La fiscal advirtió hace dos años de que era necesario certificar la entrega documental

«Había que haber aprendido del caso PGOU, donde ocurrió lo mismo», ha recordado el letrado Jesús Gómez-Escolar, que representa a la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández en el proceso. La propia representante de la Fiscalía lo ha recordado ante el tribunal, minutos antes de que el magistrado presidente decidiera suspender la primera jornada del juicio, antes de empezar, para deliberar si, como han solicitado los abogados y las tres acusaciones para no conculcar el principio de defensa y que no se plantee la anulación del juicio, hay que devolver los autos al instructor para que se traslade la documentación que falta, en el formato que sea (y, «si son archivos digitales, que se puedan abrir», apostillan los letrados) y se certifique que a todos les ha llegado completa.

Las cuatro primeras defensas han sido quienes han expuesto la situación de la falta de partes documentales del procedimiento como cuestión previa a la celebración del juicio y a ello se han sumado el resto de los doce letrados. Su petición de suspensión por esta causa ha sido respaldada por la fiscal y las otras dos acusaciones, a pesar de que todos han puesto de manifiesto «la penosidad» que supone que vaya a suspenderse el juicio después de nueve años de instrucción.

El ejemplo de este fallo lo ha experimentado el propio tribunal días antes de la vista, cuando solicitó un dispositivo para consultar una documentación concreta y se pudo comprobar que ese cedé no estaba. «Pero a todos nos han desaparecido cosas, el traslado de información por parte del juzgado ha sido muy deficiente. Incluso yendo allí para mirar lo que falta, no lo hemos encontrado, hemos pasado mañanas enteras abriendo y cerrando archivos digitales», comenta el abogado José Fernández, letrado del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán.

La devolución del procedimiento al juez instructor supondrá un nuevo retraso en el macrojuicio, después de nueve años de instrucción. Un aplazamiento, calcula el abogado José Fernández, que puede llegar «hasta el próximo mes de octubre, teniendo en cuenta todo el trámite (comprobación de los documentos que faltan, reajuste de los escritos de defensa, en su caso, el mes de agosto, que es inhábil, y el encaje del nuevo señalamiento en la agenda de la Audiencia)». Hasta otoño, indican otros letrados de la defensa consultados, lo que acercaría este macrojuicio a otro no menos complejo y largo, «primo hermano» de la Perla Negra porque comparte algunos protagonistas en el banquillo: la trama eólica, cuyas actuaciones han concluido en el Juzgado de Instrucción 4 y está tan solo a falta de fecha para el juicio.

Un encaje de bolillos en el calendario de la Audiencia de Valladolid, que arrastra un buen número de vistas que fueron suspendidas por la pandemia y que tiene previsto celebrar este año, como el proceso a la famosa banda del BMW, programado para varios días del próximo mes de mayo.