Castilla y León

El ERE de UGT dejará diezmados 16 centros de trabajo

La finalidad de las subvenciones era la financiación de los gastos de la realización de acciones de formación, orientación e inserción laboral, así como prevención de riesgos, que la entrada de Vox en la Junta, en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha puesto patas arriba. Hasta 20 millones de euros que Juan García-Gallardo y Mariano Veganzones han optado por retirar a los agentes sociales, CEOE Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT por considerarlos «gasto superfluo». La patronal autonómica no contempla despidos, al no contar con personal propio dedicado a estas tareas, mientras que CC OO ha optado hasta ahora por otras medidas.

Los programas afectados tienen que ver con la orientación de trabajadores ocupados para mantener sus puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien desarrollar su carrera profesional; con la asistencia técnica y de información y promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales; y acompañamiento y orientación a la población inmigrante.

Según ha indicado el secretario de Administración de UGT Castilla y León, Manuel Martín Iglesias, que se ha encargado de ofrecer explicaciones aunque quien ha presentado el ERE es el secretario general, Faustino Temprano, se trata de programas que la Junta les encargaba hasta el año pasado como si fueran un servicio externalizado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que los trabajadores afectados por el ERE «no son empleados públicos, por lo que la Junta no tiene relación laboral con ellos» y ha defendido que se trata de una decisión de organización interna e independiente de UGT a la hora de gestionar sus recursos humanos. También ha asegurado que «las líneas de concurrencia competitiva siguen abiertas, por lo que UGT se puede presentar» y que «la Junta seguirá en la línea de los cursos de formación ya implantada».

El expediente de despido colectivo afecta a 76 trabajadores, 66 mujeres y 10 hombres, de los 188 con que cuenta UGT como empresa empleadora. De los afectados, 55 tienen la categoría de Técnicos y 21 son Administrativos, según consta en la comunicación del procedimiento ante la autoridad laboral.

Fuentes del sindicato explican que un buen número de ellos son trabajadores contratados bajo la modalidad de fijos discontinuos, cuya labor se centra en la acciones finalistas de que se ocupan. Sin embargo, con la reducción de actividad sindical también hay trabajadores de la estructura del sindicato.

En el proceso de 30 días de negociación que se abre ahora con los representantes legales de los afectados, desde UGT aseguran que tratarán de que las salidas sean «lo menos lesivas» para los trabajadores, respetando las indemnizaciones que marca la ley y recurriendo a las jubilaciones anticipadas en los casos que sea posible.

No están afectados los centros de trabajo de Aranda de Duero, donde hay un trabajador, ni los de Benavente, Fabero y el paseo de Zorrilla de Valladolid, actualmente sin actividad.

En la memoria del expediente se explica que «la desaparición total o parcial de la asignación presupuestaria para el desarrollo y objeto de las acciones de programas conlleva la supresión de la prestación de servicio acciones y actividades de estos programas».

Ante la imposibilidad de continuar con esa actividad «por ser económicamente inviable», y por haber desaparecido las asignaciones presupuestarias, «la medida extintiva solicitada afectará al personal adscrito a dichos programas».

A la hora de amortizar los puestos de trabajo, UGT señala en el ERE que mantendrá «una estructura mínima en las capitales de provincia de un abogado, dos administrativos y un agente sindical». En las comarcas con más de un trabajador, procurará mantener al menos un puesto; mientras que en las que solo hay uno, se tendrá en cuenta la posibilidad de prestar el servicio desde la capital de la provincia.

También explican que «se tendrán en cuenta las actividades y acciones propias del sindicato que puedan llevarse a cabo por los cuadros sindicales».

La Sección Sindical regional del sindicato tiene previsto reunirse por primera vez el miércoles 19 para avanzar en la definición del expediente. En la provincia de Segovia, donde el ERE afecta a dos trabajadores, será el personal fijo discontinuo que ha venido desarrollando las atribuciones propias de los programas relativos a orientación laboral y prevención de riesgos el que se verá perjudicado por el plan de despidos, según informa César Blanco. Fuentes de la unión provincial segoviana explican que, a la hora de aprobar el presupuesto para este ejercicio, la organización autonómica rebajó de nueve a seis millones de euros la contabilidad a gestionar en toda la comunidad.

En Segovia, los puestos afectados por la regulación son los del técnico de prevención y el de la trabajadora dedicada a la orientación laboral. El primero de ellos es el representante de UGT en los comités de seguridad y salud laboral de las empresas de más de diez empleados, es decir, que esa tarea de supervisión «que ejercía a través de las constantes visitas a empresarios se queda coja y, supuestamente, tendrá que ser asumida por la Administración», deducen en el sindicato.

En cuanto a la labor desarrollada por la trabajadora también es considerada clave puesto que se encarga, entre otras cuestiones, de asesorar a parados de larga duración en su búsqueda de empleo. Además, en ambos casos se trata de personal que llevaba varios años unido a UGT en Segovia.

En perpetua rivalidad con CC OO por situarse como primera fuerza sindical, UGT cuenta en Castilla y León con 70.000 afiliados que pagan las cuotas, según informan desde la organización. Se da la circunstancia de que en enero de 2016, la Unión General de Trabajadores ya tuvo que cerrar su centro de formación IFES y despedir a sus 150 empleados en la región, después de que el Instituto de Formación y Estudios Sociales renunciase a impartir 150 cursos asignados por la Junta, al producirse un cambio normativo en el sistema de financiación que hizo imposible la ejecución de los proyectos y los cursos, según explicaron entonces desde UGT.