PP y Vox intentan sortear la crisis del protocolo antiaborto sin desautorizar a ningún implicado

Los integrantes de la coalición volvían a reunirse este jueves en Consejo de Gobierno en un «ambiente de trabajo», según explicaba Carlos Fernández Carriedo. El portavoz, que el jueves de la semana pasada compareció con el vicepresidente y no le desmintió en ningún momento, insistió en la inexistencia del polémico protocolo. Oficialmente no hubo, subrayó, «ningún acuerdo de Junta».

El dirigente del PP afrontó la cita informativa en solitario, ante una sala repleta de periodistas. Para 'no haber' asunto alguno, hasta un corresponsal del Financial Times británico se acercó hasta Valladolid. Quería saber si la «lección» de Castilla y León para España es que es «muy difícil o imposible» un futurible Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «Las coaliciones siempre son complejas», respondió el portavoz. «Mi experiencia es que estamos haciendo cosas útiles», prosiguió Carriedo. «Tenemos que acostumbrarnos a lo que son las coaliciones en España. Que sean dos partidos políticos no significa que tengan que pensar igual en todo y tampoco que no puedan trabajar en común», añadió.

El consejero del PP aplicó una 'nebulosa' argumental al anunció de las medidas antiabortistas que lleva una semana alimentando el cruce de acusaciones entre PP y Vox a nivel nacional, con requerimientos judiciales del Gobierno a la Junta y con asociaciones médicas que cuestionan el valor sanitario de lo planteado por el vicepresidente, pero evitó en todo momento desautorizar a cualquiera de los implicados: desde el presidente Mañueco al vicepresidente García-Gallardo o Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad. En lo que a él le tocaba, como portavoz -y por elevación al resto de miembros de la Junta en el papel de la comunicación- sí admitió que «como cualquier ser humano somos conscientes de que se puede mejorar».

Carriedo situaba el conflicto así en el ámbito de la comunicación y eso contribuía a intentar pasar página en una mañana en la que dirigentes nacionales de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, descartaban romper el gobierno de Castilla y León. El líder del partido ultraconservador reconocía que el pacto atravesaba dificultades. «Hay mucha gente interesada en que se rompa el acuerdo en Castilla y León y que el acuerdo entre PP y Vox sea imposible, y entre esa gente no estamos nosotros», subrayaba Abascal, apuntando al PSOE y a la dirección nacional del PP, al tiempo que instaba a Mañueco a cumplir lo acordado.

«No se va a modificar el protocolo vigente en Castilla y León», aseguró el portavoz de la Junta a la vez que remitía a una nota de prensa que publicó la Consejería de Sanidad el mismo día 12, que «está vigente». En esa nota no llega a decir lo contrario que expresaba el consejero, pero sí algo diferente. Es la nota del «protocolo». Sanidad informa en ella de que se va a implantar un «protocolo de latido fetal y registro cardiaco» en el primer trimestre del embarazo (en el que están los plazos para la interrupción voluntaria) y se promoverá el acceso a la ecografía 4D, que proporciona «una imagen del bebé con sus rasgos y sus gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y a familia, favoreciendo así su implicación emocional».

Completaban las medidas recogidas en la esa nota una atención preferente de las gestantes por psicólogos clínicos y una iniciativa sobre la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran practicar abortos. Aún así, Carriedo manifestó que en Castilla y León «no se va a modificar el protocolo para las personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo».

¿Si no existe protocolo, qué es lo que anunció el vicepresidente? La pregunta del millón. Carriedo apuntó que quizá no usaron la palabra correcta y que sería mejor «procedimiento» que «protocolo». En todo caso, puntualizó que era «una mejora en las prestaciones en favor de las mujeres embarazadas, de todas las mujeres embarazadas». Sobre la aplicación de las medidas, el portavoz eludió marcar plazos de implantación y dio a entender que no habrá para los sanitarios instrucciones por escrito. Hay dos provincias, por ejemplo, en las que Sacyl carece en estos momentos de ecógrafo 4D. Son Segovia y Ávila.

«El presidente dejó muy claro que cualquier actuación en este ámbito tenía que ser voluntaria y solicitada por la madre y aceptada en el ámbito sanitario». El portavoz desdecía en este punto al vicepresidente, que ha hablado en todo momento de obligatoriedad para los sanitarios. Estas medidas «en ningún caso pueden suponer una coacción hacia la mujer que asiste al centro sanitario», señaló el consejero popular.

Desde un rincón de la sala, discretamente, siguió toda la rueda de prensa José María Barrio Gil-Fournier, director de Gabinete del vicepresidente Juan García-Gallardo. Una presencia callada, pero con la que se constataba que la cita informativa se salía de lo habitual.

El portavoz despejó la expectativa de un posible adelanto electoral tirando de manual. «Saben ustedes que esta decisión corresponde únicamente al presidente de la Junta de Castilla y León, es su competencia, lo que sí les puedo decir es que cualquier actuación del presidente de la Junta de Castilla y León siempre, siempre, se guía por el principio del interés general de lo que es más útil para las personas de Castilla y León». Pasó palabra.

El 'no' acuerdo del jueves 12 sobre el anunciado protocolo provida sí centró uno de los acuerdos de este jueves 19. El que el Gobierno de Mañueco y Gallardo tomaron para inadmitir el requerimiento que les ha hecho el Ejecutivo de Sánchez a cuenta de la coacción a las mujeres que supondrían esas medidas antiaborto. No hay hecho causante, no invasión de competencias, no hay conflicto jurisdiccional. Esa será la respuesta que la Junta dé, en términos jurídicos, al Gobierno de la nación. Con la censura a Sánchez y sus ministros por actuar coercitivamente de manera «preventiva» contra un Gobierno «leal a la Constitución» como el de Castilla y León, en contraposición a la laxitud con la que tratan a otras autonomías menos leales.

Desde el PSOE, Luis Tudanca, consideró clavé esa acción del Gobierno para hacer 'descarrillar' el protocolo anunciado por Gallardo. «La Junta, tras el colosal ridículo de esta semana, ha sucumbido al miedo al coste de unas medidas que han provocado una respuesta contraria de la sociedad castellana y leonesa y una reacción tardía y timorata pero también opuesta del PP de Feijóo», defendía el secretario general de los socialistas de Castilla y León a través de Twitter.

García-Gallardo no valoró ayer los argumentos de Mañueco, por voz de Carriedo. El vicepresidente se limitó a compartir los mensajes de Abascal en una tendencia a la baja de la inflamación política que ha sufrido el pacto autonómico desde el fin de semana. PP y Vox intentan aminorar el nivel de estrés al que el protocolo antiaborto ha sometido a la coalición en Castilla y León. Unas medidas sobre las que, por el momento, no hay concreción práctica de aplicación real.