La desescalada laboral impulsa el combate para eludir las consecuencias políticas de la crisis

A partir de ahí cada uno construye su realidad y trata de imponerla. Porque pasado un mes de confinamiento parece claro que en lontananza asoma ya, cada vez más cerca, el día después. Por eso el diálogo político ha abandonado la concordia superficial de los primeros días para empezar a mostrar fracturas abiertas. Por eso la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retrasó su presencia en la videollamada porque tenía foto en Barajas ante un avión cargado de material. Por eso la Delegación del Gobierno prefiere enviar imágenes propias de cajas de mascarillas, «508.000 en Castilla y León para su distribución a partir del lunes», justo mientras comparece telemáticamente Alfonso Fernández Mañueco y dice: «Sobre el material, [el presidente del Gobierno] dará una rueda de prensa y lo explicará. Consideramos que el Gobierno debe especificar cómo, cuándo y a quién se va a entregar el material».

El relato.

Hay que empezar a ganar la batalla del relato para sobrevivir a las consecuencias políticas de contabilizar 16.972 muertos en España. O de sumar oficialmente 1.263 en Castilla y León para añadir después los 942 caídos en las residencias «con síntomas compatibles». O de ser el país que más profesionales sanitarios contagiados tiene, con Castilla y León en un 16,30% de los casos confirmados. O de lo ocurrido en las residencias de mayores, especialmente en Madrid, con un 70,4% de los fallecidos de la comunidad autónoma. Y en Castilla y León, donde se contabilizan 2.499 positivos confirmados y 2.280 aislados con síntomas. Es decir, un 10,6% de los residentes en centros de mayores, personas con discapacidad o dependientes de toda la comunidad han tocado a un virus cuya tasa de letalidad a partir de los 70 años es de un 13,9%, y sube a un 24,1% a partir de los 80.

Centros que, por otro lado, ya se anticipaban como foco de grave riesgo antes de que se decretara el estado de alarma, como demuestran las acciones preventivas de algunas de las residencias que, a día de hoy, siguen ajenas al virus.

En este escenario en el que cada quien tiene un 'y tú más' que echarle en cara al adversario, la conferencia de hoy entre Sánchez y los mandatarios autonómicos dejó clara la contienda.

El socialista Guillermo Fernández Vara (Extremadura) vio «razonable» la vuelta al trabajo en la reunión. Otro socialista, García-Page (Castilla La Mancha), pidió coordinación en la desescalada y abundó en la necesidad de ese pacto nacional por la reconstrucción que enarbola Pedro Sánchez. Ximo Puig (Comunidad Valenciana) pidió seguridad para los trabajadores, pero advirtió de que para evitar una ruptura social irresoluble «debe existir un funcionamiento de la economía».

Entre los nacionalistas, Íñigo Urkullu (PNV) y Quim Torra (JxCAT) reclamaron más protagonismo y su cuota de decisión, especialmente el catalán. «Primero coordinación y luego comunicación, no al revés», se quejó Urkullu. «Cataluña tomará sus propias medidas y decisiones para proteger a la población», fue más lejos Torra, contrario a poner en la calle a un millón de trabajadores este lunes, informa Efe.

Y en el bando popular, posición unánime contra el retorno a la actividad de los sectores no esenciales y contra el apoyo incondicional a un pacto reconstructor del que se desconocen los términos concretos. «Hablar de desescalada es un poco irresponsable», dijo Feijóo (Galicia) después de pedir más flexibilidad si se cumplen ciertas condiciones epidemiológicas en algunos territorios. «No se puede pedir la adhesión a algo que no se ha concretado ni se conoce», añadió Juanma Moreno (Andalucía).

Y Mañueco, presidente de Castilla y León, abrazó todas las reivindicaciones del PP. Más dinero para el gasto sanitario; que no se retorne a la actividad tan pronto, «no se dan las circunstancias para que un porcentaje de la población se tenga que incorporar a la vida laboral»; que se escuche a las autonomías, «la comisión de expertos se tiene que convocar cuanto antes para plantear la operación de desescalamiento»; y el escepticismo sobre el Gran Pacto post-coronavirus, «no puede ser un cheque en blanco».

El coronavirus aún mata, pero las curvas empiezan a descender. Y eso, en política, significa que llega el tiempo de ponerse a salvo.