Igea estalla: «Estoy harto de que los once procuradores de Cs tengan que defender su honestidad cada día»

Igea señaló, respecto de las manifestaciones de Mañueco sobre que el PSOE está buscando tránsfugas, que «no solo lo comparto, sino que lo sé. Somos conscientes, ya se hizo, ya está demostrado» y estalló. «Si la señora Sánchez dice que no nos quiere con lazo o sin lazo, no le voy a contestar porque estamos en horario infantil». Y apostilló: «Los once procuradores de Ciudadanos, que fueron sometidos a esas presiones durante semanas, tienen la honorabilidad demostrada, pero se les agrede en las Cortes de manera reiterada y les pediría a los representantes del PSOE y de la Mesa que procuren mantener el mínimo decoro que se exige a un representante electo, porque hay cosas que son absolutamente inadmisibles».

Además, extendió la filípica a los procuradores del grupo popular: «Los representantes de Cs están dando apoyo a su gobierno, hay cuatro consejeros de Ciudadanos que estamos gestionando el 50% del presupuesto. Estoy un poco cansado. Les recuerdo que esto es un gobierno de coalición y esto empieza a ser insultante«.

Al portavoz le ha acompañado en esta rueda de prensa el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, que detalló algunos de los aspectos del proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno.

Una de las novedades de esta norma, ha explicado, es que amplía su ámbito de aplicación a todas las entidades locales, si bien establece que los municipios de menos de 5.000 habitantes solo estarán obligados a hacer públicos aquellos contenidos que previamente hayan acordado. La frecuencia de actualización de estos datos será semestral para las entidades locales y se establece una moratoria de un año desde su aprobación en el Bocyl para que las entidades menores de 20.000 habitantes comiencen a aplicarla.

«Castilla y León con esta ley es la comunidad que da un tratamiento más favorable a los pequeños y medianos municipios», ha indicado Meseguer, que recordó que el 94% tiene menos de 5.000 habitantes y que la cuarta parte de las entidades locales de España están en Castilla y León.

La ley de transparencia establece obligaciones para el conjunto de la Administración General de Castilla y león, las Cortes de Castilla y León y resto de instituciones propias, las entidades locales, las universidades públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, a las empresas y fundaciones públicas, incluidas las universitarias, los consorcios, corporaciones de derecho público y federaciones deportivas. También estarán sujetos a la norma los partidos políticos y agrupaciones de electores y organizaciones sindicales y empresariales, así como sus fundaciones y asociaciones que reciban ayudas públicas, se indica desde la Junta.

En este documento quedarán registrados, al menos la información institucional y organizativa, la relativa a altos cargos, personal directivo y eventual y empleados públicos, planificación y programación, cuestiones de relevancia jurídica, atención y participación ciudadana, datos presupuestarios y económico-financieros, patrimonio, contratación administrativa y privada; convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios; ayudas y subvenciones, e información estadística e actividad inspectora.

El incumplimiento de este deber de informar conlleva sanciones para los cargos públicos no electos que, en el caso de ser reiterado, puede suponer la destitución. Además, se contemplan para las entidades que reciben subvenciones públicas y no actualicen la información en sus web multas de entre 6.001 y 12.000 euros y la inhabilitación para ser beneficiarias de ayudas públicas durante un período entre uno año y cinco años. Para las graves, con multa de 600 y 6.000 euros y en el caso de leves con amonestación y multa de 200 y 599 euros.

Asimismo, para las entidades públicas que no cumplan con la ley se les impondrán multas por una cuantía de 1.000, 2.000 y 3.000 euros por cada periodo de quince días. Se puede llegar incluso a la resolución de contratos o conciertos en caso de infracciones graves.