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La desaceleración que ya empezó a notarse en 2022 se ha convertido en la nota predominante en la economía regional en 2023. El subidón post pandemia no se ha sostenido en el tiempo y a lo largo del año se han multiplicado los síntomas de ... debilidad y las amenazas que vienen de la mano de la incertidumbre. El crecimiento económico ha ido de más a menos, afectado por un frenazo en el consumo de los hogares que es consecuencia de los daños infligidos por la inflación. El mercado laboral ha mantenido el tipo, sobre todo en la primera mitad del ejercicio, pero la creación de empleo ya da signos de agotamiento.
En otro orden de cosas, el sector del automóvil, motor de la industria regional, aguanta el tirón en medio de los condicionantes de la transición ecológica; Renault ha culminado el traspaso de su negocio de motores de combustión a Horse y las exportaciones regionales han dado algo de impulso a la economía. En el plano social, la 'batalla' desatada entre Vox y los sindicatos a cuenta de las políticas de empleo ha vivido un nuevo rosario de escaramuzas a lo largo de 2023.
Prácticamente todo en la economía ha ido apagándose con mayor o menor intensidad a medida que transcurrían los meses. La gasolina de los fondos europeos no ha sido suficiente para el ritmo de aceleración. Desde la producción agroganadera a la inversión de las empresas; desde la actividad de la construcción a la aportación del sector servicios; desde el gasto de los hogares hasta el que realiza el sector público.
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Ángel Blanco Escalona
El Producto Interior Bruto de la comunidad, que empezó el año creciendo a un ritmo del 4,6% anual y siguió al 2% en primavera, decayó al 1,8% en verano. Los próximos trimestres «se parecerán más al último que a cualquier otro», ha augurado el equipo económico de la Junta.
Buena parte de culpa la tienen la espiral de precios, el endurecimiento de la política monetaria de las autoridades europeas y la debilidad generalizada que presentan las principales economías del entorno, que impregnan de dudas el futuro inmediato y se traducen en más miedo, o precaución, que optimismo.
La inflación ha dado un respiro en la comunidad en comparación con las cotas que alcanzó en 2022, pero insuficiente como para enderezar las cosas. Mientras los precios de la energía sí han aportado alivio, los de la cesta de la compra no han acompañado. Caso paradigmático ha sido durante todo el año el del aceite de oliva: de la noche a la mañana, los consumidores se han encontrado las botellas en los supermercados al doble de lo que solía ser habitual. Este año ha sido también el del retorno a una costumbre casi olvidada desde lo peor de la anterior crisis: el recurso de la marca blanca.
Con la demanda interna como responsable de dos terceras partes de que la economía vaya bien, otro de los motores también se ha gripado, el mercado inmobiliario. Después de un periodo de optimismo en el que las grúas volvieron a formar parte de los paisajes urbanos, las agencias inmobiliarias llenaban de fotos sus escaparates y tanto la compraventa como la contratación de hipotecas vivían un momento si no dulce, sí endulzado, los problemas vuelven a asomar en el horizonte.
Los precios dejan de subir con la alegría que lo hacían debido a una menor demanda; las operaciones se estancan; los hipotecados que optaron por emparejarse con el euríbor se encuentran con un agujero el monedero...
Por primera vez en años, la proverbial tendencia al ahorro de los castellanos y leoneses ha caído en entredicho y sale del banco más dinero del que entra.
Por otra parte, si bien las rebajas de impuestos a la energía (no a los carburantes) y a los alimentos esenciales se han mantenido durante el año, la subida 'de todo lo demás' ha propiciado que los castellanos paguen más en impuestos que nunca –también con el impulso de la creación de empleo, ámbito en el que han subido las cotizaciones sociales, así como por los beneficios empresariales–, y la recaudación alcance records históricos. Mientras, los salarios han mostrado algo más de dinamismo que en años anteriores en sus subidas, sobre todo por el incremento del salario mínimo.
