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La situación de la apertura estival de los consultorios médicos rurales llegó al pleno de las Cortes a través de una iniciativa del PSOE, que defendió el propio portavoz, Luis Tudanca. Fue apoyada por unanimidad, pero la redacción final de la misma abre la puerta ... a lecturas diferentes. Podría parecer que el cambio es decisivo y, en realidad, no haber variado nada.
La proposición aprobada insta a la Junta a «adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de Castilla y León». Esto es la redacción inicial del PSOE, que aceptó un añadido de Ciudadanos que incorpora un condicionante: «Siguiendo en todo momento las recomendaciones de la autoridad sanitaria para el manejo en Atención Primaria y domiciliaria de la covid-19». La resolución final no incluye el término reapertura.
Coronavirus en Castilla y León
Ángel Blanco Escalona
¿Lo aprobado por consenso en el hemiciclo obliga a la Junta en la práctica a abrir los más de 3.660 consultorios de los pueblos? Fuentes de Grupo Popular entienden que no añade novedades al «compromiso asumido previamente, que es que cuando se pueda, porque así lo determine la autoridad sanitaria, se retomará la actividad íntegramente presencial en los consultorios».
Durante el debate Tudanca acusó a PP y Cs de utilizar la covid-19 «como una nueva excusa para dejar sin sanidad al medio rural». El socialista recordó que ha habido más intentos. Recordó cuando los populares plantearon el cierre de urgencias médicas en 2011 y 2012 y la reciente reforma de la asistencia sanitaria rural promovida por PP y Cs, con la experiencia piloto de Aliste.
«Abrir consultorios es tener allí profesionales que estén protegidos», remarcó el socialista. Algo que piden, recordó, numerosas organizaciones vecinales, agrarias, sindicales, elProcurador del Común y dirigentes como la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, del PP, «que debe ser una roja peligrosa», ironizó el socialista.
El proponente recriminó los argumentos que ha dado la Junta para no reabrir los consultorios de forma ordinaria. «Primero que no había médicos; pero los encontraron con esta crisis, los contrataron y ahora los han despedido; luego que estábamos en fase 1; después que los profesionales se podían contagiar, pues protéjanlos; también que no reabren para proteger a los mayores, ¿y para eso les dejamos sin sanidad o no les llevamos a los hospitales? La atención presencial en los pueblos es de justicia», remarcó.
Los procuradores de UPL, Podemos y Por Ávila, compartieron la demanda del PSOE. Y el de Vox, en parte, aunque votó a favor.
Desde PP y Cs hicieron una lectura diferente. José Ignacio Delgado, procurador de la bancada naranja, defendió que los consultorios médicos «no están cerrados». Habló de las exigencias del Ministerio de Sanidad para abrirlos. Del doble circuito, diferenciado para pacientes covid y no covid, y de salas de espera espaciosas que hagan posible la distancia de separación. «Si es así, se permite abrir y en eso estamos», precisó el exregidor de la localidad burgalesa de Caleruega.
Esos requisitos que deben cumplir los consultorios es lo que esconde el condicionante 'siguiendo en todo momento las recomendaciones de la autoridad sanitaria' que se incorporó a la iniciativa que se votó en el hemiciclo y que afecta de lleno a la primera parte de la resolución, la que insta a «garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios».
Algo que, además, no se ha dejado de hacer durante la pandemia, a juicio del PP. El procurador Alejandro Vázquez argumentó que la asistencia es «presencial» cuando los médicos que hablan con el paciente o los familiares del mismo por teléfono «entienden que es necesario. No hay diferencia entre el modo en que se atiende al medio rural del urbano».
Todos votaron el mismo texto, pero desde lecturas diferentes.
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