Vox lanza una enmienda para que el parlamento autonómico controle RTVCyL

Pablo Fernández, único procurador de Unidas Podemos, presentó una proposición de ley para reformar la norma de publicidad institucional con intención de evitar que la Junta aporte dinero a «medios que difundan bulos». Añadía alguna modificación en la introducción y matizaba el artículo 8 con un apartado en el que aboga por «prohibir la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados […] a rectificar de forma reiterada informaciones inexactas».

El PP intentó contactar semanas atrás con Vox para conocer qué enmiendas iban a presentar a ese texto de Unidas Podemos. En el seno de la formación de Santiago Abascal existía desde hace tiempo, desde antes de la ruptura del pacto de Gobierno, la sensación de que algunos medios autonómicos trataban mal a Vox por el modo en que el PP utiliza el reparto de publicidad institucional. Lo que tanto Francisco Igea como Luis Tudanca (PSOE) han denunciado en los debates en el hemiciclo como «una red clientelar». La respuesta de Vox ha sido registrar, entre las enmiendas a ese artículo 8, una que busca que la televisión autonómica, RTVCyL, privada pero financiada con dinero público, sea controlada por el parlamento.

La televisión es propiedad al 50% de los grupos Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri), empresarios vinculados a la construcción. Su financiación se decide en la Comisión de la Televisión Digital Terrestre en las Cortes, de la que en su momento formaron parte tanto Francisco Igea, como vicepresidente por Ciudadanos, como Juan García-Gallardo, como vicepresidente por Vox. Ahora Vox solicita, en primer lugar, la «supresión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre». Y a partir de ahí, su sustitución por un 'Consejo' integrado «por cinco miembros elegidos por las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios» de la cámara.

Propone que los candidatos a ese consejo, que imita el de TVE, sean «personas de relevantes méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público y/o con el sector audiovisual y los medios de comunicación».

Ese consejo tendría, según la redacción de la enmienda de Vox, una serie de funciones que incluyen «velar por la independencia de la información difundida y promover la neutralidad editorial en lo referido a sus funciones de servicio público». Y también «aprobar el informe anual sobre el cumplimiento de la misión de servicio público atribuida y fiscalizar si la programación emitida se ajusta al objetivo de servicio público encomendado».

Una de las claves del texto de Vox radica en el apartado en el que indica que, si la financiación pública supera «el 50% del importe neto de su cifra de negocios», el Consejo intervendrá en el nombramiento del personal directivo. Y podrá, además, «promover su destitución». Una de las quejas recurrentes de Vox -que desplegó el procurador fallecido Javier Carrera- se refería a la incapacidad de las Cortes de conocer cuánto cobran los altos cargos de la televisión autonómica. Un salario que se mantiene en privado, señalan, a pesar de que la televisión recibió en 2024, por ejemplo, 21,3 millones de euros de subvención directa para su funcionamiento. En 2023 fueron 20,2 millones. Y durante la pandemia, cuando se suspendieron los convenios de publicidad institucional con los demás medios de comunicación, se mantuvo la aportación íntegra a la televisión autonómica. Hay que recordar que, además de la subvención directa, RTVCyL participa del reparto de publicidad institucional.

Con esta iniciativa, Vox pretende «suprimir el control» que, a su juicio, ejerce el PP sobre la televisión autonómica y que se comporte como una televisión pública que se someta a auditorías y evaluación periódicas.

Francisco Igea también ha registrado una enmienda que busca cambiar el modelo televisivo existente por uno sometido al control público. Y el PSOE ha enviado este mismo miércoles 19 enmiendas más. Muchas de ellas se refieren a la exposición de motivos de la ley o al artículo que define lo que se debe considerar publicidad institucional y lo que no. Y propone que la comisión de secretarios generales de la Junta elabore «un plan anual de publicidad institucional» que debería publicarse en el portal de transparencia. Abunda, como el texto promovido por Pablo Fernández, en los asuntos referidos a la propagación de bulos. Por ejemplo: «La administración autonómica exigirá compromiso expreso de veracidad y objetividad con carácter previo a la contratación [de publicidad institucional]».

Los socialistas no se han pronunciado aún sobre si apoyarán la enmienda de Vox sobre la televisión autonómica. Sin embargo, los de Abascal buscarán apoyos en el resto del hemiciclo para intentar evidenciar la postura del PP en este asunto.

Los populares, mientras tanto, han pedido que se prorrogue el plazo de enmiendas. Este periódico ha intentado conocer la posición del PP sobre el porqué de su petición de prórroga y si tiene que ver con las enmiendas de Vox o una intención de dilatar el proceso, como sospechan los de Abascal. No ha habido respuesta. La primera prórroga suele ser una cuestión de cortesía parlamentaria, pero en este caso hay voces que opinan que es una maniobra de los populares para dilatar los tiempos. Las elecciones están a 13 meses vista y si no se aprueba antes de las elecciones, decaerá la proposición de reforma de la ley. El argumento para rechazar esa prórroga es que la proposición de Pablo Fernández aborda la reforma de un único artículo, el 8, por lo que no se puede aplicar el mismo rasero que ante una ley completa. La Mesa de las Cortes deberá decidir este jueves si se aprueba esa prórroga o no. En caso contrario, continuaría su tramitación.