La consejera Isabel Blanco confirma a sindicatos y patronal que ha reactivado la reforma de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León, que quedó pendiente de la anterior legislatura y el PP incluía en el programa electoral del 13-F, y ... sobre la que los populares habían bajado el tono tras el acuerdo con Vox en el que Juan García-Gallardo impuso la tramitación de una Ley de Violencia Intrafamiliar. El plazo para iniciar los trámites de esta última vence el próximo día 31.
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La dirigente popular ha informado de la 'resurrección' de este proyecto en la Mesa del Diálogo Social en materia de Dependencia; Renta Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección; e Igualdad, Conciliación y Juventud que ha presidido este miércoles, tras la conflictiva reunión del Consejo del Diálogo Social del lunes en la que Vox impuso sus tesis dentro del Gobierno autonómico y logró la paralización y revisión de hasta 18 acuerdos firmados y con presupuestados.
Blanco trasladó a los responsables de la patronal CEOE Castilla y León y de los sindicatos UGT y CC OO que ha remitido el anteproyecto al Consejo Económico y Social (CES) para que este organismo lo analice y emita un informe de valoración. Es el texto que «se consensuó la pasada legislatura», remarcaron los participantes en esa reunión.
Los agentes sociales reconocieron a Blanco el cumplimiento de los acuerdos impulsados por el Diálogo Social en su negociado de gestión. Destacaron el refuerzo de la Red de Protección a las Personas y las Familias, de 2017, que ha beneficiado a cerca de 200.000 castellanos y leoneses con serias dificultades para llegar a fin de mes. Junto a este acuerdo, añadieron el que mejoraba el diseño de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación orientada a combatir la pobreza y que ahora convive con el Ingreso Mínimo Vital estatal para dar cobertura a las personas en situación de exclusión o riesgo cierto de estarlo que no encajan en los requisitos de este ingreso nacional, y el de acuerdo de atención a la dependencia. Por este último se ha reorientado el servicio de teleasistencia, que va a incorporar avisos de citas médicas y sensores anticaídas en casa. «La experiencia de la pandemia nos ha enseñado también que es necesario mejorar las condiciones laborales del personal que atiende a nuestros mayores en los centros residenciales y a esto también está dirigido el acuerdo», argumentan desde CEOE, UGT y CC OO.
La mesa para revisar los acuerdos del área de servicios sociales e igualdad ha sido la primera en reunirse. La tarde de este miércoles se celebrará otra en educación, mañana le tocará el turno a medidas de industria y empleo y en los próximos días todas las demás, que evaluarán cuestiones de vivienda, transición ecológica o política forestal.
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