Las empresas familiares reclaman la desaparición del Impuesto de Patrimonio

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) cree que el mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio va perjudicar la atracción de inversiones a Castilla y León y favorecerá la fuga de empresas a otras comunidades con una fiscalidad «más favorable», como son Madrid o Andalucía, que acaba de aprobar su supresión. Por este motivo, vuelve a reclamar a la Junta de Castilla y León «la eliminación inmediata de este tributo» que, a su juicio, «es injusto, puesto que el contribuyente ya ha pagado antes por él, confiscatorio, según determina gran parte de la doctrina, y anacrónico, ya que España es el único país de la OCDE que lo mantiene».

La asociación recuerda que el Impuesto sobre el Patrimonio apenas recauda 29 millones de euros en Castilla y León y «desincentiva la inversión e incentiva la deslocalización», ya que «provoca que miles de personas que ahora invierten, viven y gastan en nuestra comunidad se trasladan a otras regiones, generando también una fuga de talento y emprendimiento». Relacionan esto con un estudio realizado por Informa D&B que concluye que en el primer trimestre de este año, 70 empresas se han mudado de Castilla y León a otras comunidades.

Los empresarios familiares consideran que su supresión «permitirá retener y atraer a nuevos contribuyentes a Castilla y León, con lo que el efecto sobre las arcas autonómicas será positivo, actuando también como generador de riqueza e inversión empresarial».

El gobierno murciano anunció esta semana que también se está planteando la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, como anunció que hará el ejecutivo andaluz y como viene haciendo desde hace años el de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, el Gobierno central ha cargado contra las comunidades del PP que «eliminan los impuestos a los ricos, a la vez que recortan los servicios públicos, solicitan más fondos al Estado o incluso más recursos europeos», en palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño. La ministra de Hacienda, por su parte, ya ha anunciado que el Ejecutivo prepara un impuesto temporal a las grandes fortunas para neutralizar las supresiones de los populares.

En Castilla y León abonaron el tributo que grava las fortunas de más 700.000 euros (excluido el valor de la vivienda habitual) 7.167 grandes contribuyentes en 2020, que dejaron en las arcas autonómicas 33,43 millones de euros. La Junta no ha incluido la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio en sus planes de reducciones fiscales para la presente legislatura.

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