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Institucionalmente no hay nada planteado sobre las retribuciones y las indemnizaciones de los procuradores con dedicación completa a la labor parlamentaria y sueldo a cargo de las Cortes de Castilla y León, cuya actividad política discurre al mínimo por la declaración del estado de alarma. ... Fuentes próximas al presidente de la Cámara autonómica, Luis Fuentes, expresaron ayer que las secuelas económicas y sociales del Covid-19 obligarán a reestructurar sus cuentas y a transformar el borrador inicial en un «presupuesto de reconstrucción», pero la Mesa de las Cortes, órgano de Gobierno del Parlamento, no valora en este momento un reajuste de las retribuciones de los políticos con sueldo institucional.
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En la Cámara de Castilla y León hay 81 procuradores. 58 perciben exclusivamente dietas por asistencia a pleno y no sueldo del Parlamento, entre los que se incluyen Alfonso Fernández Mañueco y cuatro consejeros con escaño: Francisco Igea, Ángel Ibáñez, Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez Quiñones. El resto formaría el grupo de parlamentarios con dedicación exclusiva a su trabajo en las Cortes y cobran nómina del Legislativo. Tampoco
Los responsables de las Cortes tampoco se han planteado retocar el complemento mensual que los miembros de la Mesa de la Cortes, los portavoces y miembros de las direcciones de los grupos perciben como 'indemnización' para afrontar los gastos que les pueda ocasionar la labor parlamentaria y que no requieren justificación. Se trata en unos casos de una asignación de 1.800 euros mensuales en unos casos y de 1.400 en otros, y que los políticos 'liberados' de las Cortes suman a los 73.211 euros brutos anuales que cobran en concepto de retribución.
En territorios como Andalucía o Murcia se ha abierto el debate sobre la renuncia o donación de las cantidades equiparables a dietas mientras dure el confinamiento y la actividad parlamentaria esté bajó mínimos, con plenos y comisiones suspendidas. En esa situación está también el Legislativo de Castilla y León. La última comisión ordinaria se celebró el jueves, 12 de marzo. Al día siguiente se suspendió la actividad política, salvo la reunión de la Diputación Permanente ante la que compareció Alfonso Fernández Mañueco el día 17.
Fuentes oficiales de las Cortes de Castilla y León apuntaron que hacer una donación institucional de esas indemnizaciones tiene su complejidad legal más allá de lo que cada cargo público haga a título individual. También aseguraron que si se plantea cualquier iniciativa al respecto, se analizará por la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces.
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Carmen Barreiro
Tanto David Castaño, portavoz adjunto de Cs, como Pablo Fernández, procurador de Podemos y portavoz del grupo mixto, anunciaron ayer que promoverán la donación de la dotación mensual para gastos. Castaño consideró una cuestión de «solidaridad» hacerlo ante lo «excepcional» de la situación y defendió que lo idóneo es que haya «acuerdo» en la Mesa de las Cortes, integrada por dos miembros de Cs, dos del PP y dos del PSOE. Castaño añadió que, a mayores de esa donación, habrá que valorar la profundidad del «parón económico» una vez que pase la crisis sanitaria, «algo a lo que las Cortes no pueden ser ajenas. Habrá que ajustarse», justificó el procurador de la formación naranja.
Salvador Cruz, portavoz adjunto del PP, reconoció que la sociedad vive circunstancias excepcionales, recordó que ya hubo momentos en los que los cargos públicos recortaron sus retribuciones y destacó que la realidad de las Cortes de Castilla y León «difiere bastante del resto de parlamentos autonómicos, porque la mayoría de los procuradores no tienen dedicación exclusiva».
Compartió este argumento Virginia Barcones, viceportavoz del PSOE. «La mayor parte de los parlamentarios del PSOE están trabajando. Hoy (por ayer) hemos presentado un plan con medidas para hacer frente a esta crisis en el que se han volcado mis compañeros y este mes percibirán cero euros. Eso es dedicación», remarca la socialista. El PSOE analizará cualquier medida sobre las retribuciones de los 'liberados'.
Son 58 los procuradores que no perciben sueldo mensual de las Cortes y a los que el parlamento regional ingresa 220 euros de dieta cada vez que asisten a un pleno o a una comisión, además de 0,20 euros por kilómetro en el caso de los que no están empadronados en Valladolid. El desembolso por pleno de las dietas supone, según publica Ical, 25.520 euros. Hasta el momento se han suspendido dos sesiones, la última de marzo y la primera de abril. Esos 58 procuradores incluyen al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los cuatro miembros de su Gobierno con escaño (Igea, Ibáñez, Carriedo y Suárez-Quiñones), que suman al sueldo de la Junta las dietas por asistir a plenos y comisiones como cualquier procurador de a pie sin sueldo institucional.
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