Los hospitales hacen pruebas al personal que empleó las mascarillas defectuosas

La Cesm presentará la próxima semana una querella ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la Consejería de Sanidad por «presunta negligencia» al poner en uso material sin haber controlado primero que cumple los requisitos exigidos.

La retirada de los almacenes no fue difícil dado que la trazabilidad permitió rastrear qué gerencias las distribuyeron, en qué centros y cuánta cantidad. El problema es que muchas ya estaban en circulación, unas ya se habían empleado y otras –dado que se prolonga su empleo dados los problemas de provisiones– estaban aún en uso. Los médicos, enfermeros, técnicos... que emplean en su día a día la mascarilla «se ponen la que las facilita la supervisora y lógicamente no se paran a mirar ni la marca ni las garantías, dan por hecho que lo que les facilitan es correcto. No esperan en ningún momento que los controles se realicen después de su distribución para ponérselas y no antes. De esta forma, los trabajadores se han enterado de que eran 'defectuosas' cuando llevaban días empleándolas y han tardado en enterarse de si las habían podido emplear o no», destacan los profesionales.

Algún centro sanitario además, aunque retiró inmediatamente las de los almacenes, tardó en incautarse también de lo que ya estaba en circuito. No obstante, todos han procedido a realizar de forma inmediata y con prioridad pruebas PCR o Elisa a los trabajadores que las emplearon. De ahí, las colas que estos días se han formado en los hospitales para someterse a este análisis.

La Cesm cuestiona la actuación «negligente de la Consejería de Sanidad en la gestión de la compra y distribución de las mascarillas defectuosas de la marca Subolum y Moloven Butterflay Type poniendo en grave riesgo la salud e integridad física de los trabajadores». Los modelos adquiridos por la Junta «fueron distribuidos en los centros sanitarios a primeros del mes de abril según sus propias declaraciones, pero sin ninguna comprobación previa sobre su idoneidad y han sido usados en la mayoría de los centros sanitarios de Castilla y León durante semanas antes de su retirada a finales de la semana pasada», destaca el Sindicato Médico.

«Esta distribución del material de protección, sin comprobar su idoneidad, se ha dado después de que ya tuviéramos la experiencia de mascarillas defectuosas compradas y distribuidas a nivel nacional, lo que indicaba que era necesaria la comprobación de los equipos de protección antes de su utilización por los profesionales; añade. Asimismo indica que «la necesaria precaución a la que obligaba esta experiencia ha sido ignorada por la Consejería de Sanidad, exponiendo innecesariamente a muchos profesionales de nuestra comunidad a un riesgo cierto de contagio por la alta permeabilidad de estas mascarillas».

Ante esta situación, Cesm presentará en los próximos días una querella «para que se diluciden responsabilidades y en el curso del procedimiento se aclare la compra, distribución y comprobación de estas mascarillas».

Sanidad no solo realiza pruebas a los sanitarios que emplearon este material sino que tiene previsto realizar test, y de forma reiterada, a todo el personal que trabaja en la asistencia, además de los miembros de la Fuerzas y Seguridad del Estado.

La consejera de Sanidad,Verónica Casado, explicó que la proveedora china ya ha comunicado a la Junta que va a sustituir las mascarillas retiradas por no cumplir con las garantías con «la mayor brevedad» y aseguró que a partir de ahora serán «más cautelosos» a la hora de creerse los certificados.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno conoció ayer la declaración de emergencia de la contratación de diversos suministros, entre ellos la compra de mascarillas, guantes, gafas e impermeables y del servicio de logística y equipamiento, que incluye hospitales de campaña, compra de ordenadores portátiles y servicio de seguridad en determinadas instalaciones de la Junta de Castilla y León, todo ello por un importe de 5.413.171, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para 2020.