 2021 fue de 1.754 euros y llegó a 15.221 hogares. Todos los que cumplían los requisitos.

Esta 'universalidad' es marca de Castilla y León desde 2015. La convocatoria que acaba de publicarse reserva una partida de 19,72 millones de euros, que puede incrementarse en otros 14 millones más si se agota el crédito inicial.

El tope de ingresos para acceder a esta ayuda es de tres veces el indicador IPREM, que sube hasta cuatro veces para familias numerosas y cinco veces para familias numerosas especiales. En euros, el tope inicial sería de 25.200 euros anuales (con el indicador IPREM de 2023), que sube hasta 42.000 para familias numerosas.

La Junta abrió la puerta en la penúltima convocatoria a subvencionar el alquiler de habitaciones en pisos compartidos si estas eran el domicilio habitual, con empadronamiento oficial del solicitante.