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La primera comunidad en recibir la llamada al orden ha sido Aragón. Le seguirán Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El Gobierno ha anunciado ... que abrirá un procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional «para abrir un proceso de diálogo» con Aragón y «reconducir» la ley de Concordia, que es un calco a la pactada en Castilla y León entre PP y Vox. El Gobierno se ha hecho fuerte con el informe de los relatores de la ONU -descalificados por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por su presunto sesgo ideológico-, y lo utiliza como argumento principal para pedir la revisión de la norma. «Lo lógico es sentarse para ver lo que dicen los relatores de Naciones Unidas y adaptar la ley. Lo que no se puede hacer, porque no les gusta la comunicación de los relatores, es desacreditarlos», justificaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La respuesta de Castilla y León ha llegado a través del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), que ha enviado una carta al ministro en el que rechaza la intromisión del Gobierno en la labor legislativa autonómica. El resumen de la contestación se ha brindado a través de una nota de prensa en la que se explica que «Pollán denuncia el uso partidista del Gobierno Central, al que acusa de vulnerar el principio de la separación de poderes. El presidente considera que el Ejecutivo está tratando de influir en un procedimiento legislativo en curso, despreciando la autonomía legislativa de las Cortes de Castilla y León».
Porque de hecho la proposición de ley que presentaron PP y Vox en su momento aún se encuentra en tramitación. En su presentación, semanas atrás, los portavoces Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez confiaban en tenerla promulgada antes del verano. «La actuación legislativa de la cámara se ajusta siempre al ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la normativa internacional que sea de aplicación», asevera Pollán en su escrito.
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El Gobierno hace hincapié, mientras, en la autoridad de quien elabora el informe. «Se emite conjuntamente por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias», explica la nota de prensa del Consejo de Ministros. Y reseña algunas de las conclusiones del informe de los relatores de la ONU: «Según los autores del informe, las iniciativas legislativas de estas comunidades autónomas no hacen referencia explícita a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista, suprimen entidades y actividades de memoria histórica y olvidan en algunos casos instrumentos preexistentes, como mapa de fosas, actividades dirigidas a localización, exhumación, identificación de desaparecidos o protocolo que garantice el rigor científico».
Aunque se centra en Aragón por ser la primera comunidad en anular la aplicación de la norma sobre memoria democrática, el Gobierno incluye su invitación «al diálogo y a la negociación también con Comunidad Valenciana y Castilla y León para que las dificultades de constitucionalidad que ahora se aprecian puedan ser corregidas».
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