La Ley de Derechos al Final de la Vida se atasca en las Cortes

La que fue la primera norma en la que empezó a trabajar en julio de 2019 la extinta coalición de PP y Cs, sufrió el atropelló del anticipo electoral de diciembre de 2021 y ahora, ese texto que impulsaron en su día PP y Cs, es 'víctima' de una maniobra clásica para atascar una tramitación parlamentaria: la sucesión de peticiones de prórroga del plazo para presentar enmiendas.

El periodo para enmendar el texto y plantear cambios se abrió el 20 de septiembre y vencía el 19 de octubre, pero esa etapa –tras la que prosigue la tramitación en Comisión para luego llegar al pleno– sigue vigente porque se ha prorrogado en tres ocasiones, de manera que el nuevo vencimiento será el 16 de febrero a las 14:00 horas. De momento.

La primera prórroga la solicitó el PSOE y las dos últimas Vox y el PP. En los casi cinco meses que ha habido para poder trabajar propuestas y presentarlas, han registrado enmiendas los socialistas, el grupo de UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores del Por Ávila y Unidas Podemos. Francisco Igea, impulsor de la recuperación del texto, censuraba la semana que populares y ultraconservadores no hubieran presentado enmiendas desde septiembre y usaran las prórrogas de plazo como bloqueo.

La Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida vive una segunda tramitación en las Cortes de Castilla y León. El proyecto que aprobó el Consejo de Gobierno en el que se sentaban Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea decayó al disolverse el parlamento en diciembre de 2021 y el exvicepresidente de la Junta impulsó su repesca como una proposición de ley en el inicio de la nueva legislatura. Los 31 procuradores populares apoyaron reiniciar la tramitación al entender, según explicó en el hemiciclo la parlamentaria Paloma Vallejo, que no afectaba al acuerdo de gobierno vigente de PP y Vox.

Todo el arco parlamentario, salvo los 13 procuradores de Vox, para los que la regulación se convertiría en «una aliada» de la eutanasia, votó en septiembre dar esa segunda oportunidad a la tramitación de la norma que actualiza el derecho del paciente y de los familiares a recibir información clara y la obligación de la Junta de garantizar una prestación adecuada de cuidados paliativos, con un refuerzo de estos equipos.

Igea explicó en el hemiciclo que aunque lo implore un paciente, o familiares cuando el enfermo ha entrado en una fase de agonía en la que no es consciente, «retirar un soporte vital, retirar una diálisis, retirar una ventilación, una nutrición forzada sigue siendo un problema en muchísimas ocasiones, con muchísimos facultativos, con muchísimas personas, a veces, que no entienden que esto es un derecho. Por eso es necesaria esta ley», subrayó el dirigente de Cs. «Y esta ley no es... –y se lo pido por favor– no es la ley de Cs ni de este que les habla; esta ley tiene que ser la ley de estas Cortes, de esta comunidad, que dé garantía de que los ciudadanos son ciudadanos hasta el último de sus días, y tienen derecho hasta el último de sus días», añadió Igea.

El proponente contó con el apoyo de sus antiguos socios. «Efectivamente, este no es el debate de la eutanasia. Pero no se entiende que en España no dispongamos de una ley de garantía y universalización de los cuidados paliativos y que se haya aprobado la ley de eutanasia», justificó Paloma Vallejo, que aseguró que la Junta «está revisando» el Plan de Cuidados Paliativos.

La situación de los equipos que prestan la atención a enfermos terminales suscitó la crítica del PSOE. El procurador Jesús Puente precisó que «solo Soria, desde noviembre de 2017, y Palencia, gracias al sector privado, alcanzan el estándar europeo de, al menos, un recurso domiciliario por cada 100.000 habitantes». El socialista añadió que «el plan vigente de cuidados paliativos de Castilla y León está basado en la Atención Primaria, y ya vemos cómo tenemos la Atención Primaria», un área sanitaria que arrastra una sobrecarga de tarea y una limitación de personal agravadas con la pandemia.

Javier Teira Lafuente fijó la posición en contra de Vox. «¿En qué grado de autonomía se encuentra un paciente para tomar estas decisiones en este tipo de situaciones? Y, por otra parte, ¿qué hay de malo en que el paciente en esta situación se encuentre en manos del médico? Yo me pongo en manos de mi médico porque entiendo que va a velar por mi vida», manifestó

Esos fueron los términos de partida en la repesca de una regulación a la que desde entonces han enredado en un telaraña hilvanada con el hilo de carrete de las prórrogas sin fin para presentar enmiendas. Le pasó, en el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, a la ley que culminaba la ordenación del territorio y establecía el nuevo mapa rural de prestación de servicios. Esta norma durmió el sueño de los justos. Es hoy el día que sigue sin aprobarse.