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La Fiscalía de Valladolid fue la primera en abrir una investigación a una residencia, la Casa de la Beneficencia de Valladolid, ante la alta mortandad registrada en el centro y el elevado número de contagios. Ahora, la Fiscalía General del Estado ha añadido a la lista otras cinco residencias más, dos que también se ubican en Valladolid y otras tres, con domicilio en León, Salamanca y Soria, respectivamente. Fuentes próximas al ministerio público han recordado que la primera denuncia genérica que llegó a la Fiscalía Superior de la comunidad procedente del Defensor del Paciente se archivó, pero a raíz de la alta vulnerabilidad del colectivo de las residencias se ha decidido actuar de oficio. Por el momento, en Castilla y León no se han recogido denuncias directas interpuestas por familiares de residentes, según han indicado las mismas fuentes.
Coronavirus en Castilla y León
En el ámbito penal constan un total de 86 diligencias de investigación incoadas a residencias de todo el Estado por las fiscalías, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores delos establecimientos, entre otros.
En paralelo, hay abiertas 121 diligencias civiles en las fiscalías de todo el Estado, 15 de las cuales corresponden a Castilla y León, que se enmarcan en su función de amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad como son, en este caso, el colectivo de mayores y otros dependientes. Estas diligencias tienen como objetivo «recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución, así como resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del ministerio fiscal en este ámbito», señala en un comunicado la FGE.
Explica que también en el marco formal de las diligencias civiles, los fiscales han dado respuesta a las solicitudes cursadas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han interesado el auxilio del ministerio fiscal.
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