Inés Arrimadas ratifica el pacto con el PP y amplía su organigrama sin Castilla y León

Una decisión de ser leales al pacto de Gobierno en Castilla y León que pareció tambalearse cuando Edmundo Bal, su portavoz, y Gemma Villarroel, coordinadora autonómica de la formación, apuntaron con dureza al PP como responsable «de uno de los escándalos políticos más infames de los últimos tiempos».

«El PP, sobrado en experiencia, no se detendrá y es muy posible que asistamos a más escenas infames y grotescas», escribía Villarroel en la víspera de la gran reunión que debía determinar el futuro de Ciudadanos y de la política de Castilla y León.

No hubo lugar a sorpresas.

«Quiero enviar un mensaje de tranquilidad, porque gobernamos en sitios importantes como Andalucía, Castilla y León y Madrid y vamos a seguir como siempre, cumpliendo con los acuerdos», anunció tras intentar justificar, durante la mayor parte de su discurso sin preguntas, la moción de censura en Murcia.

Fue su única frase respecto a la situación en Castilla y León.

La reconstrucción de Ciudadanos se quedó en una salida redundante, la de Toni Cantó, que calcó su anterior adiós a UPyD, y dos pases a la reserva anunciados, los de los ideólogos Carlos Cuadrado y José María Espejo, declarados así culpables del fiasco de Murcia y sus consecuencias, por más que Inés Arrimadas les homenajeara en su alocución final. Incluyó el ascenso a barón con representatividad de Juan Marín, vicepresidente andaluz, que pasa a formar parte del Comité Permanente, ahora apellidado «de concentración», el selecto club de dirigentes naranjas situado en el peldaño más alto del organigrama. Se amplía de 7 a 14 miembros y entran en la alineación la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, o el destituido vicepresidente de la comunidad madrileña, Ignacio Aguado. O lo que es igual, los centros de poder de Ciudadanos. Salvo Castilla y León, una vez más.

Castilla y León, la otra comunidad en la que Ciudadanos aún cogobierna junto al PP, ni siquiera tuvo ese reconocimiento. Luis Fuentes y la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, se quedaron como estaban y con las mismas condiciones que ya se conocían antes de partir hacia la reunión: en Castilla y León no se mueve nada.

De hecho, durante toda la jornada la orden de procuradores y miembros del Gobierno naranjas fue «perfil bajo». Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, ni siquiera tuvo este lunes el Consejo de Gobierno Covid, rutina habitual desde hace unas semanas, lo que le permitió no exponerse demasiado mientras se dilucidaba el futuro de su formación. En Twitter, su difusor de mensajes favorito, se limitó a dejar caer asuntos pandémicos y relacionados con la atención a la dependencia. «Atender a la campaña de vacunación, asegurar la recuperación, distribuir las ayudas, reactivar la economía... Estas con nuestras preocupaciones hoy en Ciudadanos Castilla y León. No estamos para juegos», escribió a primera hora. Y después se olvidó de la política hasta que concluyó la reunión de Madrid sin novedades para la comunidad autónoma. Entonces sí. Ahí ya tuvo tiempo de celebrar que su formación haga primarias en Madrid para decidir candidato, de atizar a Pablo Iglesias o de replicar a las declaraciones de Ana Sánchez, vicesecretaria de Organización del PSOE en Castilla y León.

La moción, dada esta inacción de Ciudadanos a nivel nacional, se queda por tanto como estaba. Fuentes socialistas empiezan a pensar ya en el discurso que deberá realizar Luis Tudanca, en el que esperan que consolide una imagen 'presidenciable' más allá del resultado. Porque ahora el éxito de la moción de censura depende ya únicamente de que entre dos y cuatro procuradores naranjas -en función de si Por Ávila (1) y UPL (1) se suman a Podemos (2) y a los 35 del PSOE- decidan obviar el respaldo que mostraron hace apenas tres días y rompan esa disciplina de voto para promover el cambio en el Gobierno autonómico.

El PSOE siempre lo ha fiado todo a una orden de Arrimadas, a quien han pedido una reunión para intentar convencerla de la necesidad del cambio en la comunidad autónoma. Ana Sánchez, vicesecretaria de Organización, reiteraba ayer en Onda Cero que no habrá compra de voluntades. «Lo que no vamos a hacer es lo que hace el PP. Defendemos ideas, proyectos y convicciones», dijo, a pesar de que admitió que hay conversaciones y que se dirigen «a los procuradores de Ciudadanos con convicción, limpieza y firmeza, y para hablar de futuro, no de puestos ni de cargos».

Para Tudanca, cabe pensar que el desenlace de la jornada fue una sorpresa. Por la mañana, durante una visita a Segovia, dejaba entrever que de las declaraciones de Gemma Villarroel o de Edmundo Bal solo cabía esperar una decisión favorable a la moción de censura. «Si uno escucha lo que están diciendo los dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León y en España, no hay ninguna razón para que no apoyen la moción. Hoy son los representantes de Ciudadanos, los que aún quedan que honestamente creen en ese proyecto político, los que están acusando al PP de ser una mafia, de ser corruptos, de comprar diputados para tumbar gobiernos. Con esos agrumentos no hay ninguna razón para no apoyar esa moción de censura», advertía el secretario autonómico de los socialistas y candidato propuesto en la moción de censura que analizará hoy la Mesa de las Cortes. «Les pido, como les llevo pidiendo semanas, una reflexión honesta», emplazó de nuevo.

Y la respuesta, ejemplificada el viernes en un acto de los doce procuradores, la ratificó ayer Inés Arrimadas en Madrid. Solo el voto discrepante de algunos procuradores de Ciudadanos podría cambiar el sentido de una moción que ayer la formación naranja condenó públicamente al fracaso con una sola frase.