Caso Perla Negra: 12 acusados, 12.000 folios y 23 días de juicio a la corrupción

El tribunal, presidido por el magistrado de la Sección Segunda Miguel Ángel de la Torre Aparicio, pretende culminar el juicio en 23 días, Semana Santa de por medio, y ya se ha advertido a los letrados que «si se tienen que utilizar las tardes y los viernes, se hará». En principio, la programación adelantada por el Tribunal Superior de Justicia es que los acusados hagan uso de su derecho a la última palabra el 24 de abril, día del visto para sentencia. Son cinco cargos y excargos de la Junta en el mandato de Juan Vicente Herrera y siete empresarios afines al Partido Popular y supuestamente beneficiados en los 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda (hoy, edificio de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo.

Unas operaciones que habrían resultado ruinosas para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Geturcal, pérdidas que al final tuvieron que ser asumidas por la propia Junta, según subrayan las acusaciones.

Tras siete años de diligencias, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, emitió en febrero de 2019 el auto de imputación, en el que redujo la lista original de casi una treintena a estos doce imputados. Se trata de cinco excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo –de los tiempos del consejero y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, también investigado pero que falleció durante la instrucción–, y siete empresarios afines al Gobierno regional que se habrían beneficiado de las operaciones. Se celebrará el juicio contra ellos en la Audiencia de Valladolid aún con las restricciones de aforo en la sala de vistas por la covid, lo que obliga a los periodistas a seguirlo por Youtube.

Durante 23 días van a sentarse en el banquillo los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE ; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

Se les acusa de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011. Los doce se enfrentan a un conjunto de peticiones de penas de prisión que suman 221 años de cárcel, en el caso de las calificaciones del PSOE, o los más de 70 años de prisión que solicita para todos ellos el ministerio público.

La fiscal del caso y especialista en delitos económicos, Ana Valle, atribuye al equipo de confianza del consejero Villanueva «en concertación» con los empresarios, esos seis delitos de corrupción vinculados a las operaciones de arrendamiento y posterior compra del edificio de la Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda y de las parcelas para el parque industrial en Portillo. Pide las mayores condenas para los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández: 11 años de prisión para cada uno, y para el exconsejero delegado de Gesturcal y funcionario de la Junta Juan Carlos Sacristán. Los tres serán este lunes, los primeros acusados en declarar ante el tribunal, aunque las cuestiones previas que planteen las defensas antes de empezar el juicio pueden alargar el interrogatorio más allá de la previsión inicial de tres encausados por día.

La acusación pública argumentará durante el juicio que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública Gesturcal (después Ade Parques) pagara por el inmueble de Arroyo –conocido como Perla Negra, sobrenombre acuñado por los propios funcionarios de la Junta en alusión al elevado coste del edificio, recién estrenada la película de piratas de la saga de Jack Sparrow– casi 60,5 millones de euros «cuando su valor no debió superar los 50 millones» y que además abonara otros 9,7 millones de euros por conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3». Respecto de los terrenos de Portillo, concluye, «las actuaciones concertadas por los acusados no solo determinaron un considerable incremento del precio de las fincas que pagó ADE Parques, superior a los 3 millones de euros, sino el pago de otros conceptos que supusieron 3,3 millones de euros más». Además, enjugó las deudas de las empresas promotoras, con lo que la situación financiera de ADE fue empeorando: en 2010 tuvo pérdidas de 10,2 millones. Portillo sigue esperando que se construya el parque industrial.