El Gobierno pagará a Castilla y León 185,9 euros al mes por cada 'mena' en acogida

Pero, ¿cuál es el coste total del mantenimiento de cada uno de ellos dentro del paraguas del servicio de protección a la infancia de la Junta? Es un dato que no ha cuantificado la Administración autonómica, al igual que no se sabe con exactitud el número de 'menas' que residen en Castilla y León a fecha de hoy, ni tampoco los que ya han cumplido la mayoria de edad y están en plena transición a la espera de permisos de residencia y trabajo para regularizar su situación.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León no dispone de la cifra exacta de los que residen actualmente en la comunidad, puesto que es la Junta la Administración con competencias en materia de protección de menores y esta, aseguran, no les ha «actualizado» los datos. La última cifra oficial es la que figura en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados de la Fiscalía, a fecha de diciembre de 2019: estaban inscritos bajo tutela o servicios de protección 12.417 niños (2.873 llegaron ese mismo año en pateras), de los que 86 se localizaban en Castilla y León, lo que sitúa a la comunidad en el quinto lugar entre las autonomías con menos acogimientos de estos niños migrantes. La dificultad para determinar cuántas personas están en esta situación la reconoce la propia Fiscalía General del Estado que, en su última memoria de 2020, se propuso como «objetivo prioritario» establecer «mecanismos de supervisión transversal para saber dónde y en qué situación se encuentra el menor para el debido funcionamiento registral, la protección efectiva del menor y para evitar situaciones de peligro».

El mes pasado llegaron los últimos 25 a Castilla y León y se les ha ubicado en hogares tutelados de León, Palencia y Zamora. La mayoría son chicos que tienen entre 13 y 16 años, buena parte de ellos procedentes de Marruecos y originarios de varios países africanos. El revuelo mediático suscitado por el coste de su supervivencia para las arcas públicas y su criminalización al asociarles con la inseguridad ciudadana en algunos territorios indigna a quienes trabajan cada día con ellos. Empezando por el acrónimo de 'mena' que, dicen sus cuidadores, «les cosifica».

«¡Ni por asomo los chicos cobran ayudas o sueldos de más mil euros como se está publicando! Ni siquiera la factura mensual de la casa llega a 400 euros, viven prácticamente de donaciones: comida del banco de alimentos o que donan grandes superficies, se visten del ropero de organizaciones con las que trabajamos en red... Las cuentas se ajustan al máximo y cada factura es auditada», explica Susana Mozo, educadora social de la Fundación La Merced Migraciones.

Esta organización supervisa a cerca de una veintena de jóvenes inmigrantes (seis de ellos ya han cumpido la mayoría de edad) que residen en Valladolid. Cada 'casa', donde viven cinco o seis, funciona como una familia y a cargo de ellos están dos educadores y una trabajadora social que les acompañan en este programa para la integración sociolaboral que dura tres años de papeleos con el objetivo de su regularización. Con ellos ejercen también de figura parental y hasta utilizan como «herramienta educativa» la propina que les dan, «si se portan bien». No pasa de los 50 euros al mes. Y como cualquier otro menor, tienen ajustarse a unas normas de convivencia, estudiar y, si estan en edad, trabajar para mandar dinero a casa. «Ese es el objetivo, es a lo que han venido», subraya Vanesa Encinas, la trabajadora social.

Hace cuatro años, cuando la Merced –pionera hace tres décadas en la atención a este colectivo– puso en marcha su proyecto en el barrio de la Victoria, los vecinos se sorprendían cuando veían pasear a «tanto chico negro». Sule señala que cuando llegó, se sentía «muy negro entre los blancos», pero que ahora tiene una familia en Valladolid. «No hay nada como conocer a las personas para romper prejuicios», comenta el educador Fernando Del Pozo, pero reconoce que «el relato del odio» que compara el mantenimiento de cada uno de estos menores a la pensión mensual de una abuela española no contribuyen precisamente a suavizar el difícil camino por el que transitan estos chicos, que ya han tenido tiempo de sobra de darse de bruces contra la realidad. Sule ya sabe que esta no es la tierra del «todo gratis». Pero, además, los chicos soportan la presión de sus familias, que les atornillan para que manden dinero. «Son demasiadas presiones, que no hay que olvidar que son unos niños en situación de desamparo», subraya Fernando del Pozo,«niños que toman decisiones de adultos. ¿Tú te subirías a una patera?».

Lo de «la gran mentira» de «los sueldos» que cobran los 'menas' lo corrobora también Daniel Duque, responsable de Accem en Castilla y León. Esta organización especializada en la atención a refugiados gestiona tres hogares, de diez plazas cada uno, en León, Segovia y Ávila. La mayoría son chicos marroquíes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años, aunque también hay algún latino y alguna chica. «Reciben una propina semanal de entre 6 y 12 euros» y el resto de gastos, apunta, «es muy similar al de cualquier menor en su entorno familiar: alojamiento, alimentación y ropa cuando lo necesite. La única diferencia son los profesionales que están con ellos debido a la situación vulnerable en la que se encuentran». Es similar, subraya, «a la atención que puede recibir una persona en situación vulnerable que necesita de un trabajador social, un psicólogo o un dentista». Manifiesta que es muy difícil calcular por lo que sale cada menor al mes, «pero lo que es seguro es que ni se acerca a las cifras que se han publicado. Si fueran reales esas cantidades, el coste del recurso sería imposible de mantener por ninguna administración». Duque considera que «más allá de la cantidad, lejos de ser un gasto es una inversión para enraizar a gente joven y más en Castilla y León, con el problema tan grave de despoblación que tenemos».

Determinar la edad. Si la minoría de edad no puede establecerse cuando es localizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía entra en juego y pide pruebas médicas para establecer la edad. Si se confirma que es menor de 18 años, el fiscal pone al menor bajo tutela de los servicios de protección, en este caso, de Castilla y León.

Repatriación. La Subdelegación del Gobierno de la provincia donde viva el menor extranjero no acompañado es la competente para tramitar su repatriación. Se acordará el inicio del procedimiento de repatriación si se considera que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación familiar o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen. En la práctica, la devolución del menor a su país de origen es rarísima.

Juicio suficiente. A los mayores de 16 y menores de 18 años se les reconoce capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Los menores de 16 años, con juicio suficiente, que manifiesten una voluntad contraria a la de quien tiene su tutela, se suspenderá el procedimiento hasta que se les nombre un defensor.

Procedimiento judicial. Si el menor está inmerso en un procedimiento judicial, la ejecución de la repatriación estará condicionada a la autorización del juez.

Residencia. Cuando se acredita la imposibilidad de repatriación del menor, y en todo caso, transcurridos nueve meses desde que haya sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores, se le concederá la autorización de residencia. El permiso tendrá vigencia de un año .

Trabajo. Para el menor que esté en edad laboral y vaya a trabajar se podrá solicitar una autorización administrativa para trabajar para actividades temporales o una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena para actividades estables, que se podrá renovar por Extranjería por un año, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración. La autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación por el interés superior del menor.

Mayoría de edad. Los menores tutelados con autorización de residencia y que alcancen la mayoría de edad podrán solicitar la renovación de la misma. Se tendrá en especial consideración el grado de inserción. Tendrá que acreditar medios económicos para su sostenimiento en una cantidad que represente mensualmente el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La vigencia será de dos años, salvo que sea de residencia de larga duración.

Integración sociolaboral. En el caso de que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas para favorecer su integración social, la Junta podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.