La Fiscalía extiende la investigación sobre el fuego de la Culebra al megaincendio de Losacio

Según han confirmado fuentes próximas al ministerio público, la denuncia presentada por el Partido Socialista se ha acumulado a las diligencias de investigación ya abiertas por el incendio de la Sierra de la Culebra del 15 de junio y esta investigación preliminar ha llevado a incoar una nueva línea de investigación enfocada al incendio que se desató en la localidad de Losacio el 15 de julio. En este punto de las pesquisas, la Fiscalía permanece a la espera de recibir los informes al completo de estos incendios solicitados a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

El pasado septiembre, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, anunciaba la presentación de la denuncia ante lo que consideran la «negligencia manifiesta» de la Junta en la gestión del incendio declarado a mediados del pasado mes de junio en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. «Es evidente que hay una negligencia política manifiesta y lo que queremos saber ahora es si también hay negligencia penal y quiénes asumen responsabilidades», indicó.

«La insuficiencia de medios en protección ambiental era general y estaba siendo puesta de manifiesto por los propios funcionarios de la Consejería. En un escrito que firman todos los técnicos y jefes de sección de Protección Ambiental, del 11 de junio, ya avisaban de que, con los medios actuales, no había garantías suficientes para hacer de forma correcta la protección medioambiental. Esos mismos funcionarios, después del incendio, exigieron el cese del consejero, considerándolo un peligro público para la sociedad», anotó.

La secretaria de Organización del PSOECyL insistió en que «nos hemos visto en la obligación de acudir a la Fiscalía después de haber agotado todas las vías políticas desde que sucedió ese incendio. Es un hecho objetivo que el tratamiento que el Partido Popular y Vox ha tenido a la hora de dar explicaciones, información y empatizar con los zamoranos ha sido insultante y ofensivo», sentenció respecto de la negativa de la Junta a la constitución de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas después de que el consejero del área se negara a dimitir de su cargo.

Ana Sánchez incidió en que el megaincendio de La Culebra «se pudo haber evitado. Carecíamos del operativo bien dotado, hubo omisión absoluta de las advertencias de organismos nacionales e internacionales, hubo una falta deliberada de medios y las propias comunicaciones internas de la Junta así lo revelan y todo esto lo hemos apuntado. Hemos conocido que la Junta hizo negocio, como siempre, antes del incendio y es necesario saber qué pasó durante y después».

Desde mediados de agosto, la Fiscalía Superior tomó cartas en el asunto y comenzó a recopilar toda la información para evaluar si hay responsabilidades penales en la cúpula de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Las denuncias de CSIF y Greenpeace dirigidas contra el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández y el director general de Patrimonio Ambiental, José Ángel Arranz Sanz, a quienes responsabilizan del desastre ambiental en la reserva de caza y sus municipios, fueron remitidas desde Zamora a la sede de la Fiscalía Superior en Burgos, que ya había abierto diligencias de investigación desde el 25 de julio a instancias de Comisiones Obreras.

La base de estas denuncias es la misma, de forma que la fiscal delegada de Medio Ambiente las ha unido en un único procedimiento. En el de la Sierra de la Culebra, que quemó 30.000 hectáreas, en concreto, «inicialmente no se plantea la autoría, porque este incendio fue provocado por una tormenta eléctrica. Estaríamos hablando de la gestión, prevención y organización de los medios y hay que estudiar si existen indicios de criminalidad en la gestión, si hubo una actuación negligente por parte de las autoridades que merezca reproche penal», explicó entonces el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena. Los atestados de Zamora no serán investigados por la Fiscalía de esta provincia sino por la Fiscalía de la comunidad, al dirigirse las denuncias contra un político aforado del Gobierno regional y, por tanto, la competencia recae sobre la Fiscalía Superior. En el caso de que prospere la acusación contra el consejero y se abra un proceso judicial, este tendría que ser enjuiciado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.