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El Estado ha ejecutado en la mitad del año el 32,7% del total de inversiones presupuestadas en Castilla y León para todo el ejercicio. En concreto, a fecha del pasado 30 de junio, la Administración General del Estado y sus organismos y empresas habían ... reconocido obligaciones por valor de 306,12 millones de euros dentro de los 935,15 millones previstos para el conjunto del año, según figura en el balance de la Distribución Territorial de la Inversión del Sector Público Estatal elaborado por la Intervención General del Estado.
La tasa de realización efectiva es superior en la región que en el conjunto del país, donde se sitúa más de siete puntos por debajo, en el 25,6%. Las comunidades autónomas donde el Estado va más avanzado en el cumplimiento de las obligaciones para 2022 son Cataluña (64,2% de ejecución en junio) y Navarra (61,3%).
El gasto de la Administración en obras no suele ser homogéneo a lo largo de los meses y es habitual que en la segunda mitad del año se ejecute más del 50%. Por ejemplo, el año pasado se llegó a junio con un porcentaje de ejecución similar al de éste y en la segunda parte de 2021 se ejecutó un 60%, lo que dio una tasa de cumplimiento de entorno al 92%.
Los 935 millones de euros presupuestados para este ejercicio suponen un 17% más que los 799 millones adjudicados a la comunidad en el año anterior. Ylos 306 millones ya gastados o comprometidos representan un incremento del 19% con respecto a los 257 que se llevaban ejecutados a mitad de 2021. En definitiva, el gasto público ha puesto en circulación en la región entre los meses de enero y junio 50 millones más que en el ejercicio previo.
Más en detalle, de los 378,52 millones en créditos consignados para inversiones reales, la Administración General del Estado (AGE) había ejecutado 159,98, es decir, el 42,3%. La media nacional en este apartado es del 33,6%, aunque también es cierto que hay autonomías comoMadrid, donde a 30 de junio se había materializado el 102% de lo presupuestado inicialmente y Cataluña, donde el porcentaje de ejecución sobre lo previsto es del 456%.
Los organismos autónomos del Estado presentan unas obligaciones reconocidas de 16,37 millones sobre un total de 30,65, lo que arroja un grado de ejecución del 53,4%, muy por encima del 18,2% medio del agregado del país.
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Las entidades del sector público, que tienen presupuestados para todo el año 3,37 millones, han materializado 723.919 euros; mientras que el sector público empresarial, con un montante anual previsto de 522,61 millones, llevan gastados 129,04 millones, es decir el 24,7% (el promedio nacional es del 21%).
Entre las inversiones reales de la AGE, el de mayor presupuesto es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 347,68 millones presupuestados, de los que ya ha ejecutado 127,93, es decir el 36%. Muy diferentes son las cosas en la actuación del Ministerio de Defensa, el que tiene consignada la segunda mayor partida: 20 millones de los que solo presenta reconocidas obligaciones por valor de 13.500 euros.
Mientras, Transición Ecológica y Reto Demográfico ha ejecutado más de lo presupuestado en un principio (10,55 millones, cuando solo contaba con un crédito inicial de 500.000 euros) y algo parecido sucede con Justicia y sus 14 millones invertidos sobre un presupuesto de 2,58.
Los organismos adscritos a Transición Ecológica (las confederaciones hidrográficas, Parques Nacionales y la Agencia Estatal de Meteorología) cuentan con un presupuesto de 20 millones de ya han comprometido 12,74, es decir el 63,5%.
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En cuanto al sector público empresarial, el que más fondos maneja, Adif-Alta Velocidad, ha invertido ya 65,58 de sus 196,53 millones, lo que supone el 33,4%. El segundo mayor brazo inversor del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que no son Ave, con 161,39 millones previstos, ha invertido hasta junio 22,71, solo el 14%.
También llevan un bajo nivel de ejecución, del 18,7%, la Sociedad Mercantil de Infraestructuras Agrarias (7,49 de 40,12 millones); al igual que Aguas de las Cuencas de España, el 16,3% de sus 26,99 millones previstos.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que lleva a cabo el desmontaje de la central nuclear de Garoña, ha ejecutado hasta mitad de año 9 de los 18 millones presupuestados.
El total de obra pública en Castilla y León por fecha de apertura de las licitaciones alcanza los 1.126 millones de euros con una variación positiva del 9,9%, según constata la Cámara de Contratistas. La principal responsable de este incremento es la administración regional, que se sitúa a la cabeza con el 50,9% del total, es decir 573 millones, lo que supone un aumento del 137% sobre 2021. La administración local alcanza los 324 millones, el 28,8% del total y una subida del 6,8%.
La administración central, por el contrario, presenta la licitación más baja, con 229 millones acumulados, el 20,3% del total y una variación negativa del 52,3% respecto a 2021.
La mayor obra de cuantas se encuentran en marcha en la comunidad es la restauración ambiental de la explotación a cielo abierto de la Gran Corta en Fabero por parte de la Consejería de Medio Ambiente, por valor de 37 millones. La segunda, con 30 millones, es la construcción de plataforma de alta velocidad Palencia - Aguilar del Campoo por parte de Adif; y la tercera la ampliación del Parque Tecnológico de Burgos (29,9 millones). Cerca se sitúa la construcción del edificio de consultas externas del Clínico de Valladolid, con 29 millones.
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