Castilla y León aspira a conectar todo el medio rural a Internet con los fondos europeos

El Gobierno de Castilla y León creó en septiembre de 2020 una 'oficina' para coordinar el trabajo, formada por funcionarios bajo la dirección del área de Análisis de la Consejería de Economía y Hacienda. Esa labor ha cuajado en una biblioteca de propuestas que lideran un conjunto de iniciativas que persiguen garantizar la conexión a Internet de alta velocidad de todas las áreas rurales en zonas de sombra para incentivar a que las teleoperadoras den servicio allí donde falla el «mercado», con planes concretos para polígonos industriales y un rosario de propuestas para digitalizar colegios e institutos de la comunidad. Con un horizonte temporal de 2023, que es cuando tienen que estar ejecutados los fondos que financien los proyectos seleccionados.

El dinero de este 'plan Marshall' a la europea no se asigna de manera directa. Hay que presentar proyectos que encajen en las líneas de reformas que demandan las instituciones europeas, que son las que ponen el dinero: de digitalización y descarbonización, ahorro energético y economía verde, sobre todo, además de obras o programas que incidan en la cohesión social y económica entre territorios y ciudadanos.

En la propuesta de Castilla y León, hay proyectos muy trabajados para poner en marcha plantas de recuperación de palas de molinos de viento fabricadas con fibra de vidrio o de carbono que quedan obsoletas, o reciclar las baterías de lítio que dejan en desuso los vehículos eléctricos, que suman 41 millones de euros y prevé 150 empleos, que van de la mano con el cambio de cubiertas y canalones del Centro de Día de Gamonal, en Burgos, para lo que la consejería de Familia pide 124.000 euros.

Un repaso a las fichas de las iniciativas que ha recopilado la Junta arroja un trabajo dispar en la presentación por parte de las consejerías. El departamento más minucioso es el de Fomento y Medio Ambiente con diagnósticos de situación amplios, fundamentos y viabilidad de las propuestas, presupuesto y valoración del impacto de la inversión desde el punto de vista social, ambiental y del empleo. El equipo del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones planteó 38 proyectos por un montante que superaba los 4.000 millones. Plantea inversiones en regeneración de barrios deteriorados, parques comarcales de bomberos, transporte de autobús eléctrico con cero emisiones en toda la comunidad, ampliación de las cámaras de vigilancia de incendios forestales o la rehabilitación energética de 260 edificios de la Junta, proyecto este último que gestionaría en colaboración con el Ente Regional de la Energía de la Consejería de Hacienda.

En el extremo opuesto, en preparación de las propuestas, está Educación con proyectos genéricos y ficha telegráficas para demandar fondos para impulsar la Tecnologías de la Información en el aula, tras una pandemia que envió a profesores y alumnos a casa entre marzo y junio de 2020 y obligó a implantar la teledocencia de un día para otro.

Sanidad aspira a financiar con fondos europeos las unidades de radioterapia pendientes. A ellos suma cuestiones de reposición de material, como un 'plan renove' de ordenadores, y varias propuestas para implantar sistemas de gestión digital que hagan compatibles las historias clínicas y consulta de pruebas entre todos los hospitales de la comunidad y entre estos y los centros de salud. La documentación de buena parte de los proyectos es exigua. En alguno de ellos falta el dato del presupuesto.

La plataforma para implantar la teleasistencia avanzada supera los 8 millones de euros lidera la parte de los proyectos que Familia presenta al Fondo de Resiliencia, además la construcción de una residencia de mayores en Salamanca y obras en otros 16 centros de este tipo por valor de 37 millones de euros. La Junta incluye en la propuesta financiar subvenciones a CEOE, UGT y CCOO para contratar agentes de igualdad, que acordó estas organizaciones en las mesas del Diálogo Social, o colaboraciones similares con la Cámara de Contratristas de Castilla y León o las Cámaras de Comercio.

La Consejería de Empleo e Industria propone reforzar con esos fondos las subvenciones que incentivan la contratación y proyectos como una planta para recuperación de residuos textiles.

Hay una parte de proyectos privados o de colaboración público-privada, sobre todo agroalimentarios, que inciden en la transformación digital, la búsqueda de nuevos productos y la incorporación de tecnología de vanguardia y energías renovables. La consejería de Agricultura y Ganadería ha recogido propuestas por valor de 190 millones en el sector galletero, 195 en el lácteo y quesero, 64,5 en el azucarero, 65 en el cárnico, 17 en el patatero, 27,5 en el del cereal para harina, 29 en el de productos solubles, 6 en el hortícola y 3,2 en el vitivinícola. A esos se suman otros 125 millones de euros conproyectos ligados a cooperativas.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, defiende que el reparto tenga en cuenta «criterios demográficos y poblacionales» para que Castilla y León reciba «aquello que realmente merece». El responsable autonómico insiste en que son unos fondos muy 'dirigidos', que encorsetan el empleo en cuestiones a veces poco adaptadas a la realidad de las comunidades

Castilla y León tiene preasignados, en este momento, más de 1.500 millones de euros, que serán efectivos si los proyectos encajan.