El Estado invierte en Castilla y León el 4,5% menos

Las obras de construcción de la línea de alta velocidad entre Palencia y Cantabria, que el año pasado trabajó a la altura de Amusco y Aguilar de Campoo, así como el resto de intervenciones de Adif, recibieron la aportación más elevada, según el informe de la Intervención General del Estado. En concreto, acapararon una quinta parte del total.

La inversión total, de 12.759 millones, otorgó 2.086 millones a Madrid; 853,8 a Andalucía y 739,8 a Cataluña. La cuarta mayor receptora de fondos, Castilla y León tuvo el 5,7% del total nacional.

Las inversiones reales de la Administración General de Estado (AGE) ascendieron a 403,9 millones, frente a los 346,6 previstos inicialmente, lo que produjo un grado de ejecución del 116,5%, frente a una media del país del 89,5%. Destacan las obligaciones reconocidas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 308,1 millones; así como los 30,4 millones del Ministerio de Justicia; o los 29,8 millones de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en estos dos últimos casos muy por encima de los créditos iniciales.

Los organismos autónomos de la AGE invirtieron 37 millones de euros, frente a los 26,1 presupuestados. De ellos, 23,9 millones fueron de entes adscritos a Transición Ecológica y, a su vez, de ellos 18 fueron a la Confederación Hidrográfica del Duero.

De los 3,5 millones que invirtieron las entidades del sector público administrativo, dos millones fueron al Centro de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y cerca de un millón al Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos, ubicado en Salamanca.

En cuanto a la inversión del sector público empresarial, fue la que presentó un grado de ejecución más pobre, del 67,9%. Aun así fue bastante mejor que el promedio del conjunto de España, que no llegó al 50%. Aquí sobresalen los 155 millones de Adif y Adif Alta Velocidad; los 34,3 millones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte; 24,6 millones de la Sociedad de Infraestructuras Agrarias y otros tantos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las labores de desmantelamiento de Santa María de Garoña.

Castilla y León recibió una inversión total de 730,9 millones en 2021, cuando inicialmente estaba previsto que ascendiese a 799,2 millones, lo que arroja un grado de ejecución del 91,4%, superior al 67% de media del país.