El decreto de la Junta para agilizar los fondos UE: subvenciones, huertos solares y caza del jabalí

Se trata, destacó el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, de «pasar de un buen procedimiento al procedimiento más adecuado» para tramitar proyectos y ayudas financiados con el Plan de Recuperación y Resiliencia en un decreto que contempla el refuerzo de prestaciones sociales para hacer frente a la crisis de la pandemia, la inflación y la invasión de Ucrania y otras iniciativas de encaje más dudoso en estas dos áreas, como es la modificación de la nueva Ley de Caza aprobada hace solo un año para flexibilizar los días de monterías de ejemplares de ciervos y gamos, cabra montés y jabalí.

El decreto-ley contempla cambios en al menos 17 leyes para flexibilizar plazos y limitaciones en la convocatoria subvenciones y proyectos, regula la modalidad de vivienda colaborativa para aprovechar esa financiación de la UE e incorpora el bono joven de alquiler aprobado por el Gobierno hace meses, además de aprovechar para acotar el marco, «urgente por razones de interés público», de la 'plantación' de parques de aerogeneradores y de 'huertos' solares. No podrán instalarse en terrenos de Red Natura, en áreas críticas de protección de especies en peligro como el águila real y el buitre, en el caso de los molinos de viento, o la avutarda y el sisón para las placas solares, ni a menos de medio kilómetro de poblaciones ni en terrenos de regadíos. El decreto-ley regula el bono de urgencia social y el refuerzo de la Renta Garantizada de Ciudadanía. «La vida de 2013, año en el que se crea esta prestación, no es la de 2022», argumentó Carnero.

El debate en el hemiciclo dejó claras las posiciones de los grupos parlamentarios. PP y Vox criticaron el «sectarismo» del presidente Pedro Sánchez en el reparto de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE entre las autonomías. «El problema no es que los plazos (de gestión de los fondos) se queden cortos, el problema es su falta de trabajo», censuró Patricia Gómez Urbán, viceportavoz del PSOE, que ironizó sobre ese discriminación que PP y Vox achacaban al presidente Pedro Sánchez en el reparto de partidas. «Es tan sectario que entre las cinco comunidades más beneficiadas hay tres gobernadas por el PP», apuntó la socialista en referencia a Madrid, Andalucía y Castilla y León. Gómez Urbán puso como ejemplo los 54 millones de euros para extender la conexión de internet de alta velocidad (el 20% del total nacional) que el Gobierno de España invertirá para conectar 1.066 municipios de Castilla y León. «El único que ha cumplido con esta tierra se llama Gobierno de España», concluyó la parlamentaria socialista.

Francisco Igea, procurador de Ciudadanos, situó la «urgencia» de lo que se incluía en el decreto-ley en 2021, cuando el adelanto electoral dejó sin aprobar el presupuesto y la ley de medidas administrativas y tributaria que acompañaba a las cuentas. «Debatimos hoy aquí las urgencias de 2021», aseguró, por la falta de responsabilidad de «un presidente que no está, ausente».

Ángel Ibáñez, portavoz adjunto del PP, insistió en el «sectarismo» de Pedro Sánchez, destacó que Castilla y León será la comunidad con la fiscalidad autonómica «más baja» de España y rebatió la tesis de la inacción de la Junta aprovechando para repasar a fondo las medidas tomadas por la Junta para hacer frente a la crisis y para reforzar los servicios públicos esenciales, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, todos gestionados por consejeros de su partido. Carlos Menéndez, portavoz de Vox, tachó de «irresponsables» a los integrantes del Gobierno de España ante la crisis que vive el país e insistió en una idea que firman los dirigentes de su partido casi en cada intervención: «Vienen tiempos difíciles y por eso es necesario el recorte del gasto superfluo», rubricó desde el atril de oradores.

Toda la oposición, incluido el PSOE, se abstuvo en la votación. Los de Tudanca solicitaron que, una vez convalidado, se tramitara el decreto como una proposición de ley, lo que permitiría presentar enmiendas. PP y Vox votaron en contra, por lo que el recorrido de estos cambios normativos llega así a su final.