Deniegan la indemnización a un fisioterapeuta que estuvo de baja tras vacunarse de la covid

El Consultivo ha dictaminado seis reclamaciones. Una de ellas recoge el caso de un fisioterapeuta de 39 años que reclamaba a la Junta de Castilla y León el abono de 7.500 euros por la pérdida de ingresos que le produjo tener cerrado su negocio por una baja médica, jalonada con ingresos hospitalarios, que achaca a efectos secundarios de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

La Consejería de Sanidad entendía que había obrado correctamente y letrados y consejeros del Consultivo sostienen que fue así. El dictamen desestima la reclamación del profesional sanitario y aborda desde un punto de vista jurídico la repercusión económica de un posible efecto secundario de la vacuna frente a la covid.

El fisioterapeuta recibió el pinchazo con 'Astra' el 3 de marzo de 2021. La estrategia oficial de vacunación recogía el uso de esa marca, en ese momento, para personal esencial de la edad del reclamante. Relata que desde el tercer día sintió dolor en el pecho, agotamiento, malestar, apatía... Cuadro que evolucionó a peor con palpitaciones y mareos hasta acabar ingresado, el 22 de marzo, en la planta de Cardiología del hospital. Los especialistas le diagnosticaron una miocarditis aguda y le recomendaron no ponerse la segunda dosis. La prueba serológica que le practican es negativa, por lo que descarta que esa miocarditis tuviera el origen en algún patógeno y es lo que lleva al reclamante a entender que hay «una relación inequívoca» entre la vacuna y un estado físico que el impide trabajar, y por el que tuvo que volver a ingresar en el hospital más adelante. Eso le lleva a reclamar 7.500 euros de indemnización más los gastos habituales que genera su negocio.

El dictamen del Consultivo recoge que hasta el 3 de agosto no se incorporó la miocarditis como un posible efecto para Pfizer y Moderna, pero que no se establece relación causal en los casos de Astra y Janssen.

«En la fecha de vacunación del reclamante no se reconocen contraindicaciones de esta vacuna», refleja la resolución, que precisa también las actualizaciones de población diana que sufrió a lo largo del proceso de vacunación, para terminar siendo recomendada para personas de 60 a 69 años. «No cabe exigir a la Administración, en el ámbito de la salud pública, sino la aplicación de los medios posibles en función del estado de la ciencia en el momento en que aquella presta sus servicios», argumenta el dictamen. Algo que considera que hizo correctamente Sanidad. Incluso aprecia que hubo diligencia en la respuesta que dio a la miocarditis. pese a que en la literatura científica sobre la vacuna AstraZeneca no constaba como posible efecto.

El Consejo Consultivo apunta que existe jurisprudencia del Supremo sobre el uso de fármacos autorizados cuya toxicidad se descubre con posterioridad a su uso. La responsabilidad sería de la agencia oficial que lo autorizó o del fabricante. Así fallaron los magistrados en el caso de producto Ala Octa, que llegó a generar ceguera en intervenciones de desprendimiento de retina.

Todo eso lleva a desestimar la reclamación en la que el profesional sanitario reclama que le indemnicen por los daños que atribuye a la primera dosis de la vacuna frente a la covid-19.

A este caso sobre vacunas, se suman otros que tienen que ver con empresas y contratos públicos de obras y servicios. El Consejo Consultivo analizó una reclamación de varias empresas agrupadas en una unión temporal que estaban obligadas a entregar la obra de un centro de salud en septiembre de 2020. Ante el estallido de la pandemia y la declaración del Estado de Alarma, solicitan en marzo de 2020 a la Gerencia Regional de Salud la suspensión de la obra. Se incumplen los plazos, en un calendario en el que las certificaciones constatan que la paralización del trabajo es generalizada y no se circunscribe a la covid, por lo que Administración resuelve el contrato y se incauta la garantía. El Consultivo da la razón a Sanidad, con la documentación presentada entiende que la demora no es puntual, por la pandemia.

Más suerte ha tenido una empresa que gestiona la ORA, que reclamaba 134.413 euros al Ayuntamiento con el que firmó la concesión, tras negarse el Consistorio a reequilibrar los términos del contrato que regula el estacionamiento callejero. El Consultivo estimó la petición de la firma.

Se suman a estas reclamaciones otras de empresas que prestaban servicios de cuidado a la infancia, de escuelas infantiles municipales y de un programa de promoción social de adultos, todas para ayuntamientos, que vieron cómo con argumentos jurídicos se desestimaban sus pretensiones.

Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo, auguró esta semana en las Cortes un aumento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra administraciones ligadas a la pandemia que el organismo deberá dictaminar a lo largo de los próximos meses.