Castilla y León sumó 71 grandes fortunas en el año del estallido de la pandemia

La patronal autonómica ya ha solicitado a la Junta que continúe «el positivo camino iniciado en su política de reducción impositiva» y siga el ejemplo de Andalucía ya que, en opinión de CEOE Castilla y León, su supresión en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, «favorecería a toda la sociedad y, especialmente, contribuiría a reactivar la economía, potenciando la inversión empresarial». Recuerdan además los empresarios que su supresión fue prometida por el PP nacional y que es una medida demandada con frecuencia por los empresarios de la comunidad.

De momento, el presidente autonómico ha evitado incluir el Impuesto sobre el Patrimonio en sus anuncios de reducciones fiscales para la presente legislatura. El 31 de agosto se comprometió a poner en marcha siete medidas de ahorro fiscal con una merma de ingresos / ahorro para los contribuyentes de 2.500 millones de euros que, según explicó, se centrarán en reducir el tipo mínimo del IRPF del 9,5% al 9%, así como en deducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en las tasas de la comunidad.

En Castilla y León abonaron el tributo que grava las fortunas de más 700.000 euros (excluido el valor de la vivienda habitual) 7.167 grandes contribuyentes en 2020, último ejercicio con datos disponibles en la Agencia Tributaria. No les fue mal desde el punto de vista financiero el estallido de la pandemia a este colectivo, si tenemos en cuenta que un año antes fueron 7.096 los declarantes, es decir 71 menos. La cifra no suele fluctuar mucho en la región: alcanzó su máximo en 2014 con 7.198 y en los cuatro años posteriores registró descensos, siempre por encima de los 7.000.

En el año 2020, pese a que el número de obligados a tributar por este concepto se incrementó ese 1% con respecto al ejercicio precedente, el importe que dejaron en las arcas públicas fue menor que en 2019. En concreto, de los 34,55 millones de euros recaudados en el penúltimo año con estadísticas se bajó a 33,43 millones, por las deducciones aplicadas y por la diferente configuración de los tramos de tributación. El año que más aportó este impuesto fue 2011 (con 36,88 millones) cuando volvió a estar vigente después de que hubiese sido eliminado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero...

El Impuesto fue suprimido en 2008 mediante una bonificación del 100% y posteriormente restablecido, con carácter temporal para 2011 y 2012, con cambios respecto del anterior. Contempla una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente y un mínimo exento de 700.000 euros. Están obligado a presentar la declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar o no siempre que el valor de sus bienes y derechos supere los dos millones de euros.

Las comunidades autónomas tienen la potestad de modular la tributación por Patrimonio e, incluso, bonificarla al 100%, como sucede desde siempre en la Comunidad de Madrid y próximamente en Andalucía. En el caso de Castilla y León, se aplica el mínimo exento estatal de 700.000 euros, con la misma tarifa general. Incluye, no obstante, exenciones para algunos bienes y derechos.

De esta manera, aunque en la comunidad hubo en 2020 un total de 7.607 declarantes que declararon un patrimonio agregado de 18.560,7 millones de euros, es decir, una media de 2,43 millones, los que finalmente tributaron fueron 7.167. Éstos abonaron 33,43 millones, lo que supone 4.666 euros de media.

El Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2022 elaborado por el servicio de estudios del Consejo General de Economistas pone de manifiesto que, dejando el caso de Madrid a un lado, Castilla y León se sitúa en la zona media de la tabla autonómica entre las que más y menos gravan a las grandes fortunas por este concepto.

Un contribuyente que declare 800.000 euros debe abonar en la región 200 euros: más que los 150 euros de los gallegos (los que menos) pero menos que los 1.164 euros de los aragoneses (los que más). Las fortunas de cuatro millones de euros pagan por Patrimonio 36.546 euros en Castilla y León, cuando en Vizcaya abonan 22.400 y en Extremadura, 59.919 euros. Los extremeños vuelven a ser los que más tributan en el caso de atesorar 15 millones de euros: 418.155, frente a los 205.327 de los gallegos. En este supuesto, los castellanos y leoneses vuelven a figurar a medio camino, con 309.810 euros.