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Lo peor es la crisis sanitaria y sus trágicas consecuencias y así lo reconoce todo aquel al que se le pregunta. Pero el terremoto laboral corta igualmente la respiración y sobre su alcance y duración casi nadie se atreve a hacer cábalas, unos por ... temor a resultar catastrofistas y otros a quedarse cortos. En poco más de tres semanas, cerca de 200.000 personas han sido expulsadas del mercado laboral en Castilla y León, la mayoría de forma temporal mediante un ERTE y el resto enviadas al paro. Decenas de miles más permanecerán 'hibernados' hasta después de Semana Santa y varios millares de autónomos que no pueden desempeñar su trabajo por las restricciones impuestas en el estado de alarma por el coronavirus.
El colectivo más numeroso de entre los que se encuentran sin poder trabajar por culpa de la pandemia son los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) formalizado ante la Junta como autoridad laboral, que a día de ayer ascendían a 162.866 personas, pertenecientes a 29.163 empresas con centros de trabajo en la comunidad autónoma. Valladolid es la provincia con más empresas involucradas (6.366) y Burgos la que tiene más trabajadores damnificados (30.614).
Preguntas y respuestas
Óscar Chamorro rodrigo parrado
Elena Martín López
A todos ellos hay que sumar los empleados de grandes empresas con sedes en más de una autonomía. Se encuentran entre ellos los más de 10.000 empleados de Renault en Valladolid y Palencia, los cerca de 3.000 de Michelin en Valladolid y Aranda de Duero, los casi 1.000 de Iveco Valladolid y los miles de empresas como El Corte Inglés, Telepizza, Indra, Grupo Antolín, etc.
Por otro lado en marzo, o mejor dicho en la segunda mitad del mes, casi 9.000 personas perdieron su empleo según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social. Si bien la mayoría eran trabajadores con contrato temporal, para ellos resultará complicado recuperar su puesto de trabajo en los próximos meses, algo que sí sucederá en el caso de los afectados por ERTES, que regresarán a la normalidad de forma escalonada una vez se levante el estado de alarma. Los ERTES de fuerza mayor por el Covid-19, tienen ayudas, tanto para las empresas como para los trabajadores, y exigen el mantenimiento del empleo, al menos, durante los seis meses siguientes a su finalización. Hasta ayer, afectan a cerca de 2,7 millones de trabajadores en toda España, una cifra a la que hay que sumar los casi 850.000 empleos destruidos en el mes de marzo.
Si a todos los trabajadores citados se suman aquellos a quienes se ha prohibido acudir al trabajo hasta el día 9 por estar incluidos en el decreto de suspensión de actividades no esenciales, la cifra total ya no sería de dos de cada diez ocupados, sino que se acercaría más bien a la mitad. Castilla y León registró el mes pasado 905.998 inscritos en la Seguridad Social, mientras que los trabajadores que desempeñan su labor en actividades consideradas no esenciales suman, según el INE, 413.000 personas. En teoría, solo las que puedan teletrabajar deberían hacerlo en la actual semana.
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Además, en los datos de ERTES y desempleo no figuran los autónomos que tienen sus comercios cerrados –en la comunidad superan los 40.000 en este sector–, ni los dueños de bares y pequeños restaurantes –20.000 inscritos en hostelería en el RETA–. Según ATA, unos 21.000 trabajadores por cuenta propia de la región han solicitado ya el cese extraordinario de actividad y percibirán una prestación sin llegar a causar de baja en la Seguridad Social.
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