Vox impone sus tesis y lleva a la Junta a revisar el Diálogo Social

«Esperábamos que el presidente Mañueco fuera más tajante, al igual que nos gustaría que lo firmado se cumpliera», ha manifestado Vicente Andrés, de CC OO a la salida de la reunión. Su homólogo en UGT, Faustino Temprano, ha vaticinado que el desencuentro «acabará en los tribunales». Ambos, al igual que el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, han lamentado que «los mayores perjudicados serán los ciudadanos, que no podrán beneficiarse de las medidas acordadas». «No son conscientes de que perjudican a quienes más necesitados están», ha sentenciado Andrés.

Para los agentes sociales, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, «ha sido como un muro infranqueable que no ha admitido ni un solo argumento, por sólido que fuese», en palabras de Aparicio, quien ha tildado la reunión de «surrealista» y «sin sentido». También el representante de los empresarios ha admitido que «ir a los tribunales sería nefasto, pero puede que acabemos allí». Según Temprano, se han topado con una manera de proceder «de hechos consumados» en la que el consejero de Empleo «ha antepuesto los acuerdos de gobierno de PP-Vox a los consensuados en el Consejo del Diálogo Social».

Veganzones ha apelado una y otra vez a la Ley 40/2015 para hacer que todas las mesas vuelvan a constituirse, ya que el hecho de que haya acuerdos «vigentes, no vigentes y caducados hace necesario replantearlos o negociarlos». Según ha admitido Fernández Carriedo, portavoz del PP y consejero de Economía y Hacienda, «los servicios jurídicos determinarán cuál es la vigencia de lo acordado, ya que algunos fueron prorrogados y otros, no». Hay que recordar que los 18 acuerdos en disputa fueron rubricados el año pasado, antes de las elecciones del 13 de febrero.

Las consejerías implicadas son Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio y Empleo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Según ha expresado el consejero de Empleo, están en vigor el acuerdo de inmigración; el de atención a dependientes; los cuatro acuerdos de la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos e Igualdad (2021-2024); el II acuerdo en educación; y el de transición justa, así como el IV acuerdo marco de Competitividad e Innovación Empresarial (2021-2027).

El titular de Empleo ha avanzado que, según su criterio, hay nueve de los 18 acuerdos que no están vigentes y se ha mostrado partidario de revisarlos todos. No estarían en vigor algunos como el del SERLA, el de política de vivienda o el del sector forestal, mientras que estarían ya cumplidos otros como el de violencia de género. Para Veganzones, el balance de la reunión es «un día de trabajo en el que se han ofrecido 23 nuevas líneas para poner en valor el diálogo social».

El presidente de la patronal, al igual que los líderes sindicales, ha asegurado que acudirán a las reuniones para renegociarlo todo aunque, ha añadido, «no sabemos qué es lo que (Veganzones) quiere». «Le hemos preguntado qué problema hay para cumplir lo firmado, para qué lo firmamos, para qué esta pérdida de tiempo... pero no ha habido respuesta», ha añadido.

Aparicio ha afirmado que «en un momento de incertidumbre como el actual, cuando hay muchas empresas llamando a las puertas de Castilla y León para venir a invertir, lo que hemos visto solo invita al pesimismo».

Los dirigentes sindicales, han mostrado su confianza en que (las consejerías de Vox) «no podrán destruir de la noche a la mañana lo que tanto ha costado construir» y han dejado caer que «veremos -ha dicho Vicente Andrés- si este gobierno resiste el conflicto permanente». Faustino Temprano ha manifestado sus dudas incluso acerca del cumplimiento de los acuerdos por parte de las consejerías del PP. «Nadie lo ha garantizado hoy», ha dicho

​Por su parte, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta cumplirá todos los acuerdos vigentes ​emanados ​del Diálogo Social y​ ha argumentado que los grupos de trabajo ​que se reunirán ​a partir de​ este martes «examinar​án​ la ​actual ​situación​ para plantear nuevas estrategias ​de cara al futuro».

La Ley 40/2015 a la que apela Vox señala que todo convenio que afecte al sector público debe recoger las «obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria». Debido al adelanto de las elecciones, Castilla y León no tiene Presupuesto de la Comunidad para 2022, sino una prórroga del de 2021.

El encuentro celebrado este lunes ha sido la reunión más multitudinaria del Consejo del Diálogo Social, ya que a los habituales (presidente de la Junta y del Consejo, líderes de CEOE, UGT y CC OO y consejero de Empleo) se han sumado el vicepresidente Juan García-Gallardo, el consejero de Economía, el 'segundo' de Veganzones y los responsables sindicales de Diálogo Social, así como el secretario general de CEOE. Los ánimos llegaban ya calientes, después de que Vox anunciase en junio una reducción de 20,3 millones de euros en la dotación que reciben los agentes sociales para acciones del Diálogo Social.