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La consejera Isabel Blanco confirma a sindicatos y patronal que ha reactivado la reforma de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León, que quedó pendiente de la anterior legislatura y el PP incluía en el programa electoral del 13-F, y ... sobre la que los populares habían bajado el tono tras el acuerdo con Vox en el que Juan García-Gallardo impuso la tramitación de una Ley de Violencia Intrafamiliar. El plazo para iniciar los trámites de esta última vence el próximo día 31.
La dirigente popular ha informado de la 'resurrección' de este proyecto en la Mesa del Diálogo Social en materia de Dependencia; Renta Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección; e Igualdad, Conciliación y Juventud que ha presidido este miércoles, tras la conflictiva reunión del Consejo del Diálogo Social del lunes en la que Vox impuso sus tesis dentro del Gobierno autonómico y logró la paralización y revisión de hasta 18 acuerdos firmados y con presupuestados.
Blanco trasladó a los responsables de la patronal CEOE Castilla y León y de los sindicatos UGT y CC OO que ha remitido el anteproyecto al Consejo Económico y Social (CES) para que este organismo lo analice y emita un informe de valoración. Es el texto que «se consensuó la pasada legislatura», remarcaron los participantes en esa reunión.
Los agentes sociales reconocieron a Blanco el cumplimiento de los acuerdos impulsados por el Diálogo Social en su negociado de gestión. Destacaron el refuerzo de la Red de Protección a las Personas y las Familias, de 2017, que ha beneficiado a cerca de 200.000 castellanos y leoneses con serias dificultades para llegar a fin de mes. Junto a este acuerdo, añadieron el que mejoraba el diseño de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación orientada a combatir la pobreza y que ahora convive con el Ingreso Mínimo Vital estatal para dar cobertura a las personas en situación de exclusión o riesgo cierto de estarlo que no encajan en los requisitos de este ingreso nacional, y el de acuerdo de atención a la dependencia. Por este último se ha reorientado el servicio de teleasistencia, que va a incorporar avisos de citas médicas y sensores anticaídas en casa. «La experiencia de la pandemia nos ha enseñado también que es necesario mejorar las condiciones laborales del personal que atiende a nuestros mayores en los centros residenciales y a esto también está dirigido el acuerdo», argumentan desde CEOE, UGT y CC OO.
La mesa para revisar los acuerdos del área de servicios sociales e igualdad ha sido la primera en reunirse. La tarde de este miércoles se celebrará otra en educación, mañana le tocará el turno a medidas de industria y empleo y en los próximos días todas las demás, que evaluarán cuestiones de vivienda, transición ecológica o política forestal.
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