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La retramitación de la Ley de Medidas que acompañaba al presupuesto autonómico para 2023 y que 'tumbaron' por error PP y Vox en vísperas de Nochebuena culminará, si nada se cruza en el calendario parlamentario, el próximo 22 de febrero, miércoles, al final del ... segundo pleno del mes.
Los socios auguraron tras aquella votación que impulsarían en enero la aprobación del texto que incluye medidas administrativas, financieras y tributarias que complementan las cuentas de ese año, pero pronto se vio que los plazos parlamentarios hacían imposible ese ritmo en una tramitación extraordinaria (hasta el 12 de enero la Mesa de las Cortes no dio trámite a la iniciativa y el plazo acortado para presentar enmiendas acabó el 27 de enero) que este lunes ha superado la etapa de debate, de nuevo, de las enmiendas de la oposición en la Comisión de Economía y Hacienda.
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«Se recogen medidas de naturaleza financiera, necesarias para la correcta ejecución del presupuesto autonómico y un control adecuado de la misma», reflejan los socios de coalición en el texto que debería haber entrado en vigor el 1 de enero, con el presupuesto. PP y Vox se vieron en la tesitura de votarlo en contra en diciembre porque se equivocaron previamente e incorporaron toda la batería de enmiendas del PSOE.
Ángel Ibáñez (PP)
Rosa Rubio (PSOE)
La Ley de Medidas incluye la mejora de la deducción autonómica por familia numerosa para aplicar la Declaración de la Renta de 2023 (la que se presenta en primavera de 2024). También refuerza la desgravación del IRPF por compra o reforma de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales. El valor del inmueble con el que esos propietarios que se emancipan pueden acogerse a esa desgravación pasa de 135.000 euros a 150.000.
PP y Vox avanzan un paso más en la gratuidad de la licencia de caza y pesca que aprobaron en otoño. Se planteó la supresión de las tasas cinegéticas por un año, pero la Ley de Medidas contempla que esa licencia pase de una vigencia anual a quinquenal. El permiso valdrá para cinco años en Castilla y León por lo que la tasa será gratis, por lo menos, hasta 2028.
Los socios de coalición habían incorporado al texto en diciembre, vía enmienda, una nueva desgravación para el sector del bingo contra la que se había pronunciado la propia Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda, por lo que se había eliminado del texto que el Gobierno envío a las Cortes. «A pesar de las significativas rebajas impositivas aprobadas por la Comunidad en los últimos años, no se han cumplido las expectativas y el sector del juego del bingo sigue en decadencia. El cierre de salas no es consecuencia de los tipos exigibles, tal y como plantea el sector, sino de la transformación que ha sufrido en las últimas décadas y de los cambios en los comportamientos y preferencias de los jugadores», recogía ese informe. PP y Vox la repescaron después en el trámite de enmiendas. Se mantiene.
Los socios rechazaron la tardenoche de este lunes las enmiendas de la oposición. De nuevo. Javier Carrera, de Vox, argumentó que los socialistas volvían a plantear enmiendas fiscales que «traen más de lo mismo, subidas de impuestos y más gasto público». Ángel Ibáñez, portavoz adjunto del PP, defendió el rechazo de las propuestas de la oposición porque colisionan con las medidas fiscales que incluye la coalición en la norma. «Castilla y León está a la cabeza de las comunidades con mayor número de desgravaciones fiscales en el mundo rural», remarcó Ibáñez. Desde el PP defendieron el apoyó al sector del bingo porque «incentiva la actividad económica» y genera empleo.
Rosa Rubio, la portavoz del PSOE en la comisión, reclamó la ampliación de la supresión de las tasas veterinarias y de transporte, además de una fiscalidad progresiva en los tributos autonómicos y consideró «ofensivo» que PP y Vox traten en desgravaciones como «clase media a personas con más de 60.000 ingresos anuales cuando el salario medio de esta comundiad es de 22.000 euros brutos anuales».
Francisco Igea animó al PP a ser «un poco más de Feijóo» y aceptar la enmienda de Cs que propone deflactar el IRPF, como se ha hecho en Murcia, Galicia y Andalucía. El procurador naranja pidió también que se homologaran «al mejor PP, el de Galicia» para que Castilla y León ponga en marcha la ayuda directa a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que en la comunidad gallega reciben 12.000 euros al año para afrontar el esfuerzo económico de una enfermedad sin cura y que les deja sin autonomía. Pierden toda la capacidad para valerse por sí mismos y necesitan desde transporte adaptado, a silla de ruedas motorizada o cuidado las 24 horas del día a un respirador artificial en su fase final.
Igea tildó de «sonrojante» el rechazo de una ayuda que supondría alrededor de 2,5 millones de euros anuales en un presupuesto de 13.809 millones de euros. «Solo con no hacer el regalo clientelar a cazadores y pescadores habría sido suficiente», censuró el exvicepresidente de la Junta.
La enmienda de la ELA sigue adelante. Hubo un incidente en la votación de diciembre porque el grupo mixto y el de UPL-Soria ¡Ya! pidieron votación por llamamiento, procurador a procurador, solicitud rechazada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. El error posterior de votación de la Ley de Medidas vuelve a poner a PP y Vox en la tesitura de aprobar o rechazar esa ayuda en el pleno. «Es pura animosidad política lo que les retrata», censuró Igea, augurando un nuevo rechazo.
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