Un fondo de inversión encabeza las empresas que controlan el 25% de las residencias de Castilla y León

El otro 75% de plazas restante, con una media de 40 a 60 residentes por centro, se indica desde Acalerte, se las reparten en pequeñas empresas familiares y ayuntamientos del medio rural. La asociación que engloba a la mayor parte de empresarios del sector en la comunidad puntualiza que los grandes grupos están presentes en casi todas las provincias pero que «la propiedad no tiene que ver con la gestión», pues puede ser externalizada. «Hay mucha diferencia en las ratios, porque tenemos residencias que albergan 12 personas hasta grandes grupos que suman más de 2.000 residentes», matizan desde esta asociación.

Luego está la Junta que, si bien tiene las competencias en el ámbito de los servicios sociales y concretamente en el de mayores, solamente detenta la titularidad de 25 de estos centros asistenciales, algunos de gran capacidad, como la residencia de Parquesol, en Valladolid, con más de un centenar de residentes, donde el personal ha puesto este lunes en manos de la Gerencia de Servicios Sociales un pormenorizado diario de las deficiencias de gestión detectadas desde que se decretó la cuarentena social.

DomusVi, cuya sociedad matriz está domiciliada en Galicia y pertenece a un fondo de inversión británico, tiene un total de nueve centros privados en Castilla y León, que suman 1.346 plazas privadas y 122 públicas o concertadas, en total, 2.468 plazas. Dos de sus residencias en Valladolid y León están en el ojo público por el alto nivel de mortandad y «oscurantismo» que denuncian sindicatos y familiares desde que se declaró el estado de alarma. Según informan estas fuentes –la empresa se acoge a la Ley de Protección de Datos para no facilitar información sobre el estado de los residentes, a quienes ya se les ha hecho los test– en la residencia de Arroyo de la Encomienda, donde había 200 residentes, cuentan más de 60 fallecidos, si bien no se habrían producido muertes en la última semana. Varias familias de fallecidos en este centro ya estudian la vía judicial «para cuando esto termine».

En la de Virgen del Camino de León son 54 los fallecidos por covid (otras dos muertes son por otras causas) y hay 73 residentes que han dado positivo en los test, indican desde Comisiones Obreras, quien insiste en que lleva denunciando la precariedad y las condiciones hace muchos años y se nos tachaba de alarmistas».

En muchas residencias de propiedad pública se encomienda la gestión a alguno de estos grupos del tercer sector, como ocurre con Clece que, a través de filiales como Senior, se ocupa de pequeñas residencias municipales como la de La Seca, que también ha pasado por dificultades por el alto contagio en residentes y trabajadores, aunque según fuentes municipales y sindicales, en la última semana se ha reconducido la situación.

Clece gestiona en Castilla y León 27 residencias públicas y también privadas, que albergan a 1.784 residentes. A propósito de cómo está afrontando la crisis sanitaria en sus centros, destacan «el esfuerzo y la disponibilidad total de sus profesionales» y señalan que «desde el momento en que se conocieron los primeros casos de covid-19 en España», se adelantaron con protocolos de actuación y equipos de protección y que, cuando se dieron las directrices por parte de las autoridades las han cumplido «al milímetro». Incluso, apuntan, han apoyado a otras residencias con dificultades, como la de Adrada de Haza (Burgos), la primera en ser intervenida por la Junta y que, finalmente, fue clausurada. Desde el punto de vista de que «las residencias son centros sociales, no sanitarios», consideran que es esencial el apoyo del servicio de salud y que los residentes tienen derecho a que se les atienda en los hospitales como a cualquier otro ciudadano. Sostienen que la grave incidencia en los centros de mayores se podría haber «minimizado entre todos» si a las residencias «hubieran llegado antes órdenes estrictas de confinamiento, test y un apoyo sanitario general».