No en vano, el mercado laboral, que ha ganado en estabilidad después de la última reforma que eliminó el contrato temporal, sigue aquejado de algunos de sus males endémicos. La precariedad ha mostrado su peor cara en la proliferación de contratos a tiempo parcial, que obliga a los trabajadores, sobre todo a mujeres y jóvenes, a simultanear varios empleos para poder hacer una jornada laboral completa y llegar a fin de mes.
La creación de puestos de trabajo creció aún con fuerza hasta el verano, pero después volvió a entrar en escena otro de los males del mercado, la estacionalidad, y la comunidad ha encadenado varios meses de descensos. La lucha contra el paro, consiguientemente, también se resiente y las previsiones apuntan a que seguirá en curva descendente en los próximos tiempos.
En este contexto, los últimos registros muestran una bajada (de un punto, hasta el 22,1%) de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla y León. Se debe sobre todo a la extensión de las ayudas asistenciales, con gran aumento de perceptores del íngreso mínimo vital, mientras persisten los hogares que presentan escasez de empleo.
A la par que son varios los sectores (construcción, hostelería, transporte...) que llaman la atención sobre los problemas que tienen para encontrar trabajadores cualificados, el empleo creado en este año se ha sustentado de forma muy notoria en la llegada de mano de obra extranjera que, por otro lado, ocupa puestos de baja cualificación y menores salarios.
Otro factor, las exportaciones, ha contribuido, en su medida, a dar cierto impulso a la actividad económica en 2023. A falta de computar el último trimestre del año, el comercio exterior de la comunidad marcha como nunca y Castilla y León ha encadenado seis meses como la región donde más se incrementan las exportaciones. El valor acumulado de los bienes y servicios vendidos más allá de las fronteras batirá este año el récord histórico de 2016. Pero sobre el sector exterior también pende la espada de Damocles de la desaceleración mundial.
Es en este apartado donde se enmarca la actividad de la mayor empresa de Valladolid y de Castilla y León, Renault. El año ha sido más tranquilo que el anterior desde la óptica laboral y no ha estado exento de novedades desde la de la producción y organización. Después de un 2022 marcado por los ERTE debidos a la escasez de componentes, sobre todo electrónicos, el despliegue del IV plan industrial del fabricante francés en España ha alcanzado su máxima intensidad en 2023. La fábrica de Palencia ha lanzado con éxito de aceptación el modelo Austral, que ha servido también para estrenar las nuevas motorizaciones híbridas de última generación del grupo. También ha comenzado la fabricación del nuevo Espace, a punto de aparecer en el mercado y se ha presentado el próximo SUV, el Rafale.
En Valladolid comenzó la fabricación del ASX, fruto de la alianza que la marca del rombo tiene con Mitsubishi, simultaneada con la del Captur y también con los preparativos para el lanzamiento, el año próximo, de la nueva versión del Captur.
Más sustanciales han sido los cambios producidos en Motores, que desde el 1 de julio ha dejado de pertenecer al 100% a Renault para formar parte de Horse, el consorcio que la empresa gala ha formado a medias con el fabricante chino Geely. Un total de 2.443 personas de Motores e Ingeniería de Valladolid (más 817 de Sevilla) trabajan ya en la fabricación del propulsor de combustión de bajas emisiones del futuro.
El año que termina ha traído nuevos episodios en el enfrentamiento permanente entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones, de Vox, y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. La retirada de las ayudas a los agentes sociales para la realización de programas de activación del empleo provocó sendos expedientes de regulación que se saldaron con el despido de 84 formadores de la nómina de las dos centrales. El otro gran frente de batalla, el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), ha visto reducida su financiación a 400.000 euros lo que, por un lado, dio inicio a una batalla legal para su restitución y, por otro, ha provocado la asfixia en sus funciones, que la consejería pretende derivar a la Oficina de Trabajo de la Junta.
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