Dietas y días libres para funcionarios de las Cortes por vender dulces conventuales en Navidad

Fueron 13 los trabajadores de la plantilla de las Cortes que «voluntariamente» y siendo «conocedores» de que entre sus funciones estaban cuestiones como la «ayuda en la venta» y cosas que surgieran en la «logística», insisten fuentes oficiales del área de la Presidencia de las Cortes, participaron en el mercadillo de dulcería monástica. No todos en los cinco tramos temporales en los que se dividió: la tarde del viernes y las tardes y mañanas de sábado y domingo. Quien hizo pleno (3 horas el viernes, 10 el sábado y 9 el domingo con pausa para comer) percibió 275 euros en indemnización económica y cinco días libres para su calendario laboral a cuenta de la institución pública.

Una actividad que explican desde el parlamento como «voluntaria» y desarrollada en el «tiempo libre» de sus funcionarios, pero respaldada por unos incentivos públicos que se articularon mediante una resolución que firmó el secretario general-letrado mayor de «gratificación de servicios extraordinarios», apuntan. «No es nada extraño ni raro», insisten sobre la incorporación de trabajadores parlamentarios, con dieta añadida y compensación por duplicado en días libres, a una actividad de venta de productos gastronómicos organizada por la Fundación Castilla y León, entidad que preside también el máximo responsable de las Cortes, Carlos Pollán (Vox).

Con ese planteamiento, señalan, se envió un correo a toda la plantilla con las condiciones y hubo quien se animó y se preinscribió. Con los trabajadores que dieron ese paso se organizó una reunión en vísperas de 'Dulce Tentación', en la que se les explicó con más detalle en qué iba a consistir su participación. «Todo el mundo era conocedor de lo que iban a hacer», puntualizan desde el equipo de Carlos Pollán.

El presidente Pollán recuperó en la Navidad pasada 'Dulce Tentación', una iniciativa que entre 2015 y 2018 puso en marcha Silvia Clemente, aplaudida por las comunidades religiosas a las que se facilitaba un canal de venta y muy bien acogida por el público que se acercaba a las Cortes a comprar esos dulces artesano. El formato parecía en esta última ocasión idéntico. Puestos con turrones, polvorones, mazapanes, peladillas navideñas y actuaciones de coros que animaban con villancicos. Pero había una diferencia: la de los funcionarios vendedores sobre el papel en jornada no laborable, pero finalmente con indemnización económica abonada por las Cortes y días libres de compensación. Desde el equipo de Pollán argumentan que «contar con personal de la casa» permitió no tener que «contratar personas externas». Aunque tampoco salió gratis.

La participación de trabajadores del parlamento en actividades extralaborales bajo el amparo oficial es tradicional, por ejemplo, en las jornadas de puertas abiertas que se organizan en los aniversarios del Estatuto de Autonomía, en las que hacen de guías de los visitantes, pero esas citas tienen un trasfondo institucional diferente al de un mercado de venta de productos de alimentación con ingresos para quienes los ofrecen, en este caso conventos de las comunidad.

Del refuerzo de personal que ayudaba a las religiosas en labores de venta en la etapa anterior se encargaba la misma empresa que montaba los puestos y organizaba el mercadillo y que contrataba para ello a trabajadores con un perfil mixto para desarrollar labores de venta y de azafatas. Destacan responsables de la etapa de Clemente que entendían que no era apropiado que empleados públicos en nómina de las Cortes se encargar de cobros y custodia de dinero de caja ajeno que podía generar problemas por errores o descuadres. «De la otra manera, cualquier cuestión como esa la asumía la empresa», remarcan.

Voluntariado parlamentario incentivado con dietas y libranzas aparte, la edición pasada de 'Dulce Tentación' reeditó el éxito de las de antaño. Desde las Cortes informaron al cierre del mercado que habían pasado por el vestíbulo alrededor de 10.000 visitantes con un gasto aproximado en repostería monacal navideña de unos 46.000 euros. Una recaudación, destacaba, que se iba a destinar al cuidado y mantenimiento de patrimonio cultural y artístico de los monasterios y conventos participantes.