Nuevo pleno para 'retramitar' la Ley de Medidas con peticiones de dimisión a Pollán

La Mesa de las Cortes y la Junta de portavoces se han reunido este martes para convocar formalmente una sesión plenaria en la que las direcciones de los grupos parlamentarios que conforman la coalición de Gobierno han instado a los procuradores de su bancada que no tienen dedicación exclusiva a renunciar a la dieta por asistencia (220 euros) y al kilometraje de desplazamiento. Es algo que no afecta a los parlamentarios que cobran sueldo de las Cortes (12 de los 44 que suman PP y Vox, que además de la retribución perciben una indemnización de 1.800 o 1.440 euros mensuales para gastos), porque su retribución es «irrenunciable» legalmente, y que los no profesionales deben solicitar a título personal. Lo han hecho ya los afectados de los dos grupos. Fuentes parlamentarias han confirmado que los Servicios Jurídicos de la Cámara dan vía libre a aceptar esas solicitudes y que los firmantes no cobrarán por esa sesión. «Yo no puedo renunciar a una parte de mi salario por venir a este pleno», justificó Raúl de la Hoz, portavoz del PP, tras poner en valor lo que harán sus compañeros.

El popular ha enmarcado esa renuncia a dietas y kilometraje de sus compañeros en el contexto de intentar aminorar el coste económico que va a tener para las Cortes el error que cometieron en la votación, además de invitar a los parlamentarios de la oposición a seguir ese camino y defender que populares y Vox se aplican con «diligencia» a corregir «el error cometido en la votación para que genere el menor impacto en la ciudadanía». Algo que De la Hoz ha contrapuesto a la actitud de PSOE y Unidas Podemos, a nivel estatal, ante el «error manifiesto» de la Ley de 'sí es sí' que «ha puesto en la calle a más de 20 violadores y reducido la condena a otros 150».

La Junta de Portavoces, a tenor de las valoraciones de los procuradores de la oposición, ha estado marcada por la falta de explicaciones y de informes por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, sobre la legalidad de lo ocurrido en la inédita votación del día 30, con suspensión de votaciones iniciadas y la inaplicación de que de la petición de dos grupos para votar por llamamiento, procurador a procurador, una enmienda para ayudar económicamente a enfermos de ELA que tumbaron los socios de gobierno.

A día de hoy, tres semanas después, el letrado mayor aún no ha facilitado el informe jurídico solicitado sobre si el presidente contravino el Reglamento de la Cámara, que marca la regulación de los debates. Luis Tudanca definió la situación que viven las Cortes como de «gravísimo deterioro institucional», por lo que pidió la dimisión de Pollán al entender que hubo «una vulneración expresa del Reglamento de las Cortes por quien debe garantizar que se cumpla». El secretario autonómico y portavoz del PSOE ha hecho hincapié en que lo ocurrido supone la «paralización en términos prácticos de los presupuestos y eso perjudica a la gente».

«Se trata de valorar la incapacidad, la incompetencia de un Gobierno y de un presidente de un Parlamento que están perjudicando a los castellanos y leoneses en un momento de dificultad», ha insistido Tudanca. Un «deterioro institucional que provoca un deterioro económico y social», a juicio del PSOE, que afeó a Pollán que haya desaprovechado la oportunidad de dar una explicación o presentar un informe jurídico que avalara su proceder. «No ha abierto la boca», resaltó el socialista, que hizo a Alfonso Fernández Mañueco y al PP, «cómplices» de lo que Vox, la «ultraderecha», está haciendo en las Cortes.

«Muy sorprendente» y «muy deprimente». Es la valoración que Francisco Igea tras la Junta de Portavoces. El procurador de Cs criticó la demora del presidente de las Cortes en facilitar las actas y los informes jurídicos sobre la polémica sesión de la víspera de Nochebuena y dejó una recomendación a la bancada de PP y Vox. «¿Porque en vez de renunciar a las dietas no se proponen ganárselas, ganar con su trabajo el salario que les pagan los ciudadanos?», se preguntó el exvicepresidente de la Junta. Igea centró su crítica en el portavoz del PP, al que consideró inductor al error de la votación al ser labor de la dirección del grupo indicar el sentido del voto al resto de procuradores. «Para eso se tiene que leer el guión de cómo se van a producir la votaciones, publicado con más de un día de antelación. Gana 90.000 euros (anuales) para eso», arremetió Francisco Igea.

«Demostraron no ya que no saben gobernar, es que ni siquiera saben votar. Esto lleva a celebrar un pleno extraordinario que no va a salir gratis a la ciudadanía», remarcó Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos. «Por el error, la incompetencia, la ineptitud y la inercia del PP y de Vox», añadió el procurador morado.

Los responsables de PSOE, Cs y Unidas Podemos urgieron a Pollán la entrega del informe solicitado a los letrados de las Cortes, aunque dudaron de que se lleve a efecto ante la experiencia de los últimos meses. Tudanca recordó que aún no se ha facilitado al PSOE el que solicitó en junio cuando desde la Presidencia de las Cortes se trasladó que no podían colgar una banda arcoíris el día de celebración de los los derechos de las personas LGTBI e Igea refirió que ha vuelto a reclamar a Pollán que se convoque la Comisión de Procuradores para analizar los insultos del vicepresidente Juan García-Gallardo, parlamentario del Vox, en el hemiciclo. Esa convocatoria es obligada, más allá de debate y lo que se vote en esa cita, porque la solicitan dos grupos parlamentarios.

Así las cosas, los representantes de la oposición interpretan que hay un «interés espurio» en «parasitar» las Cortes por parte de Vox. Con la connivencia del PP, añaden. Y por alusiones, Raúl de la Hoz entiende que esos «intereses espurios» los enarbolan quienes no ven el «trabajo» que se realiza en las Cortes «por parte de todos, incluido el presidente».

Ese fue el cable que Raúl de la Hoz, desde el PP, echó a Carlos Pollán, de Vox. No pudieron hacerlo sus compañeros de bancada, porque ningún procurador de esa formación compareció con los del resto de los grupos tras la Junta de Portavoces. Previamente, nueve de los trece parlamentarios ultraconservadores habían empezado la mañana en la Consejería de Cultura, «a título personal», solicitando formalmente la protección como Bien de Interés Cultural de «soportes epigráficos», placas en muchos casos, de la etapa de la dictadura Franquista por su valor histórico.