Tres de cada cuatro denuncias de delitos informáticos que llegan a los juzgados son estafas

Así, el total de delitos informáticos en Castilla y León calificados (con escrito de acusación para juicio) por las fiscalías durante 2021 ascendió a 421 casos, frente a los 242 contabilizados un año antes, de forma que casi se duplicó el número de procedimientos. De esos 421 asuntos, el mayor aumento ha sido en los delitos de estafa, con 342 asuntos calificados, alcanzan el 81%. Hay que tener en cuenta que el número de casos que se califican al año suponen un porcentaje muy inferior al conjunto de las diligencias penales de investigación que se abren inicialmente y que al final se archivan sin llegar a ningún procedimiento.

Dentro de los fraudes que han experimentado un incremento «exponencial» están los que se realizan a través del método del 'smishing', es decir, los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias, contactando con los ciudadanos a través de sms simulando ser su banco o cualquier otra organización fiable, con el fin de conseguir que la víctima revele los datos de su cuenta.

Además se ha producido el pasado año un incremento de estafas de soporte técnico, en la que se suplanta de forma ilegal la marca Microsoft. Mediante el engaño logran que el usuario encienda su ordenador, descargue los archivos solicitados e instale programas intrusivos para hacerse con el control del equipo.

Reconoce la Fiscalía Superior que los delitos informáticos son los de «resolución más dificultosa». Muchas veces porque «no se suelen guardar los datos que se requieren durante mucho tiempo o porque, aún conservando dichos datos, estos no conducen a buen resultado». Ocurre, explica la memoria, que cada vez son más las ocasiones en las que los delincuentes se abren cuentas bancarias o se contratan servicios con datos de terceras personas que tienen un historial penal limpio, «con el fin de conseguir la ansiada impunidad». Así, la figura de los «muleros», que estuvo en auge en los años pasados, ha quedado relegada a un segundo plano.

En la evolución de estos delitos a través de la Red, los investigadores observan que, cada vez más, los autores invierten la ganancia ilícita obtenida en criptomonedas, «que hace más difícil seguir la estela de la ganancia obtenida ante la falta de regulación legal de tal moneda, que está abocada a triunfar en la vida económica al margen de la vía penal». En otros casos detectados, aunque el beneficio ilícito no se convierta en moneda virtual, explican, «el seguimiento de la ganancia ilícita se convierte nuevamente en un imposible, ante la facilidad de hacer transferencias internacionales con un solo clic». Ello obliga a los jueces instructores a solicitar a las autoridades judiciales de otros países la cooperación internacional «con el retardo que ello supone en la investigación penal». Y, en muchas ocasiones, cuando se obtienen los datos solicitados, como las cuentas bancarias, el dinero ya se ha movido a otros variados destinos.

Sobre las criptomonedas también se destaca «el elevado número de denuncias» relacionadas con la inversión en este dinero virtual y la «especial dificultad» con la que se topa el grupo de investigación de delitos tecnológicos «porque no se disponen de las herramientas de software necesarias que permitan rastrear los monederos y poder identificar al destinatario final de las cantidades defraudadas».

Indica la Fiscalía que el significativo aumento del uso de plataformas digitales de compra durante el primer año de pandemia de coronavirus llevó aparejado el aumento «considerable» de los delitos informáticos y «muy especialmente» los delitos de estafa. Proliferaron las estafas mediante supuestos fondos de recaudación para caridad, por la adquisición de artículos sanitarios como mascarillas o geles e incluso material sanitario defectuoso o inexistente a precios desorbitados. Durante 2021 se detecta que se ha producido «un claro incremento» en la utilización de las TIC como medio para cometer «el amplio catálogo» de delitos.

Especialmente hace referencia el fiscal a la incidencia de las tecnologías en la comisión de delitos de violencia de género y su uso para quebrantar las medidas adoptadas por los juzgados para proteger a las víctimas. Cada vez más, el esclarecimiento de los hechos pasa por el análisis de terminales móviles y el cotejo de mensajes enviados a través de las redes sociales.

Otro delito informático que ha proliferado a raíz de la pandemia ha sido el ataque a sistemas informáticos de grandes empresas y hospitales a través de los 'ransomware' o programas maliciosos. Son archivos infectados que impide el acceso al contenido del disco duro de los ordenadores y los ciberdelincuentes piden un rescate económico para liberarlos. En ocasiones las empresas acceden al pago y no denuncian.

Con especial preocupación se refiere la Fiscalía a otras tipologías delictivas que van en aumento y afectan de manera especial a las personas, el 'sexting' y la 'sextorsión', el chantaje a partir de imágenes de contenido sexual obtenidas de la víctima. Unos delitos contra la intimidad «en los que sube un grado la dificultad en reparar los daños derivados del ilícito penal, al verse afectados bienes jurídicos de la víctima tan personales que su reparación a través de la vía penal se vuelve escasa». Pero, subraya, el «verdadero caballo de batalla» es «la protección de menores en delitos de pedofilia, al ser su identidad desconocida en la mayoría de los casos».