Lo que diferencia la nueva norma de «concordia» de Castilla y León de la actual

Ambos textos son cortos y sirven para desarrollar el contenido más práctico de la ley estatal. Constan de un articulado similar, 16 artículos en el decreto vigente y 20 en el que proponen PP y Vox. Sin embargo, el primero se refería de modo explícito a conceptos que en el nuevo texto se diluyen o, directamente, desaparecen.

Así, el texto de 2018 contiene en numerosas ocasiones el sintagma «dictadura franquista». En la exposición de motivos, por ejemplo, se expresa que la Junta «condena los casos de vulneración de los derechos humanos que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista». Incluso añade un artículo sobre asuntos educativos en el que especifica que se incluirán en el currículo escolar, «cuando se produzca un cambio de los currículos de la ESO y Bachillerato», contenidos «que permitan adquirir conocimientos sobre la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista».

En el nuevo texto de PP y Vox no aparece ninguna referencia a «dictadura franquista» ni a «dictadura». Solamente se hace una referencia al término «franquismo», en el inicio del texto: «Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo», asevera.

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La propia guerra civil, mencionada en la frase anterior, se nombra en siete ocasiones en la proposición de ley que ahora empieza su tramitación. En el decreto vigente, el aprobado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, se hacían 27 menciones a la guerra civil. Cabe recordar que ambos textos tienen una extensión similar, 13 y 10 páginas, respectivamente.

PP y Vox introducen aquí una ampliación de la memoria democrática, o de la restauración de las víctimas, en cuanto a fechas. Si el texto original se refiere a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, ahora se propone «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978», de modo que se incluya el periodo de la Segunda República.

Vox se ha mostrado siempre contrario a la expresión «memoria histórica» y eso ha hecho que en la nueva norma desaparezca cualquier mención similar, ya sea ese mismo concepto o el de «memoria democrática». En el vigente, sin embargo, se utilizaba 47 veces «memoria histórica» y tres veces más la «memoria democrática».

En cuanto a la violencia, hay dos párrafos muy similares que sin embargo encierran algún matiz. Es cuando ambos bucean en el Estatuto de Autonomía y refieren los deberes de los poderes públicos. En el decreto vigente, aprobado por el Gobierno del PP, se explicaba que «los valores democráticos y la defensa de las libertades se constituyen, en el Estatuto de Autonomía, como principios que han de regir todas las políticas públicas». Y que estas deben orientarse «a la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas».

El texto de PP y Vox recoge ese último párrafo, aunque lo encuadra en algo más amplio. «[El Estatuto] establece que los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de diversos objetivos como: la promoción de un sistema educativo de calidad, abierto, plural y participativo, que forme en los valores constitucionales, previsto en su apartado 19; el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, el voluntariado y la participación social, en el apartado 24 y la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas».