Castilla y León tendrá presupuesto récord en 2023 y rebaja el IRPF a 31.000 familias numerosas

La medida fiscal estrella del presupuesto de 2023 no está incluida aún en el mismo. Se trata de una mejora del 20% en la desgravación para familias numerosas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF), con previsión de que llegue a los alrededor de 31.000 hogares que tienen esta catalogación en Castilla y León. García-Gallardo aventuró que la medida propiciará que estas familias «no van a pagar un solo euro» en la parte del IRPF sobre la que tiene capacidad de decisión la comunidad autónoma y enmarcó esta nueva iniciativa fiscal en la necesidad de combatir «el invierno demográfico» y el «descenso estrepitoso de los índices de natalidad» que presenta Castilla y León.

Es una decisión de última hora y que PP y Vox deberán incorporar a la Ley de Medidas que acompaña al presupuesto para 2023 como una enmienda en las Cortes. «Hemos visto que las cuentas daban», justificó Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. La tramitación de este beneficio fiscal se solapará en el parlamento con el proyecto de ley de medidas tributarias que la coalición remitió en septiembre y en el que se recogían la mayor parte de las desgravaciones fiscales que dejó en el aire el anticipo electoral de diciembre, que se llevó por delante el presupuesto de 2022. A saber, desde la rebaja de 35 euros para todos los declarantes del IRPF por la bajada de la tarifa autonómica para el primer tramo de ingresos a la supresión de las tasas de licencias de caza y pesca. Alfonso Fernández Mañueco cifró el montante de las rebajas tributarias que facilita la Junta a ciudadanos y empresas en unos 600 millones de euros anuales. Una forma de «reducir el impacto de la subida de precios» que provoca la alta inflación.

Del montante de 13.809 millones de euros previstos para 2023, la cifra real que gestionarán las consejerías es de 11.263 millones de euros (restando la partida que atiende a la deuda de 1.469,4 millones, con 246 millones reservados para el pago de intereses, la de las Cortes...), con 8 de cada 10 euros destinados a sanidad, educación, familia y vivienda, en unas cuentas que el presidente Mañueco definió como «adaptadas al momento que vivimos» y orientadas a «enfocar el futuro».

Hay tres grandes cifras que definen, año a año, un presupuesto autonómico con un gasto estructural consolidado. Una es la que se destina a Sanidad, consejería que gestionará de inicio (es habitual que se desvíe al alza a lo largo del año) 4.753 millones de euros. Las otras dos son el gasto en nóminas, que pasa de 4.212 millones en 2021 a 4.694,3 millones de euros en 2023 para pagar a una plantilla autonómica que supera los 91.000 empleados públicos y el gasto corriente, que crece desde los 1.815,7 millones del anterior presupuesto a los 1.946,8 de que acaba de salir del horno. La factura en farmacia, el transporte escolar, los comedores, la lavandería y calefacción de los hospitales se pagan con esa partida en un presupuesto en el que el equipo del consejero de Economía y Hacienda ha tenido que reforzar las cuantías para pagar la electricidad y el gas de la calefacción de los centros autonómicos un 54% y un 49,5% respectivamente.

Las cuentas contemplan una partida «pionera» para luchar contra la violencia intrafamiliar, caballo de batalla de Vox frente a la violencia de género. A esta dotación se refirió García Gallardo, como un punto de inicio, asegurando que «a nadie debe preocupar la introducción de una partida a mayores», en un proyecto presupuestario en el que las políticas «de mujer» pasan de 10,8 a 11,8 millones de euros, puntualizó Mañueco.

El presidente de la Junta, el vicepresidente y los consejeros congelarán sus retribuciones el próximo año, pero sí llegan los miembros de la Junta a la aplicación de la revalorización del 1,5% que percibirán los empleados autonómicos en noviembre, con efecto retroactivo a 1 de enero, sobre unos salarios que subieron a principios de año el 2%. Esa congelación de sueldos será de aplicación a los políticos con dedicación exclusiva en las Cortes, avanzaron los responsables autonómicos.

El presupuesto del próximo año recoge un crecimiento de los fondos para la Consejería de Medio Ambiente, para reforzar el cuestionado operativo de lucha contra incendios tras los devastadores fuegos del verano, con 4 fallecidos y 95.000 hectáreas quemadas, y dotaciones concretas para la puesta en marcha del cheque bebé por nacimiento de hijo, prometido en la campaña electoral por Mañueco, con una reserva de 19,6 millones de euros, además de 27,2 millones de euros para avanzar en la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, que el próximo curso abarcará a los niños de 1 a 2 años.

El presidente resaltó la fuerza «inversora» que imprimirán las cuentas y el efecto de «dinamización de la actividad económica y el empleo», con programas por valor de 2.534 millones de euros orientados a «atraer empresas y proteger a las que están». Habló de 150 millones de euros en programas para autónomos y tejido empresarial y otros 427 millones para formación de trabajadores e incentivos a la empleabilidad. A estos se suman 51 millones para medidas de ahorro energético; 85 para el sector turísticos, 126 para patrimonio y potenciar la enseñanza del español, 567 para la industria agropecuaria y el campo y 472 para financiar los servicios municipales a través de ayuntamientos y diputaciones. A esas cifras sumó luego García-Gallardo los apoyos para impulsar la modernización de regadíos en 25.000 hectáreas, mejorar los seguros agrarios, la sanidad animal o las instalaciones de agua para ganaderías extensivas o mixtas con el fin de afrontar situaciones de sequía «como las que hemos vivido y como los que de manera posible viviremos en el futuro próximo».

No hubo referencia alguna al cambio climático en un presupuesto del que se han caído también las referencias a los objetivos de la Agenda 2030, cuyo logotipo y colores abrían la portada de las cuentas que Mañueco presentó para 2021 hace un año, en compañía entonces de Francisco Igea.

Todas las consejerías suben de dotación en un presupuesto en al que tanto Mañueco como García-Gallardo aplicaron la condición de austero. En la congelación de sus sueldos, por ejemplo, y con una necesidad de «apretar el cinturón» que se extiende a otros niveles, como el del Diálogo Social, que implica a empresarios y sindicatos, otro de los caballos de batalla de Vox

Carlos Fernández Carriedo registrará el proyecto de cuentas autonómicas para 2023 en las Cortes este viernes. Llegan con dos semanas de retraso sobre el plazo legal. A partir de ahí, se iniciará una tramitación parlamentaria a la carrera para que estén aprobadas a finales de diciembre y puedan estrenarse el 1 de enero. «Calendario hay», apreció Fernández Mañueco, para lleva a tiempo al Boletín Oficial unas cuentas de «unidad», según García-Gallardo, confeccionados por una alianza de dos socios que presenta una salud que «está como un roble», remarcó el de Vox. Con Mañueco a su lado, del de Santiago Abascal dejó un mensaje con lectura para las próximas elecciones municipales, autonómicas y nacionales con los presupuestos al definirlos como la «carta de presentación de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos».