Los doce deseados de Ciudadanos para una moción anunciada en Castilla y León pero sin fecha

La negociación terminó con más de un procurador naranja tragándose el sapo de decir «sí» a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, perdedor de las elecciones por seis escaños y erigido triunfador con los doce de Ciudadanos. De aquellos doce de naranja quedan hoy nueve en el hemiciclo de las Cortes.

David Martín dejó su lugar a Inmaculada Gómez cuando le hicieron viceconsejero de Empleo. Ana Carlota Amigo abandonó sillón y portavocía cuando la encumbraron, como candidata de consenso entre los dos Ciudadanos, Partido y Junta, y el propio PP, como consejera de Empleo e Industria. Y Juan Pablo Izquierdo salió también rumbo a la misma Consejería, como director general, para ceder su puesto a Francisco Panizo.

Pero es que además, antes del cambio en la Consejería de Empleo e Industria, la dicotomía interna del Ciudadanos post-Rivera, entre Inés Arrimadas y Francisco Igea, quedó resuelta en los días previos a que se declarara el estado de alarma, el 8 de marzo de 2020. Un 77%-22% a favor de la sucesora de Rivera, que se ganaba el derecho a reorganizar el partido a su gusto. Y lo hizo, en Castilla y León, sin paliativos. Ni un 'igeísta' en los principales órganos regionales. Gemma Villarroel, concejala en León y 'arrimadista' convencida, fue designada nueva coordinadora autonómica. Y con ella, Miguel Ángel González,Gema Gómez y Marta Sanz en los principales puestos.

El empeño de esta nueva Ejecutiva, y el eslogan que maneja Ciudadanos Partido en toda España en los últimos meses es el de recuperar el centro. Dicho en palabras de David Castaño, portavoz en las Cortes, «ser capaces de pactar a derecha e izquierda». Y en las de Gemma Villarroel: «Somos un partido del siglo XXI. Podemos apoyar unas propuestas de cualquier bando si son buenas para España».

Palabras que ahora atruenan.

Ahora que Cataluña ha confirmado el desplome naranja, de 36 victoriosos escaños en 2017 a 6 en 2021. Ahora que la pandemia daña a quienes están al frente de la gestión, con Francisco Igea y Verónica Casado, consejeros de Ciudadanos, como caras principales –y sometidas a un brutal desgaste– en Castilla y León. Ahora que ya hay quien calcula que ese batacazo catalán, con la referencia del 10N y el presumible ascenso de Vox, podría dejar a Ciudadanos con 3-4 procuradores en las Cortes en lugar de los 12 que tiene.

Ahora que el PSOE aprieta.

«No habrá tamayazo», aseguran desde los dos Ciudadanos, el Partido y la Junta. Unos lo aseguran porque confían en la lealtad de los doce procuradores a la formación y, por ende, al pacto de Gobierno. Incluidos aquellos más afines al sector crítico que representa Igea, como la salmantina María Montero o la palentina Alba Bermejo, o quienes llegaron como independientes, como la abulense Inmaculada Gómez. Otros consideran que es una maniobra con mucho coste. Basta con pensar que 'tamayazo', sustantivo que define a quien vota en contra de los intereses de su partido para beneficiar a otro, no es más que el aumentativo del apellido del Bellido Dolfos madrileño del PSOE, Eduardo Tamayo, tras su jugarreta de 2003 en Madrid.

El PSOE necesita, para que una posible moción de censura prospere, 41 votos.Tiene 35 más dos de Podemos, que ya ha anunciado que la apoyaría. Cuatro votos de Ciudadanos bastarían.

Levantar la mano en apoyo a Tudanca tendría, sin embargo, efectos perniciosos en los voluntarios. El propio partido puede decidir su expulsión del grupo parlamentario. «Los procuradores dejarán de pertenecer al Grupo Parlamentario al que estuvieran adscritos por voluntad propia, expresada ante la Mesa, o por expulsión del mismo», explica el Reglamento de las Cortes (artículo 23). Si eso sucede, pierden su puesto en las comisiones, con asistencia remunerada –solo podrían acceder a una–, se les retirarían los cargos electivos en los órganos de la Cámara y solo podrían cobrar «las percepciones económicas que el Reglamento prevé para los procuradores en su artículo 8». Esto es, «las compensaciones e indemnizaciones por gastos que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones».

Este blindaje anti-tamayos, sin embargo, tampoco garantiza nada. A medio plazo, la posibilidad de afrontar unas nuevas elecciones autonómicas en 2023 con el partido en pleno descenso y tras el desgaste pandémico tampoco garantiza un futuro halagüeño a los 12 que ahora están.

La moción, por tanto, vendría de otro modo. Con una orden de Madrid. En ese caso, asumen ambos Ciudadanos, Partido y Junta, poco habría que decir.

Lo más difícil en esa operación es conformar el relato de la ruptura con el PP. Los problemas judiciales de Mañueco con las primarias de su partido en Salamanca, la resolución del Supremo sobre el toque de queda, lo que pueda surgir relacionado con el caso Kitchen y Cosidó... Ciudadanos tiene el problema de cómo presentar una moción a un Gobierno del que forma parte. Pero por otro lado Inés Arrimadas cuenta con una coordinadora autonómica relegada a sus cargos municipal y provincial en León, e invisible en la comunidad. Y aún mantiene a un rival como Francisco Igea en la Vicepresidencia que más quema, la que gestiona día tras día una pandemia que es una máquina de generar descontento y frustración en los ciudadanos.

El PSOE aprieta en las redes y, parece, en la trastienda. Ander Gil, senador, anunció que «el PSOE presentará una moción de censura para ganarla». Luis Tudanca señaló este sábado que su «deber» es «intentar convencer a todos aquellos que pueden provocar el cambio de Gobierno». Y esos son los doce de Ciudadanos. Sea por decisión de cuatro convencidos por el PSOE o por orden de Inés Arrimadas.

LOS DOCE DE CIUDADANOS EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN