La cuarta parte de Castilla y León sigue en riesgo de exclusión

Es una preocupación entre las organizaciones que luchan contra las carencias pero que no debería sorprender a nadie. Hace un año por estas fechas, el mismo informe de la EAPN denunciaba que la pandemia había provocado un incremento del 57% de la pobreza material severa, a la que había arrojado a más de 31.000 ciudadanos.

Lo que no cambia es la caracterización de esa pobreza. Tiene rostro de mujer y es cada vez más joven. El nivel de carencias de los menores de 18 años duplica a los de la población en su conjunto. El 51,2% de estas personas en exclusión o al borde tienen menos de 18 años. De hecho «es el mayor incremento de la brecha de género desde que se elaboran estos informes» (hace 12 años), advirtió el presidente de la Red AEPN en la región, Óscar Castro.

El informe, que se presentó este lunes coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, sitúa a 426.000 castellanos y leoneses (17,9%) en la pobreza (algo así como si todos los habitantes de Valladolid y León capital juntos lo fueran). De ellos, más de 162.000 (todo la ciudad de Burgos) la sufren de forma descarnada (severa). Casi un 7% que viven con menos de 530 euros al mes por 'unidad de consumo', una fórmula que, en esencia, sería algo así como los ingresos de una familia con dos niños a su cargo.

El dato es alarmante ya que significa que otras 63.000 personas han engrosado esa triste lista de los que no dependen de sí mismos para sobrevivir. Son casi tres puntos más (2,8%) cuando en España la cifra de pobres 'apenas' creció un 0,7%, es decir cuatro veces menos.

Y, como siempre, hay todavía más graduaciones de esas necesidades sin cubrir. Para establecer estos parámetros, los expertos de este Red, que reúne a unas veinte organizaciones sociales del llamado Tercer Sector, introducen la llamada Tasa AROPE, una fórmula asumida en los análisis sociales de todo el mundo que estudia hasta 13 parámetros de consumo y acceso a bienes y recursos de las personas.

Así, en la región viven cerca de un cuarto de millón de personas que no llegan a 9 de esos 13 parámetros (dificultades en el pago de la casa, imposibilidad de ir al menos una semana de vacaciones, falta de calefacción, no poder comer carne, pollo o pescado al menos dos días a la semana...). En este contexto, uno de cada tres ciudadanos de la comunidad no tiene capacidad de hacer frente a gastos imprevistos (como el arreglo de una caldera…). Y uno de cada siete no puede calentar adecuadamente su vivienda.

Y luego están los gastos que 'ahogan' a muchas familias, como el pago de una vivienda, que se lleva más de la mitad de la renta de casi el 30% de los pobres, cuando lo recomendable es no superar un 33% de los ingresos.

A pesar de que Castilla y León todavía es la cuarta comunidad del país con menos pobreza severa, hay datos preocupantes respecto a los equilibrios sociales. El 49% de los pensionistas están en el umbral de la pobreza (34%) o en pobreza severa (14,4%). Es decir, casi la mitad de las clases pasivas.

De poco parece servir que la renta media de los ciudadanos (12.656 euros al año) supere en 387 euros a la nacional (12.269). Porque luego viene el reparto, que se ha polarizado hasta extremos de total injusticia social. «El 20% con más ingresos tiene cinco veces más renta -advirtió Óscar Castro-. No solo han aumentado las personas en los extremos (ricos y pobres), también lo ha hecho la diferencia».

Lo que provoca que ese 20% de mejores ingresos recibe una renta cinco veces superior a la del 20% del otro extremo más pobre. O, en la sublimación del reparto injusto, el 10% de los más afortunados ingresan 8,6 veces más que el 10% del otro lado.

Eso se está traduciendo en la práctica en la «reducción de la clase media» que en la región ha caído casi tres puntos en apenas un año (del 47,2% al 44,4%). Un 'mordisco' a la justicia social que también es uno de los daños colaterales de la covid-19: «la hemos sufrido todos, pero no hemos pagado el mismo precio y ha aumentado la desigualdad», resumió Jonathan Sánchez.

El informe también hace balance del papel de las Administraciones como 'colchón' frente a tanta caída. Calculan que han «resguardado a unas 55.000 personas de caer en la pobreza durante la pandemia». Y, a pesar de todo, hay una conclusión en este informe que advierte de lo que podría estar por venir si se agudiza el nuevo escenario de guerra, recesión, e inflación elevada, que no le ha dado tiempo a contemplar a este informe: el 46,7% de los castellanos y leoneses estarían en riesgo de pobreza sin las transferencias del Estado». Más de la tercera parte (17,9%) serían «directamente pobres».

Ante este escenario, y el que puede venir, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, cuya sede fue el anfitrión de esta puesta de largo advirtió de que luchar contra este fracaso colectivo es «un asunto crucial, ya que con pobreza y exclusión no se puede desarrollar el orden constitucional».

Cabero les recordó a las Administraciones que «corresponde a los poderes públicos remover estas condiciones» y que estas crisis «hacen más necesarias que nunca la lucha pública contra la exclusión». Por último abogó por la defensa «imprescindible» de programas de garantía como el Ingreso Mínimo Vital.

Óscar Castro y Jonathan Sánchez reclamaron en nombre del 'brazo social' al que representan un 'menú' que deben incluir «medidas sociales más próximas a las necesidades reales, políticas activas de empleo, lucha contra la brecha digital y ayudas al acceso a la vivienda y la sanidad (sobre todo rural)», como líneas con las que tratar de torcer el brazo a unas estadísticas más tozudas cada año que pasa.

A pesar de que Castilla y León es la cuarta del país con menos pobreza severa, hay datos preocupantes respecto a los equilibrios sociales. Así, el 49% de los pensionistas están en el umbral de la pobreza (34%) o en pobreza severa (14,4%). De poco parece servir que la renta media de los ciudadanos (12.656 euros al año) supere en 387 euros a la nacional (12.269). Porque luego viene el reparto, que se ha polarizado hasta extremos de total injusticia social. «El 20% con más ingresos tiene cinco veces más renta -advirtió Cristina Sánchez, también de EAPN-. No solo han aumentado las personas en los extremos (ricos y pobres), también lo ha hecho la diferencia». Ese se está traduciendo en la práctica en la «desaparición de la clase media». También hay conclusiones sobre los efectos de la covid-19: «la hemos sufrido todos, pero no hemos pagado el mismo precio y ha aumentado la desigualdad», resumió Jonathan Sánchez.

El informe también hace balance del papel de las Administraciones como 'colchón' frente a tanta caída. Calculan que han «resguardado a unas 55.000 personas de caer en la pobreza durante la pandemia». Y, a pesar de todo, el 46,7% de los castellanos y leoneses estarían en riesgo de pobreza sin las transferencias del Estado». Más de la tercera parte (17,9%) serían «directamente pobres».