Castilla y León

Ayudas de alquiler: el PP achaca la demora a la «complicación» de la tramitación

PP y Vox han votado en contra en un hemiciclo en el que toda la oposición se ha posicionado a favor de poner ese plazo de apenas semana y media a la Junta, que debía haber resuelto la convocatoria en julio. Hay 25.000 solicitantes, 5.000 más que en la convocatoria anterior, a la espera del listado oficial de beneficiarios y el cobro de una subvención destinada a aminorar el esfuerzo que ha supuesto a esas familias pagar el alquiler de la vivienda habitual entre enero y diciembre de 2012.

«Desgraciadamente la realidad es que ahora mismo, con esa convocatoria de hace un año tal día como hoy, 25.000 familias están pasándolo mal. Sólo hay que llamarles a ellos para conocer cuál es la situación. Hay que hablar con las familias, con la gente... Decir hoy que no está escrito que tengan que ser abonadas... Está escrito en el sentido común, en el sentido de la responsabilidad y del respeto», enfatizó José Luis Vázquez mirando directamente al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El socialista pidió el abono «inmediato» de la subvención y «criterios» para agilizar la tramitación en próximas convocatorias. Planteó que se paguen las ayudas con una «declaración responsable» del beneficiario de que cumple los requisitos, y se revise a posteriori, en lugar de la comprobación previa que hace ahora la consejería de cuestiones como la renta del solicitante, el empadronamiento, el número de residentes, el contrato de alquiler o los recibos bancarios que garantizan que se ha pagado la renta al propietario del inmueble. En todas las solicitudes se realizan estas comprobaciones, entre otras. Eso ha llevado a pedir documentación para solventar errores u omisiones, con llamamientos de miles de personas a través de Bocyl, a casi uno de cada dos solicitantes, en una tramitación a la que la consejería ha incorporado este año a 17 trabajadores más a través de la empresa pública Somacyl.

La convocatoria de ayudas para el arrendamiento de vivienda de todo el año 2022 se avanzó hace ahora un año, en octubre, con la apertura del plazo de solicitudes en diciembre. La Junta recogió esas peticiones y la documentación hasta el 3 de enero y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se daba un margen oficial de seis meses para resolver. Eso situaba el listado de beneficiarios, aún sin publicar, en el 4 de julio.

La iniciativa parlamentaria del PSOE marcaba este 31 de octubre para la resolución y el pago inmediato de las ayudas, fecha que no han asumido los dos socios del Gobierno de coalición. También reclamaba asignación presupuestaria para garantizar el acceso de la ayuda a todos los solicitantes que cumplan los requisitos. Esto último se cumple en Castilla y León desde 2015. Todos estos años se ha habilitado crédito cuando se ha agotado la partida inicial. «Este es un caso prácticamente único en España», resaltó Alberto Castro, que subrayó que la ayuda cubre el 50% de la renta, porcentaje que sube al 60% en caso de jóvenes y al 75% para jóvenes residentes en pueblos.

Pese a que el calendario indica que se ha sobrepasado el plazo de resolución marcado en la convocatoria, el procurador popular habló de «supuesto retraso» al entender que «siempre la tramitación administrativa ha llevado 11 meses desde que se convoca hasta que se resuelve». Una tramitación 'atropellada' en esta ocasión, destacó el popular, por la prioridad que tenían las solicitudes del bono estatal del alquiler para jóvenes, que el Gobierno de la nación encargó unilateralmente a las comunidades. «El único responsable es la Junta de Castilla y León», replicó Vázquez.

El resto de partidos de la oposición apoyaron las iniciativa. Vox respaldó la gestión de la tramitación de las ayudas que ha hecho el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones.