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El 4 de diciembre se tomó en consideración en el Pleno la reforma de la ley de publicidad institucional. La impulsaba Unidas Podemos, con su ... único parlamentario, Pablo Fernández, y contó con los votos a favor de PSOE, Soria ¡Ya!, UPL, Por Ávila y Francisco Igea. El PP votó en contra. Vox se abstuvo. En ese momento quedaba abierto el plazo de presentación de enmiendas. La reforma propuesta por Pablo Fernández atañe solo a un artículo, el 8. Ha habido 77 días para preparar enmiendas. El plazo para registrarlas acababa este miércoles, 19 de febrero. El PP pidió una prórroga para poder elaborar las suyas. Una primera prórroga que habitualmente se concede por cortesía parlamentaria.
Pero todos los demás han dicho que no hay prórroga.
«El PP, en un intento de filibusterismo político, ha solicitado una prórroga que no tenía ningún sentido. Es la primera vez que una proposición de ley de un solo artículo necesita una prórroga para el grupo mayoritario, el que más asesores tiene», argumentó Igea. «Entendemos que un grupo que tiene 31 procuradores no necesita prórrogas para desarrollar una proposición de ley que es la reforma de un artículo. Llevamos desde que se aprobó la toma en consideración, a mediados de diciembre, hasta hoy. Tienen capacidad suficiente para presentar enmiendas», añadió David Hierro (Vox). «El PP ha intentado una maniobra dilatoria. Esta proposición de ley nos abre la oportunidad, y celebro que el resto de los grupos estén en esta batalla, para que ojalá podamos por fin meterle mano a un asunto vital para la propia democracia», sentenció Luis Tudanca (PSOE).
Así que ahora empieza a correr el tiempo, contra el reloj de la fecha electoral que se vislumbra en marzo de 2026, para reformar una ley de publicidad institucional en la que Vox ha introducido un debate inesperado para el PP: la reforma del modelo de televisión autonómica. RTVCyL recibe una subvención directa anual para su funcionamiento. Un monto que en 2024 alcanzó los 21,3 millones de euros. Es una televisión privada, propiedad de Edigrup y Promecal al 50%, pero que funciona en lo económico a partir de una subvención anual que en los últimos años ha crecido. En el año 2020 la ayuda directa era de 20 millones de euros, cifra que se garantizó a pesar de la irrupción de la pandemia, que provocó restricciones y suspensiones de la publicidad institucional en otros medios. En 2022 se incrementó hasta los 20,2, cifra que se mantuvo en 2023. Y en 2024 creció 1,1 millones más.
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Además, la televisión autonómica privada, sufragada con dinero público, participa de la publicidad institucional. A pesar de que desde la Junta se ha dispuesto que, dada la ayuda directa, se le deje fuera de esas campañas, RTVCyL ha recibido del Ejecutivo autonómico, entre 2014 y 2023, 440.826 euros. De ellos, 402.605 aparecen facturados a Radio Televisión Castilla y León; otros 36.405 euros para Televisión CyL8; y una partida de 1.815 euros para La 8 León. Además, algunos diputaciones y ayuntamientos contratan publicidad institucional con la televisión autonómica. La Diputación de Valladolid, por ejemplo, contrató con Radio Televisión Castilla y León la «campaña de comunicación Semana Santa 2024 La 7» por 4.752 euros.
La reacción del PP, expuesta por su portavoz parlamentario, Ricardo Gavilanes, ha sido el desaire. «Se presentó hace unos días a esa prórroga, porque a pesar de ser un artículo único afecta a una diversidad de leyes. Por cortesía parlamentaria, siempre se ha concedido a todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, el PP no se opuso a la [petición de prórroga] del PSOE [para la ley] de violencia de género. Es lo que hemos solicitado. Se ha rechazado por parte de los grupos alegando que como es un solo artículo había tiempo para presentarlo», relató Gavilanes. «Queríamos presentar enmiendas, pero no nos lo han permitido. Nos han coartado», lamentó.
Pero para todos los demás grupos solo se trataba de una maniobra.
Lo que más ha descuadrado al PP ha sido que la propuesta salga de Vox. De hecho, intentaron conocer antes en qué sentido iban a ir las enmiendas de los de Santiago Abascal. La respuesta de Vox fue, primero, el silencio. Y después, registrar directamente las enmiendas. Hechos consumados. De ahí el enfado popular con su ex socio de Gobierno, que ha descubierto que actuar como oposición le concede más réditos que cogobernar. «Nos llama poderosamente la atención que Vox, que tanto insiste en 'nada a la izquierda, no darle agua a Sánchez ni al PSOE', ahora pacta y coarta un derecho que tiene el PP, pactando incluso con Podemos. Vox está claramente arrimado a la izquierda», concluyó Gavilanes.
Desde Vox, mientras, recuerdan que sus enmiendas se presentaron el viernes pasado y no fue hasta el lunes cuando el PP, al comprobar el sentido de las propuestas de su ex socio, decidió solicitar una prórroga. La decisión de Vox, de hecho, ha tensado las relaciones de ambos partidos en las Cortes de Castilla y León.
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