La Junta de Castilla y León se asoma a la prórroga del presupuesto autonómico

«Merece la pena esperar», ha asegurado Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. ¿A qué? A ver si Pedro Sánchez saca adelante una investidura ligada a la aprobación del primer presupuesto estatal de la legislatura. Esas cuentas de la nación consignarán la cuantía de ingresos a cuenta de la recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales que la Agencia Tributaria recauda en Castilla y León y corresponde a las arcas autonómicas (es la partida más importante de ingresos del presupuesto autonómico: 8.136 millones de euros de los 13.809 a que asciende actual) y recogerán el incremento salarial de la nómina de los empleados públicos.

Son dos datos claves para cuadrar las cuentas autonómicas que el Gobierno en funciones no ha comunicado a día de hoy. Carriedo solicitó por carta a la ministra María Jesús Montero que convocara a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que cada verano avanzaba esas entregas a cuenta y el objetivo de déficit con el que debía confeccionarse el presupuesto del año siguiente. «Todavía no hemos obtenido respuesta», apuntó el castellano y leonés.

Así las cosas, entre esperar a que haya noticias en la capital de España sobre el futuro Gobierno de la nación y hacer «proyecciones» sobre los ingresos que llegarán del Estado, el margen de desviación con el que tendrían que cerrar el ejercicio autonómico a fecha de 31 de diciembre de 2024 y la subida retributiva para los más de 93.000 empleados público en nómina de la Junta, optan por lo primero. Esperar. Defiende el consejero responsable de confeccionar las cuentas para 2024 que es preferible aguardar y contar con los «datos fehacientes y reales» a lanzarse a presentar un proyecto de presupuesto «con datos que serían unas estimaciones sobre las estimaciones que estimamos pudieran producirse».

Una prórroga del presupuesto permite a la Junta un funcionamiento con normalidad de los servicios de cara al ciudadano, pero condiciona el inicio de nuevas obras, proyectos y líneas de subvenciones. Todo lo nuevo requiere justificación de gasto por parte de la consejería que lo promueva y la búsqueda de partidas del presupuesto prorrogado de las que sacar el dinero para pagarlo. La Consejería de Economía y Hacienda tiene la última palabra para dar el visto bueno. Eso implica tiempo y trámites, aunque el equipo de Carlos Fernández Carriedo tiene experiencia en la gestión de prórrogas. El consejero se estrenó en el área con el presupuesto prorrogado de 2018, el último de la etapa de Juan Vicente Herrera, que el Gobierno entonces de PP y Cs volvió a prorrogar para empezar 2020 y se estiró hasta enero de 2021.

El Gobierno aprobará a finales de diciembre un decreto para fijar directrices que faciliten encarar el día a día de facturas y pagos con un presupuesto prorrogado. No es descartable que esa regulación declare partidas no gestionables y sus fondos queden en 'cuarentena' para garantizar la estabilidad presupuestaria. Ese decreto autonómico garantiza el pago de nóminas del personal y de los gastos de funcionamiento de los centros asistenciales y de gestión (luz, gas, combustible, fármacos...), además del considerar prioritario el abono de los intereses de la deuda a los prestamistas.

No es lo mismo prorrogar un presupuesto austero que uno expansivo. Y tampoco es igual saber de partida que esa prórroga va a ser larga, de todo un año, que temporal, de unos meses. En ambos casos, por montante económico y por tiempo, es siempre mejor la segunda opción: contar con unas cuentas rumbosas de partida y confiar en aprobar un presupuesto antes de mitad de año que sepulte la prórroga.

Juega a favor del Gobierno de coalición la cifra del presupuesto en vigor, el de 2023, que asciende a 13.809 millones de euros y es un presupuesto expansivo y, por tanto, más fácil de prorrogar. Esa es la cifra tope de gasto con la que Mañueco y García-Gallardo iniciarían la gestión de 2024. Cada partida en vigor asignada a un programa o a una obra fija lo que se puede gastar y en qué. Cualquier variación requiere un trámite para modificar ese crédito y autorizar el nuevo gasto.

Un proyecto de presupuestos conlleva un doble instrumento. Por un lado están las partidas de ingresos y gastos. Por otro, la Ley de Medidas en la que se tocan tributos y tasas y se modifican aspectos puntuales de leyes por la vía rápida. Sin presupuesto nuevo, cualquier decisión fiscal debe esperar.

El presidente Alfonso Fernández Mañueco avisó en la comparecencia con la que iniciaba el curso político tras el verano que no habría muchas novedades tributarias en 2024. Defendió que su Gobierno ya las había puesto en marcha en 2022 y 2023. A la cabeza, un descuento en el IRPF y la gratuidad de las licencias de caza y pesca.

Una pista de que no iba a presentarse el presupuesto de 2024 ni la Ley de Medidas en plazo ha sido la reciente decisión de PP yVox de tramitar desde las Cortes una proposición de ley para extender la desgravación por las tasas veterinarias. Es un asunto que urge, no apto para soportar una prórroga.